Díaz corrige la reforma laboral sin negociar con los agentes sociales y entrega al PNV la prevalencia del convenio colectivo autonómico

La medida no ha tardado en ser contestada desde el ala de los empresarios, que denuncian con dureza la maniobra de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegurando que retuerce los acuerdos tripartitos -también con el concurso de los sindicatos- alcanzados hace dos años para la aprobación de la reforma laboral. Apuntan CEOE y Cepyme en un un duro comunicado que la medida se toma «sin preaviso y desde el desprecio al diálogo social».

Las organizaciones empresariales aseguran además que se «atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional» justo cuando, a nivel europeo y dentro de la presidencia española del Consejo de la UE, se están desarrollando esfuerzos «para reforzar la unidad de mercado como elemento fundamental de competitividad». «Por tanto, la materialización de este acuerdo político supondrá un deterioro de la cohesión social y de la competitividad española», denuncian las patronales, que recuerdan además al Ejecutivo que la Constitución española recoge el mandato de consultar a los agentes sociales modificaciones de este calado en la negociación colectiva.

Las organizaciones dirigidas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva también recuerdan al Gobierno que esta cuestión demandanda por los nacionalistas vascos se acordó no incluir en la última reforma laboral, la de 2021, pactada en el diálogo social tripartito como hito necesario para poder seguir recibiendo los fondos europeos. «El Gobierno, una vez cumplido el mandato de la UE de contar con una reforma laboral pactada con los sindicatos y las organizaciones empresariales, se ha saltado de forma radical los acuerdos alcanzados en el diálogo social. Esto demuestra una falta de lealtad y confianza imprescindible para el diálogo social», concluye el comunicado.

No obstante, en el decreto se aclara que la prevalencia no es absoluta. Se considerarán materias no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica. Por lo que prácticamente se deja margen en materia salarial.

Según explica el Gobierno en la exposición de motivos del decreto aprobado por el Consejo de Ministros, se incorpora en el texto una modificación del artículo 84 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores «al objeto de mejorar la regulación de la negociación colectiva en el ámbito de las comunidades autónomas, asegurando la aplicación de los acuerdos o convenios más favorables para las personas trabajadoras».

El Ejecutivo señala que la reforma de 1994 del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social introdujo una importante reforma en materia de estructura convencional con la intención de impulsar el papel de la negociación colectiva en el ámbito autonómico, favoreciendo igualmente la progresión de lo que en aquel momento se denominó los marcos autonómicos de relaciones laborales.

«Se trataba de permitir que dichos convenios de ámbito inferior pudieran afectar a los convenios colectivos de ámbito estatal. La redacción introducida, no obstante, no acertó completamente en el diseño, entre otras cuestiones porque, junto a la negociación colectiva de ámbito autonómico, potenciaba y otorgaba facultades de suscripción de convenios o acuerdos con dichos efectos también en cualquier ámbito superior a la empresa e inferior al estatal», argumenta el Gobierno.

Dicha redacción fue objeto de posterior modificación por el Real Decreto-ley de 2011 de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, en la que, si bien se limita al ámbito negocial autonómico la posibilidad de afectar a convenios colectivos estatales, «introduce importantes condicionantes al dejar esta posibilidad al arbitrio de los propios acuerdos o convenio de ámbito estatal», señala el Ejecutivo.

Con la modificación introducida en el marco de la reforma del subsidio por desempleo, el Gobierno «procede a matizar» la regulación actual de modo que, manteniéndose los requisitos de que los acuerdos y convenios autonómicos sean suscritos por los sujetos legalmente legitimados y la eventual limitación de regular algunas materias, «estos acuerdos y convenios suscritos en el ámbito autonómico tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que dichos convenios y acuerdos obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación».

No obstante, añade el Gobierno, «dicha prioridad aplicativa queda condicionada ahora exclusivamente a que la regulación de los convenios o acuerdos autonómicos resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales, de modo que paralelamente se promueva el desarrollo de los ámbitos autonómicos de negociación y los derechos de las personas trabajadoras».

Estos cambios en la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos entrarán en vigor este 21 de diciembre, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles.

La prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales fue una medida que se excluyó de la reforma laboral de 2021, pero quedó incluida en el acuerdo que los nacionalistas alcanzaron con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

Según destacó ayer Aitor Esteban, la aprobación de esta medida ha sido «largamente reclamada» por la clase trabajadora y de los sindicatos en Euskadi. «Amplía lo que nosotros solemos llamar el marco de relaciones propio», subrayó el portavoz vasco.

Esta medida no gusta a los sindicatos. Tanto UGT como CC.OO. señalaron que la estructura de la negociación colectiva tiene que abordarse en el marco del diálogo social y se trata de una modificación que no se tuvo en cuenta en el perímetro de la reforma laboral.

La idea de los vascos, según una proposición de ley que han registrado también en esta legislatura, era que sindicatos y asociaciones empresariales de una comunidad autónoma legítimos puedan negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales autonómicos «que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal».

El PNV quería que esto sucediera siempre que los convenios de las comunidades obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación y su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los acuerdos estatales.

Por su parte, CC.OO. y UGT han emplazado este miércoles al presidente Pedro Sánchez a que convoque una reunión con sindicatos y empresarios para restaurar la confianza en el diálogo social tras la aprobación, por sorpresa, de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales en la norma que reforma el subsidio por desempleo.

«Ante lo que consideramos que empieza a suponer un quebranto del clima de confianza del que ha gozado la negociación tripartita en los últimos tiempos, emplazamos al presidente del Gobierno para que se reúna con los interlocutores sociales con el objeto de definir el perímetro que va a tener el marco del diálogo social en la legislatura que comienza», señala el comunicado conjunto de los sindicatos.

CC.OO. y UGT muestran su preocupación por el hecho de que una reforma de la estructura de la negociación colectiva se haya hecho «obviando el marco del diálogo social y sin oír a sus legítimos representantes». Los sindicatos avisan de que, sin perjuicio de la capacidad legislativa que otorga la Constitución al Parlamento y al Gobierno, «cualquier variación del Estatuto de los Trabajadores debe abordarse en el marco del diálogo social con carácter previo».

Las organizaciones sindicales defienden la coexistencia de distintos ámbitos territoriales de convenio colectivo que deben articularse en función de cada realidad sectorial y consideran que los marcos autonómicos «son compatibles con los estatales, pudiendo incentivarse además la racionalización de los espacios provinciales de convenio colectivo».

Los sindicatos también denuncian en su comunicado que tampoco se ha producido una negociación «con todas sus consecuencias» en materia de subsidio de desempleo. A su juicio, la reforma aprobada por el Ejecutivo en el día de ayer supone un avance en cuanto al incremento de las cuantías o la ampliación del acceso al subsidio a nuevos colectivo, pero contiene «algunas insuficiencias». Entre ellas, CC.OO. y UGT citan las relacionadas con el acceso al subsidio cuando se procede de un empleo a tiempo parcial o la «insuficiente ampliación» de esta ayuda a las personas de menos de 45 años, pues la norma mantiene la limitación a quienes hayan agotado una prestación contributiva de 360 días.

Al mismo tiempo, han mostrado su rechazo a la paulatina reducción de la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años contemplada en la reforma y que en la actualidad es del 125% de la base mínima vigente cada año. Pero más allá de los diversos contenidos incluidos en el real decreto ley de reforma del subsidio, CC.OO. y UGT advierten de que el inicio de esta legislatura «adolece de un abordaje ordenado del marco de concertación social que tan buenos réditos dio en el anterior mandato».

«La trascendencia de los retos socioeconómicos que tiene por delante España, la complejidad del contexto internacional y europeo, y la propia situación política de nuestro país, recomienda que se restablezca la confianza y una metodología fiable en el espacio de intervención de los agentes sociales, en cumplimiento del mandato constitucional que tenemos encomendado», concluyen.