Por qué Navarra y País Vasco tienen una declaración de la renta diferente a la de España

Navarra goza de un régimen especial en materia tributaria gracias al cual puede gestionar de forma autónoma la mayoría de los impuestos que en otras regiones del país corresponden al Estado. Esto significa que los ingresos generados por estos tributos se quedan dentro de su territorio, contribuyendo así a su autonomía fiscal y financiera.

Este marco legal se sustenta en el Régimen Foral de Hacienda, que otorga tanto a esta comunidad como a los territorios históricos vascos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, la facultad de diseñar, recolectar y administrar sus propios sistemas de tributación. Pero, ¿por qué?

La existencia histórica de los regímenes forales tiene sus raíces en el proceso de formación del Estado moderno español, que se configuró mediante la unión de territorios anteriormente soberanos. Esta estructura política permitió la existencia de áreas que gozaban de cierta independencia económica, como el Reino de Navarra, las provincias vascas o la Corona de Aragón.

Esta última, vio suprimidos sus fueros a inicios del siglo XVIII, a raíz de los Decretos de Nueva Planta establecidos por Felipe V después de la Guerra de Sucesión Española. Navarra y las provincias vascas, por su parte, vieron también suprimidos sus fuerosentre 1812 y 1836, tras la caída de la monarquía y el surgimiento del Estado liberal, que impulsó el centralismo y la uniformidad legal en todo el territorio.

Sin embargo, tanto el Reino de Navarra y las provincias vascas lograron mantener sus sistemas propios después de la Primera Guerra Carlista, gracias a la Ley de Confirmación de Fueros de 1839. Después de eso, otros cambios significativos se sucederían, como la Ley Paccionada de 1841, que disolvió sus instituciones antiguas, aunque mantuvo un régimen fiscal especial, o la dictadura franquista, que eliminó algunos de los remanentes forales en Guipúzcoa y Vizcaya, aunque se mantuvieron en Álava y Navarra.

De este modo, la Constitución de 1978 reconoce y protege los derechos históricos de los territorios forales, revirtiendo la legislación hasta 1841. Esto permite a Navarra y al País Vasco conservar una notable independencia en materias como tributación, fiscalidad y derecho civil.