PSOE y PNV pactan el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco en un plazo de dos años

En este último acuerdo, el Gobierno compromete el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco en un plazo de dos años. Una medida que, más allá, supondría un golpe al funcionamiento ordinario del sistema encargado de abonar más de 10 millones de prestaciones a más de 9 millones de pensionistas cada mes en nuestro país. Si bien, cabe recordar, que este punto aparece recogido dentro de los dilatados compromisos incluidos en el calendario de traspaso de competencias fijado en el Estatuto de Gernica. Así, el pacto recoge que se realizarán las «transferencias de competencias a Euskadi aún pendientes en el plazo improrrogable de dos años».

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Cabe recordar, no en vano, que la medida no sería completa a efecto de una 'Seguridad Social vasca', entre otros motivos porque esta partiría con un déficit superior a los 4.000 millones de euros -diferencia entre las cotizaciones que ingresa la Seguridad Social de los afiliados en la región y el coste de las prestaciones de los pensionistas en este territorio-. Se podría decir que en este sentido no se rompe el concepto de caja única, por el que básicamente todos los ciudadanos tienen derecho a las mismas prestaciones asociadas a diferentes contingencias (incapacidad temporal, jubilación, etc.) con independencia del nivel de riqueza de cada comunidad autónoma. Para lo que el Estado centraliza en la Seguridad Social la recaudación de todas las cuotas de trabajadores y empresas.

Aunque ese régimen económico no variaría, sí que se quedaría abierta la puerta a una serie de condicionantes que de igual manera podrían atentar contra la igualdad entre territorios. Ya que entre otros puntos el Gobierno vasco dispondría de la facultad de reconocer las pensiones y resto de prestaciones (jubilaciones, Incapacidades, subsidios...) sin someterse a criterios de gestión unificados para todo el territorio nacional.

Y lo mismo ocurriría con los actos de encuadramiento, afiliación, altas y bajas y su control, sistema de liquidación de las cuotas, recaudación ejecutiva en relación con la fijación de sus objetivos y criterios que necesariamente deberían quedar inmersos en el conjunto de los del Estado, el régimen de aplazamientos en las obligaciones, la implementación del plan nacional de lucha contra el fraude en materia de Seguridad Social con todos sus instrumentos, la representación y defensa ante los tribunales garantizada por la Ley Orgánica del Poder Judicial bajo una única dirección nacional o el control de la potestad sancionadora. «Su cesión no es sino la vía de apertura a la disposición de un régimen propio de tutela para cada territorio y su respectivo sustrato empresarial», advierte la Inspección de Trabajo.

Además, el pacto rubricado en el Congreso por Pedro Sánchez y el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, incluye la reforma del Estatuto de los Trabajadores para que los convenios autonómicos puedan prevalecer sobre los sectoriales. Una vieja reivindicación de los nacionalistas vascos. De hecho, la no inclusión de esta modificación en el Estatuto de los Trabajadores provocó el voto en contra del PNV a la reforma laboral de Yolanda Díaz.

«Recordarán que este fue el escollo que nos impidió votar a favor de la reforma laboral, lo que entonces fue imposible pues ahora lo hemos conseguido», remarcó Ortuzar, tras la firma del acuerdo con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

La medida, más allá, se introduciría mediante la modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la concurrencia de los convenios. Es más, en esta legislatura el PNV ya ha registrado una proposición de ley a este respecto, de manera que en el ámbito de una comunidad autónoma, los sindicatos y asociaciones empresariales que sean legítimos puedan negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales en la CC.AA. «que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal».

Pero esto no sería en cualquier circunstancia. En su propuesta, el PNV quiere que esto suceda siempre que los convenios de las comunidades obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación y su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los acuerdos estatales.

Además, elementos como el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica no serían negociables en el convenio autonómico. La formación entiende necesaria esta medida para responder «de manera particular» al tejido y necesidades socioeconómicas específicas del territorio y siempre que la regulación pactada resulte más favorable para las personas trabajadoras.