Los empresarios se rebelan y el Gobierno usa a la patronal afín como 'vendetta'

El aval de Yolanda Díaz y Begoña Gómez a la creación de Conpymes en 2021 convertiría a esta patronal en una pieza clave en la 'vendetta' del Gobierno contra CEOE. De la foto en el acto inaugural se ha pasado a un goteo de respaldos públicos a una organización que tiene a sus dos principales patas, Pimec y Uatae, investigadas por la Justicia por fraude en las subvenciones y delito de falsedad documental.

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Susana Alcelay

El órgano consultivo expresa su «profundo malestar» y recuerda que la incorporación de Pimec a sus órganos de dirección se produjo «sin que se haya producido con carácter previo ningún tipo de consulta»

A golpe de decreto, el Ejecutivo ha ido abriendo paso a esta entidad en diversos organismos consultivos del Estado, uno de los últimos ha sido el Consejo Económico y Social (CES), movimiento que ha provocando un torrente de críticas y «un profundo malestar» por las formas en las que la vicepresidenta segunda tomó la decisión de alternar la composición del organismo, a las bravas y sin consulta previa. Algo, por otro lado, que es muy frecuente en el 'modus operandi' de la también ministra de Trabajo. Hasta una treintena de cambios laborales ha puesto en marcha sin consultar al diálogo social, lo que le va valido un toque de atención de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por saltarse sus convenios, concretamente el de consulta los agentes sociales.

Como una lluvia fina la patronal que busca rivalizar con CEOE ha ido entrado en organismos del Estado, algunos sin prácticamente actividad, como el Consejo Nacional de la Pyme, pero otros como el CES, muy activos con sus dictámenes. En febrero el Ministerio de Trabajo abría las puertas a la independentista catalana Pimec en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, un organismo en el que hasta la fecha las empresas sólo estaban representadas por CEOE y Cepyme. Después, el Gobierno les hacía hueco en el CES y, posteriormente, y por decreto, se modificaba también la regulación del Consejo Estatal de la Pyme rompiendo con ello el monopolio de CEOE y Cepyme, en una operación con la que también se colaba en el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada a la patronal que dirige José María Torres.

Todos estos movimientos han sido muy mal encajados por la CEOE, que ve en ellos una estrategia del Ejecutivo para debilitarla. Varias veces ha realizado denuncias públicas y ahora estudia recurrir ante la Justicia la entrada de Conpymes en los órganos del Estado con el argumento de que no tiene representatividad.

Este aumento de la presencia de la patronal amadrinada por la mujer de Pedro Sánchez en las instituciones públicas se produce en plena tensión entre el Trabajo y la CEOE por la reducción de jornada laboral a 37,5 horas, medida que la vicepresidenta segunda acometerá, con o sin su acuerdo, antes del mes de agosto. Prácticamente agotada cualquier opción de incluir a las empresas en un pacto tripartito Yolanda Díaz daba hace una semana un ultimátum a la patronal y le exigía una propuesta por escrito en siete días sobre el recorte de la semana laboral.

Esa semana concluye hoy, cuando los agentes sociales han sido citados de nuevo por la ministra de Trabajo para hablar de ese recorte de la jornada. Lo que ocurrirá en ese encuentro es que la Directora del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE, Rosa Santos, acudirá sin ninguna propuesta por escrito, aunque si defenderá, como lo ha hecho otras veces, los motivos por los que el recorte de jornada debe hacerse empresa por empresa en los convenios colectivos, defenderá también la eliminación del tope legal anual de horas extra, ahora en 80, y un plan para controlar el absentismo laboral.

«Al monólogo yo no tengo por qué contestar con nada, directamente que hagan lo que tengan que hacer», ha asegurado Antonio Garamendi, a la vez que ha avisado de que «el día que haya un cambio de Gobierno pediremos que se cambie». Poco después de las advertencias del presidente fue Lorenzo Amor, uno de sus vicepresidentes, el que se pronunciaba en el mismo sentido. «No tiene sentido que la patronal presente alegaciones» a algo que ya está «decidido» por el Gobierno en unas negociaciones que calificó de «puro teatro».

Desde un principio Díaz tuvo claro que el recorte de la semana laboral saldría adelante porque formó parte de los compromisos que se incluyeron en el programa de gobierno del PSOE y Sumar que jalearon los sindicatos. Abrir un periodo de consultas ha sido sólo un trámite para llevar a cabo una de las medidas estrellas de la legislatura, que terminará convirtiéndose en un nuevo desencuentro con el mundo empresarial a sumar a los otros muchos amasados desde que gobierna Pedro Sánchez.

Durante su mandato las empresas han sufrido un hachazo fiscal sin precedentes, con impuestos a la banca y a las eléctricas, también a las grandes fortunas y un alza de las cotizaciones sociales por varios frentes para pagar la subida de las pensiones, que este ejercicio ha registrado el mayor gasto de su historia, por encima de los 200.000 millones, además de una deuda superior a 100.000 millones. Ahora llega el recorte de jornada por ley y saldrá adelante con apoyo sindical. Un acuerdo a dos bandas que abrirá paso a un encarecimiento del coste de los despidos, la próxima batalla que lidiará la vicepresidenta segunda.