Choque judicial por los impagos de los créditos ICO entre pymes y banca

Durante el Covid y hasta junio de 2022 se han firmado 1,17 millones de préstamos con garantía estatal. El aval público abarcaba hasta el 80% del crédito. En este sentido se dio financiación por más de 140.000 millones de euros, de los cuales más de 107.000 millones tenían garantía pública. La mayoría de esas operaciones y del dinero solicitado corresponden a pymes y autónomos.

Se establecieron carencias en los pagos, ampliaciones de los vencimientos... todo para intentar que las empresas no dejen impagados los créditos. Pero en algunos casos eso no ha sido posible. Según el último informe de estabilidad financiera del Banco de España, el porcentaje de dudosos (créditos que se sabe que no van a ser devueltos o que han pasado más de 90 días sin que se hayan pagado las cuotas acordadas) a junio de 2022 estaba en el 4,8% y aquellos en vigilancia especial ascendían al 22,8%. Alrededor de 330.000 créditos están o podrían llegar a estar en problemas.

Así las cosas, las empresas que ya han dejado de pagar sus préstamos tienen que enfrentarse a la maquinaria de la banca para recuperar el máximo posible. Cientos de compañías se están encontrando con que las entidades financieras les reclaman la totalidad del préstamo y no solo la cantidad que en teoría no avalaba el ICO.

«Por la forma en que se publicitaron los préstamos daba la sensación de que el ICO se haría cargo de hasta el 80% y el cliente del 20% restante, lo cual se ve en la publicidad y por cómo se presentó, incluso por el presidente del Gobierno y la ministra de Economía», señala Jordi Ruiz de Villa, socio de litigación bancaria de Fieldfisher, que encabeza hasta 36 demandas a bancos por ello.

Los demandantes alegan error en el consentimiento en el sentido de que cuando les concedieron los créditos ICO las empresas creían contratar algo sustancialmente distinto a lo que realmente era, es decir, que solo tendrían que poner un aval propio por la parte no garantizada por el Estado. Lo que reclaman es la nulidad del aval del 100% que hicieron los clientes y subsidiariamente que se reduzca a un 20%, para que el ICO se haga cargo del porcentaje restante.

Sin embargo, los hechos no son tan sencillos. Fuentes financieras explican que la normativa europea y la española que reguló estos préstamos señala que los bancos tienen que reclamar los impagos de los créditos ICO como si fueran sus propias deudas siguiendo sus prácticas habituales. Así, la normativa exige a la banca que reclamen «por cuenta y en nombre del Estado para la recuperación de los importes impagados de créditos de la Hacienda Pública».

En otras palabras, que las entidades financieras están obligadas por la regulación dictada a pedirle a las empresas el 100% del préstamo, independientemente de que exista la garantía pública. No pueden reclamarle solo el porcentaje que excede del aval del ICO ya que si no ese aval se perdería y tendrían que asumir los bancos todo el riesgo del crédito en última instancia.

La realidad es que los bancos han de intentar recuperar todo el préstamo moroso con los activos que tenga al alcance la empresa en cuestión o con lo que el prestatario haya avalado. Si una vez rascado todo lo posible del patrimonio empresarial o personal, como sea en cada caso, no diera para cubrir la deuda, ahí ya sí las pérdidas se cubrirían hasta en un 80% por el Estado. Para que esta situación cambiara y entrara en juego desde el principio el aval público tendría que haberse configurado de una manera completamente diferente la normativa, donde aparece el 'modus operandi' de la recuperación de los impagos, aparte de que también se aclara en los contratos cómo es el régimen, según fuentes financieras.

En este sentido, los bancos no dudan en señalar que estaba todo claro en los contratos, en la normativa y que así también se explicaba a los clientes. Como contrapunto a ello, en una de las demandas contra Banco Santander la empresa en impago ha adjuntado un guasap de un banquero de oficina con el cliente aclarándole que el Estado avala el 80% y la empresa solo el 20% restante.

Ese mensaje se entiende clave por los abogados de los demandantes y se espera encontrar más de este tipo para apoyar sus demandas, ya que están basadas, en buena medida, en que los clientes firmaron esos préstamos entendiendo que solo tenían que avalar en torno al 20% de los mismos.

Asimismo, en el sector bancario temen que este tipo de casos, que entienden que no tienen demasiado recorrido más allá de algún caso puntual, generen una bola de nieve que arrastre la reputación del sector.

El gremio financiero sostiene que en realidad fueron los bancos los que pusieron el dinero de los créditos, que fueron ellos los que realizaron el análisis de riesgos y que ahora son ellos los que se tienen que encargar de recuperar los impagos. En otras palabras, que el Gobierno vendió que daba ayudas por 140.000 millones de euros a través del ICO pero que de momento no han tenido que soltar ni un euro y que, de hecho, se encomiendan a los bancos para no tener que hacerlo en el futuro próximo.