Competencia afea la ambigüedad de Transportes con los peajes

Competencia emitió el martes, tras la aprobación del texto por el Gobierno, un informe en el que desgrana los puntos débiles del anteproyecto. Entre ellos, la institución critica la ambigüedad y la imprecisión del borrador respecto al mantenimiento de las carreteras. Aunque en principio el Ejecutivo pretendía implantar peajes en las autovías ya en 2024, la reforma finalmente solo contempla que el Gobierno presente un estudio respecto a las alternativas que puedan garantizar el mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado.

Según este mismo borrador, las medidas que puedan implantarse como consecuencia de este futuro estudio «estarán siempre amparadas en un amplio consenso social y político y se ajustarán a las circunstancias económicas concurrentes».

Dos requisitos que, según explican fuentes de Competencia, son «poco orientativos por su escasa concreción». Desde la CNMC, eso sí, aseguran que su referencia al mantenimiento de las carreteras se realiza «únicamente con fines ejemplificativos de la falta de concreción de algunas previsiones del anteproyecto».

Lo cierto es que el anteproyecto de la ley de movilidad pasa ahora por encima de una cuestión que el Ministerio de Transportes consideraba prioritaria hace unos meses. Cuando el departamento, liderado entonces por José Luis Ábalos, remitió a Bruselas una propuesta para implantar peajes en las autovías a partir de 2024, justificó la medida recordando que las carreteras estatales cuentan con un déficit de mantenimiento millonario. La iniciativa fue paralizada por La Moncloa ante la cercanía del año electoral y la oposición tanto política como económica que despertaron las tasas. Pero la falta de mantenimiento de las carreteras se mantiene.

Según el último informe elaborado por la Asociación Española de la Carretera (AEC), publicado este verano, el déficit de conservación es de 9.918 millones de euros, lo que supone un aumento del 32% respecto a hace dos años.

Competencia también pasa de puntillas por este problema, pero sí deja caer en su informe que debería haber más tasas al transporte por carretera. O, al menos, menos cánones al transporte ferroviario de mercancías. La CNMC cita en su informe, al hablar del mantenimiento de las carreteras, un documento propio de 2017 en el que destacaba que existe una «asimetría en el tratamiento de los costes de las infraestructuras entre el ferrocarril y la carretera» que merma la competitividad del transporte de mercancías por tren.

Ese mismo informe señalaba que, «de acuerdo con estimaciones de la Comisión Europea, el ferrocarril en España cubre un nivel de costes sociales similar al de otros países de la UE, pero el transporte por carretera solo cubre una pequeña parte, e inferior a otros países de nuestro entorno». Es decir, la CNMC ya denunciaba hace cinco años la diferencia de tasas entre el ferrocarril y la carretera, uno de los argumentos que sustentan ahora la implantación de peajes en las autovías.

Según destacan desde el organismo dirigido por Cani Fernández, este informe «pone de manifiesto que una de las implicaciones del sistema de financiación del mantenimiento de la red de carreteras es cómo puede afectar a la competitividad relativa de carreteras y ferrocarril en distancias similares». La institución ha evitado, hasta ahora, posicionarse públicamente respecto a los peajes.

Más allá de estas tasas, la CNMC insiste en la recomendación de liberalizar el transporte de viajeros en autobús para rutas superiores a 100 kilómetros. Además, el regulador considera necesario hacer imperativa la eliminación de las líneas de OSP (obligación de servicio público) en el momento en que dejen de estar justificadas, así como diseñar las políticas de acceso a los datos para impulsar la competencia. Competencia, asimismo, pide al Gobierno que tenga en cuenta sus recomendaciones durante la tramitación parlamentaria del anteproyecto de ley.

La ley de movilidad ha sido una de las grandes apuestas del Ministerio de Transportes para esta legislatura, además de la ley de vivienda. El proyecto es uno de los hitos comprometidos con Bruselas para acceder a los fondos europeos y el Ejecutivo espera que se apruebe a lo largo de 2023. Además del citado estudio para implantar soluciones al mantenimiento de las carreteras, el anteproyecto habilita a los ayuntamientos que lo deseen a implantar peajes urbanos dentro de las ciudades.