Doscientos autónomos con empleados a cargo tiran la toalla cada día

Noticia Relacionada

«Estamos todo el día pagando impuestos»

Susana Alcelay

La cifra registrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a cierre del segundo trimestre de 2024 contrasta con la del volumen de trabajadores por cuenta propia sin empleados a cargo, que crecen en 50.200 en el mismo periodo, siendo por tanto la pérdida de 15.000 autónomos en el segundo trimestre correspondiente en su totalidad al descenso de empleadores. Así, la cifra de estos últimos se sitúa en 956.000 trabajadores por cuenta propia, el nivel más bajo para este periodo del año desde 2021, cuando eran 955.000 autónomos los que abonaban nóminas. Sobre el total del colectivo, quienes tiene trabajadores a su cargo han pasado de ser un 31% hace tres años al 29% actualmente.

No es casualidad en este punto que la caída se concentre tras un trienio en el que la recuperación de la actividad económica ha estado acompasada con un aumento de las costes laborales para los empresarios -el coste medio de las cotizaciones por empleado subió un 8% en 2023, el mayor nivel de los últimos 24 años-, tanto por el efecto de las alzas salariales que han forzado el entorno inflacionista, por un lado, como las medidas adoptadas directamente del desde el Gobierno, por otro. Cabe recordar que entre 2021 y lo que va 2024 el salario mínimo interprofesional ha crecido un 18% y que el IPC ha escalado un 18,6%, encareciendo de forma paralela los costes de producción de las empresas.

«El incremento de los costes laborales y las rigideces en la legislación hacen difícil no solo crear empleos, sino también mantenerlos», explica el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor. Recuerda el también vicepresidente de la CEOE que estas trabas tienen un impacto negativo en especial sobre los pequeños negocios. Según las cifras que maneja la patronal en base a datos de altas de Seguridad Social, mientras que el empleo en las sociedades de uno a dos trabajadores se ha mantenido prácticamente plano desde 2019, experimentado un avance del 0,08%, en las empresas de más de 499 trabajadores el aumento ha sido del 10,15%, «lo que refleja que el empleo que se está creando se concentra en las grandes compañías». Amor subraya en esta línea que en el último lustro el peso del empleo en las microempresas sobre el total de ocupación se ha reducido del 21,6% en 2019 hasta el 18,6% registrado en el presente ejercicio.

Del mismo modo, según detalla a ABC el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago Ollero, «la incertidumbre está paralizando la contratación de personal» a raíz de medidas como la adaptación al nuevo sistema de cotizaciones para los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomo (RETA) o por cómo se va a aplicar la pretendida reducción de jornada por parte del Gobierno, que amenaza con asfixiar más si cabe a estos pequeños empresarios -teniendo en cuenta que tendrá un coste directo sobre los empleadores de unos 15.300 millones de euros directos en forma de subida salarial por el recorte de horas sin merma de las remuneraciones, según cálculos del Consejo General de Gestores Administrativos de España-.

«La reducción de la jornada laboral supone, de facto, una subida salarial y, por tanto, un aumento de los costes laborales», advierten desde la patronal de la pequeña y mediana empresa Cepyme señalando que se tratará de una subida de los costes laborales que acarrea un riesgo de conflictividad en las plantillas, dificultades para reasignar recursos y un nuevo factor de incertidumbre si la reorganización del trabajo ha de hacerse inmediatamente, «algo complicado en una economía como la española, aquejada de problemas de vacantes y escasez de mano de obra».

En este sentido, señala Fernando Santiago que mientras que los costes para las empresas suben de forma notable los ingresos de los negocios no lo hacen al mismo nivel, lo que genera un cierto caldo de cultivo de temor a la hora de contratar si se suma la existencia de varios focos de incertidumbre. De hecho, a las subidas de costes y las medidas aún por venir hay que sumar la losa burocrática cada vez de mayor enjundia con la obligación del control horario y registros salariales, los planes de igualdad que añaden costes en la inversión destinada a adaptar las normativas que recaen sobre los negocios, o las extensión de los supuestos de nulidad de los despidos que elevan la rigidez sobre la gestión de los recursos humanos.

Sin ir más lejos, cabe recordar que el Ministerio de Trabajo capitaneado por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ya ha anunciado su intención de convocar la mesa de diálogo social con empresas y sindicatos para abordar una nueva estructura de las indemnizaciones por despido improcedente para que las empresa sea «consecuente con los despidos sin causa».

«Los tratados internacionales y todo lo que deriva del Comité Económico y Social en Europa hoy se convierte en fuente de derecho en España», señalaba recientemente Díaz sobre la medida que ya ha esbozado públicamente con la intención de implantar un despido reparativo que colme con las indemnizaciones el impacto del cese sobre la situación vital del trabajador afectado, desechando el actual modelo tasado de 33 días de salario por año trabajado, y abriendo la puerta a que estas compensaciones sean de una mayor cuantía.