Un demoledor informe de Hacienda revela el descontrol de la contratación en los ministerios

La evaluación del organismo dependiente de Hacienda concluye que de la larga lista de 22 ministerios en que se estructura el actual gobierno de coalición no hay uno solo que presente un funcionamiento adecuado, en tanto que hay nueve cuyo procedimiento de contratación requiere de ciertas mejoras, una decena en los que esas mejoras necesarias son relevantes y dos en los que la contratación pública funciona mal en términos generales, aunque no se identifica su identidad.

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Bruno Pérez

La buena noticia es que el 63% del presupuesto para contratación pública del Estado se canaliza a través de los nueve ministerios que requieren de mejoras pero no especialmente profundas. Lo alarmante es que hay un 37% de ese presupuesto, lo que equivale a miles de millones de euros, que se contrata desde departamentos que presentan lagunas relevantes en sus procedimientos de contratación pública o donde su funcionamiento es directamente pésimo.

La fotografía de la Intervención General del Estado, que se corresponde a la contratación pública realizada en el año 2022, muestra un escenario de ausencia casi absoluta de planificación por parte de los ministerios.

Según la auditoría realizada, que trata de detectar los principales riesgos de la contratación pública en la Administración del Estado, solo un ministerio dispone de una instrucción interna para regular la programación anual de la contratación a realizar en cada uno de los programas presupuestarios, cinco disponen de algún tipo de mecanismo con más o menos deficiencias para planificar su contratación y 16 ni siquiera se preocupan por realizar ningún tipo de programación.

Los resultados de esa falta de planificación se filtran a todo el proceso de la contratación pública de los ministerios. Una veintena de ministerios no verifica, o lo hace de manera insuficiente, el cumplimiento de los objetivos para los que se recurrió a la contratación pública, y más de la mitad ni acredita su encaje con los programas presupuestarios del ministerio o con los objetivos estratégicos del mismo. En otras palabras, la mayoría de los ministerios no hace el más mínimo esfuerzo por justificar la necesidad de los contratos públicos que licita o adjudica, ni su adecuación a la acción estratégica de su ministerio.

El asunto no pasaría de ser un ejemplo más de mala gestión de lo público si no fuera porque la programación de la contratación pública es una obligación establecida en la Ley de Contratos del Sector Público, como recuerda el informe de la Intervención.

El órgano del Ministerio de Hacienda insta a los ministerios a que en el año 2024 realicen una programación de la contratación anual que van a realizar, la acompañen de una instrucción interna reguladora y justifican la adecuación de los contratos a la programación presupuestario y los objetivos estratégicos del departamento.

La contratación pública tiene una serie de ángulos muertos habituales que el informe de la Intervención del Estado no pasa por alto. Uno de ellos es el de los medios propios, las entidades públicas como Tragsa o Isdefe de las que los ministerios acostumbran a tirar cuando tiene un encargo que necesitan encomendar de manera urgente, pero que acaban utilizándose casi para cualquier cosa, con gran enfado de los contratistas privados que lo consideran una competencia desleal.

Los auditores de Hacienda detectan «falta de estudios o informes que acrediten las ventajas de recurrir al encargo a un medio propio frente a la licitación pública» y observa que la insistencia en recurrir a esta solución podría indicar que se utiliza «para suplir carencias o necesidades permanentes de personal».

También aparecen en este informe los controvertidos contratos menores, en los que se detecta una recurrencia no compatible con su excepcionalidad ni con la necesidad de que la contratación se ajuste a los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia y no discriminación entre concurrentes.