El Congreso convalida por unanimidad el decreto que prorroga la suspensión de desahucios hasta 2028

La medida procede del llamado 'escudo social' de la pandemia y se ha venido ampliando periódicamente con los decretos anticrisis. Esta última prórroga, que se extenderá hasta el 15 de mayo de 2028 y que afecta a supuestos de «especial vulnerabilidad», fue aprobada por el Consejo de Ministros un día antes de que caducara, para su entrada en vigor con urgencia.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha sido la encargada del Gobierno en defender el texto desde la tribuna del Congreso. En su intervención, ha explicado que la medida que aprueba el decreto es necesaria en un escenario de incertidumbre sobre unos tipos de interés que pueden encarecer el precio de la hipoteca.

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«El futuro sigue siendo incierto, como reconoce el propio Banco Central Europeo cuando señala que no puede comprometerse de antemano a ninguna senda concreta de tipos», ha indicado Rodríguez. En este sentido, la titular de Vivienda ve necesario prorrogar la suspensión de los desahucios para evitar posibles situaciones de exclusión social de personas que podían verse abocadas a perder su vivienda si no pueden afrontar la subida de la hipoteca. «Confío en que este real decreto ley sea convalidado en el pleno en el día de hoy con el voto de sus señorías», ha zanjado la ministra.

Durante el debate del decreto, Sumar, Vox y varios socios de investidura han avanzado el voto favorable a la medida, pero han advertido que se trata de un «parche» temporal. En este sentido, el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha dicho en su intervención que la prórroga de la suspensión de los desahucios se trata de un «parche» y un «patadón adelante». «Pura procrastinación política y un parche que además puede volverse muy doloroso para las clases populares», ha protestado.

Hernández Quero ha instado a no limitarse a prohibir las ejecuciones hipotecarias y a crear las condiciones para que la gente pueda tener una vivienda y así aumento el número de propietarios en España.Por parte de Podemos, Ione Belarra también ha avanzado que apoyará la medida, pero ha incidido en que se trata de una «tirita» en el gran problema de la vivienda que hay en España, por lo que ha instado a expropiar el uso de la mitad de las viviendas en manos de grandes fondos de inversión y bancos, que según sus cálculos aportarían al Estado 92.000 viviendas.

En el turno del BNG, Néstor Rego ha trasladado el apoyo a la medida, aunque no entiende que sea temporal y no definitiva, pues se deja la decisión de una futura prórroga en manos del «gobierno de turno».

El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha advertido a la ministra que hacen falta más medidas para garantizar el derecho a la vivienda, entre las que ha destacado subir un 3% el IPREM para adaptarse al encarecimiento de la vivienda y que exista la obligación de escribir en el registro de la propiedad que hay una moratoria en esa vivienda, para que cuando un banco o «un fondo buitre» quiera comprar la casa, sepa que dentro hay una familia protegida por el Estado.

De su lado, el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, también ha garantizado el apoyo a la medida, pero ha advertido que su alcance es limitado porque la suspensión sólo afecta en supuestos de «especial vulnerabilidad», mientras que en el País Vasco más del 87% de desahucios que se producen son por impagos de alquileres de personas que no necesariamente tienen que estar en esa situación. La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, también ha dicho que apoyará la iniciativa, pero ha abroncado al Ejecutivo por el uso del decreto ley, cuando la medida estaba incluida en una enmienda al decreto anticrisis y se podría haber tramitado por esa vía.

Del lado del PSOE, Arnau Ramírez ha aprovechado su intervención para reprochar al PP que no está aplicando la Ley de Vivienda en las comunidades autónomas en las que gobiernan, recordando que en la última Comisión de Vivienda acontecida en la Cámara Baja el Grupo Popular «se tiró toda la sesión criticando el alza de precios, mientras sus comunidades autónomas se niegan a aplicar las zonas tensionadas que prevé la ley, que precisamente sirven para bajar esos precios».

El portavoz de Vivienda del PP en la Cámara Baja, Joan Mesquida, ha cargado contra la Ley de Vivienda, que considera que fue «un pago» del PSOE a Podemos, ERC y Bildu en la legislatura anterior y que ha provocado, ante la «amenaza de intervenir los precios», que una de cuatro viviendas hayan desaparecido del mercado de alquiler. En contraste, el diputado 'popular' ha defendido impulsar una ley 'antiokupación' para evitar un fenómeno que «está proliferando», de modo que se pueda desalojar a los ocupas en un plazo de 24 horas. Asimismo, ha defendido el aval del 20% a las hipotecas para menores de 35 años en la compra de su primera vivienda o eliminar el 50% de los impuestos de transmisiones para las familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad a su cargo.