Los créditos ICO amenazan con estrangular a empresas en concurso

La medida ha hecho saltar las alarmas de bufetes de abogados y expertos en derecho concursal, que llevan meses alertando del impacto que puede tener esta iniciativa en las reestructuraciones de las empresas que se acometan en los próximos meses. Por el momento, el fin de la moratoria concursal, que estuvo vigente hasta el pasado mes de julio, ha dado lugar a una avalancha de concursos exprés protagonizados por empresas 'zombies', aquellas que no tienen ya actividad y solo acuden a este proceso para agilizar su liquidación. Esto ha provocado, en gran parte, que los concursos de acreedores se disparasen un 71% durante el mes de noviembre, según los datos del Colegio de Registradores.

Pero en los próximos meses esos procesos se complicarán. Fuentes jurídicas aseguran que será el turno de reestructuraciones «más complejas», en las que empresas declaradas insolventes negociarán con sus acreedores con la intención de mantener su actividad. Y es en este momento donde los créditos ICO se pueden convertir en un escollo para la supervivencia de estas compañías.

Fuentes jurídicas aseguran que el Ministerio de Hacienda «ni siquiera tiene un departamento que gestione estos casos». Y la ley «da muy poco plazo al deudor para llegar al acuerdo con sus acreedores, por lo que lo normal es que llegue la fecha límite y no se tenga la autorización de la Agencia Tributaria para refinanciar la deuda asociada a un crédito ICO». Según estas mismas fuentes, el blindaje de los ICO «va a abocar al cierre de empresas por hacerlas inviables». Hasta ahora, en los pocos casos en los que se ha producido una reestructuración de una empresa avalada por el ICO se ha optado por mantener el crédito y centrar el proceso en otras deudas.

En los últimos meses, la banca, el Ministerio de Hacienda y distintos expertos concursales han mantenido varias reuniones para analizar esta situación y plantear soluciones. Finalmente, el Gobierno ha incluido un apartado en el decreto anticrisis publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado que aborda esta cuestión.

El decreto recuerda que, para que las entidades financieras puedan aprobar una reestructuración de un crédito avalado «deberán ser autorizadas previamente por la persona titular del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria». Pero también incluye una salvaguarda a esta limitación, al destacar que «las entidades financieras podrán votar favorablemente las propuestas de planes de reestructuración sin necesidad de recabar autorización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria» si se dan las circunstancias «previstas en los correspondientes Reales Decretos y Acuerdos de Consejo de Ministros». En el momento de presentar la solicitud de autorización, las entidades financieras deberán presentar informe motivado que «justifique su propuesta».

Además, el texto establece que, «en caso de ser necesaria», la falta de autorización previa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria determinará el perjuicio del aval y blindará el cobro del crédito por parte del Ministerio de Asuntos Económicos. Y la Abogacía del Estado podrá intervenir en casos concretos para defender el crédito avalado por el ICO.

La implicación de estas medidas es todavía incierta. Fuentes jurídicas mantienen que la modificación del BOE no resuelve el problema y los ICO seguirán siendo un escollo en las reestructuraciones que se acometan durante los próximos meses. Uno de los grandes objetivos de la reforma concursal era potenciar la supervivencia de las empresas que llegan al concurso de acreedores, ya que en la actualidad solo el 10% de las compañías que acuden a este proceso sobreviven. Según las fuentes consultadas, la protección de los ICO provocan que sea muy complejo elevar este porcentaje.

El Gobierno lanzó los créditos ICO durante los meses más duros de la pandemia y la línea de avales había financiado, hasta mediados de este año, a 750.000 empresas, en su mayor parte pymes y autónomos, con una movilización de 140.000 millones de euros. Los sectores más beneficiados han sido hasta ahora el transporte, la distribución de alimentos, el comercio, el textil y la moda. En este contexto, el Gobierno extendió a finales de noviembre la vigencia de los créditos a todo el año que viene. Además, amplió hasta los 2 millones de euros el aval máximo para operaciones de importe limitado, cuyo plazo puede llegar a 10 años con la garantía del 80%, un porcentaje que se mantiene.

Según los cálculos del Banco de España, uno de cada cinco euros de estos créditos está ya en riesgo de impago. El Tribunal de Cuentas calcula que las provisiones para hacer frente a posibles impagos relacionados con estos préstamos debería alcanzar los 5.300 millones de euros.