El sector público desoye los avisos de Europa con una temporalidad del 28%
Triplica el objetivo del 8% para 2024 incluido en el Plan de Recuperación y todas las comunidades autónomas incumplen
Las administraciones públicas se saltan la reforma laboral que se exige a las empresas, donde la eventualidad es del 13%
España incumplirá la ley que sitúa la temporalidad del sector público en el 8%
En 2021 el Gobierno impulsó por la vía exprés un plan de choque para reducir la temporalidad, entonces en el 30%, para situarla en el 8% a final de 2024, y este compromiso se incluyó en el Plan de Recuperación pactado con Bruselas. «Vamos ... a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público», dijo entonces la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificando la puesta en marcha de la ley de estabilización de las plantillas en el hecho de que «no es de recibo que quien ejerce un trabajo estructural en la Administración lo haga como temporal».
Tres años después de estos propósitos la temporalidad pública sigue desbocada: apenas ha cedido y se sitúa en el 28,3%, más de tres veces por encima del objetivo y más del doble de la registrada en el sector privado (13%). A finales de diciembre pasado, el ministro de Función Pública, Óscar López, sacaba pecho y aseguraba que desde 2021 se han hecho fijos a 321.776 empleados públicos, cifra que el titular entendió que es suficiente para cumplir con el pacto alcanzado con la UE. «Gracias a las grandes convocatorias de ofertas de empleo público, esta cifra es verdaderamente espectacular», afirmó el ministro.
Asalariados del sector público
por tipo de contrato y CC.AA.
Porcentaje de trabajadores con contrato
temporal respecto al total de asalariados
(entre paréntesis número total, en miles)
Temporales
Indefinidos
41,4% (4,1)
Melilla
41,1% (76,8)
País Vasco
40,6% (70,6)
Canarias
35,2% (27,7)
Asturias
Extremadura
34,8% (35,8)
32,8% (117,2)
C. Valenciana
32,5% (36,9)
Aragón
Galicia
31,3% (62,3)
Cantabria
31,2% (16,3)
I. Baleares
30,8% (27,1)
La Rioja
30,6% (7,7)
Navarra
30,2% (16,8)
Murcia
29,2% (32,4)
Castilla y León
29% (60,8)
Tot. sec. público
28,3% (1,014)
C. - La Mancha
26,3% (45,4)
Andalucía
24,9% (166,6)
Madrid
22,9% (114,5)
Cataluña
19,9% (94,3)
Ceuta
14,1% (1,7)
Total
temporales
sector público
(En miles)
Total
trabajadores
sector público
(En miles)
9,9
4,1
Melilla
186,8
76,8
País Vasco
173,6
Canarias
0,6
78,6
Asturias
27,7
Extremadura
103,1
35,8
357,4
C. Valenciana
117,2
113,6
Aragón
36,9
Galicia
199,0
62,3)
Cantabria
52,2
16,3
I. Baleares
87,9
27,1
La Rioja
25,2
7,7
Navarra
55,7
16,8
Murcia
111,0
32,4
Castilla y León
210,0
60,8
Tot. sec. público
3.591,2
1.014
C. - La Mancha
172,5
45,4
Andalucía
668,2
166,6
Madrid
500,5
114,5
Cataluña
474,1
94,3
Ceuta
11,9
1,7
Fuente: INE / ABC
Asalariados del sector público por tipo de contrato y CC.AA.
Porcentaje de trabajadores con contrato temporal respecto al total de asalariados
(entre paréntesis número total, en miles)
Total
trabajadores
sector público
(En miles)
Temporales
Indefinidos
41,4% (4,1)
9,9
Melilla
41,1% (76,8)
186,8
País Vasco
40,6% (70,6)
173,6
Canarias
35,2% (27,7)
78,6
Asturias
Extremadura
34,8% (35,8)
103,1
32,8% (117,2)
357,4
C. Valenciana
32,5% (36,9)
113,6
Aragón
Galicia
31,3% (62,3)
199,0
Cantabria
31,2% (16,3)
52,2
I. Baleares
30,8% (27,1)
87,9
La Rioja
30,6% (7,7)
25,2
Navarra
30,2% (16,8)
55,7
Murcia
29,2% (32,4)
111,0
Castilla y León
29% (60,8)
210,0
Total sector público
28,3% (1,014)
3.591,2
Castilla - La Mancha
26,3% (45,4)
172,5
Andalucía
24,9% (166,6)
668,2
Madrid
22,9% (114,5)
500,5
Cataluña
19,9% (94,3)
474,1
Ceuta
14,1% (1,7)
11,9
Fuente: INE / ABC
Pero la realidad es que esas 321.776 plazas sólo han logrado reducir la temporalidad del sector público en 66.000 personas desde el año 2021, y la tasa apenas ha cedido en poco más de dos puntos, según reflejan los datos de la EPA. Las administraciones públicas han seguido contratando a empleados temporales pese al mandato legal y vistos los resultados, los procesos de estabilización en marcha desde 2021 no han ido al ritmo deseado, lo que ha encendido la luz roja entre los funcionarios. La lentitud de las oposiciones no ha permitido hasta ahora dar el frenazo necesario para reducir las interinidades, que afectan sobre todo a sanidad y educación, dos sectores muy castigados por la precariedad en el empleo. Y este fracaso del proceso de estabilización deja en el aire una posible estabilización por la vía de la concesión de la fijeza a los interinos, como señaló la Justicia europea en su sentencia, aunque el Supremo sigue sin ver clara esta vía.
Denuncia y fondos
El incumplimiento del Gobierno sería penalizado con menos fondos en la nueva remesa que recibiría España, pero dado que los logros conseguidos por nuestro país ya han sido evaluados por la Comisión, sólo una denuncia de la situación en el sector público abriría la puerta a una revisión y a un castigo para España.
Interinos, una vida laboral dando tumbos por las administraciones
La Administración tendrá que hacer fijos por ley a casi 800.000 temporales este año por exigencia de Bruselas
La evolución de la temporalidad en la Administración ha sido al alza en los últimos años. Cuando en el año 2018 Pedro Sánchez llegó a La Moncloa prometió una cruzada contra la temporalidad en el empleo. Este fue el espíritu también de la reforma laboral que entró en vigor hace tres años, un objetivo que a golpe de legislación ha tenido que cumplir el sector privado mientras el sector público seguía engordando tanto el número de interinos como el personal laboral, hasta el punto de que más de 1 millón de trabajadores prestan hoy servicio al Estado sin puesto fijo y encadenando contratos eventuales durante décadas, incluso durante toda su vida laboral.
Varapalo de la justicia
La Justicia Europea ha dado ya varios avisos a España sobre las elevadas tasas de temporalidad que hay en el sector público. El último fue en febrero de 2024, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) propinó un duro varapalo a nuestro país, al considerar que el Estado está aplicando mal el acuerdo marco europeo sobre el trabajo de duración determinada en el caso de los interinos.
En sus conclusiones, el alto tribunal de Luxemburgo, respondiendo a preguntas prejudiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, denunció el abuso con las firmas de temporales en la Administración y afeó la inacción del Gobierno para adaptar el sistema laboral público a la normativa europea. Y ante esta situación, instó a España a convertir los interinos de larga duración en indefinidos fijos. Esto implicaría conceder la fijeza por la que los interinos llevan años peleando y que los distintos gobiernos y tribunales españoles no han concedido.
Una sentencia del Supremo del pasado abril, que no es clave para resolver el caso, apreciaba que los interinos no podrán alcanzar el estatus de trabajadores fijos a golpe de sentencia judicial. El argumento era un comentario incluido en los fundamentos jurídicos que no supuso un pronunciamiento sobre el fallo de la justicia europea, pero, de nuevo, saltó la polémica.
El alto tribunal se dirigió de nuevo a Luxemburgo para que aclarara si está obligando o no a los jueces españoles a hacer fijos a los interinos de larga duración pasando por encima de los procedimientos habituales para adjudicar estas plazas. Una vez que el Supremo dicte una sentencia que siga los pasos que ha marcado la Justicia europea, los distintos juzgados españoles podrán unificar sus pronunciamientos, ahora dispares.
En el escenario actual de elevada temporalidad, CSIF, el sindicato de funcionarios, ha exigido que se endurezcan las medidas contra las administraciones que no cumplan y avisó de que denunciaría a aquellas que abusaran de la temporalidad. La presencia de interinos es muy distinta en las administraciones, si bien la más elevada está en los ayuntamientos, seguida de las comunidades autónomas y a larga distancia está la Administración central y de la Seguridad Social.
De datos de temporalidad en el sector público en las autonomías se desprende que Cataluña, con una tasa del 19,9% es la región con menos temporalidad en España, seguidas de Madrid (22,9%) y de Andalucía (24,9%). País Vasco (41,1%), Canarias (40,6%) y Asturias (35,2%) son, por el contrario, las regiones que registran más eventualidad.
Fijos discontinuos
Estos datos se conocen tras tres años de aplicación de la reforma laboral. Un periodo en el que las empresas, a golpe de legislación, han dado un giro radical en el modelo de contratar. Durante este tiempo la estabilidad, muy apoyada en los contratos indefinidos fijos discontinuos y a media jornada, ha ido relegando a las fórmulas temporales, ancladas, sin embargo, en una economía muy marcada por la estacionalidad del turismo y la hostelería. No por contar con más contratos indefinidos el trabajo es hoy más estable; los despidos se han disparado en el periodo de prueba y la rotación es mayor.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete