Cesa la jefa de jurídico de la CNMV con la opa hostil de BBVA sobre Sabadell sin resolver

Y es que la entidad de origen vasco presidida por Carlos Torres decidió a finales del pasado mes, coincidiendo prácticamente con el anuncio interno del cese de Muñoz González-Úbeda, atrasar hasta los últimos días de agosto o los primeros de septiembre la presentación a la CNMV de su nuevo folleto de opa para poder incluir en el documento la última información relativa a Banco Sabadell: los resultados correspondientes al primer semestre y los resultados de las dos juntas consecutivas asociadas a la venta de la filial británica TSB que la entidad vallesana celebró el pasado 6 de agosto.

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Por ello, el supervisor español, que tenía previsto validar el folleto de la operación de BBVA como tarde a finales de julio, se ha visto obligado a admitir internamente que dada la importancia del papel de su interlocutora jurídica con los protagonistas de la operación –es quien ha analizado el anterior folleto de la opa y preparado toda la documentación legal para el consejo respecto a la información recibida de ambos bancos–, no podía desprenderse del todo de sus «funciones latentes».

Recordar que, tal y como adelantó ABC, la directora general del departamento jurídico y también secretaria del consejo de la CNMV desde finales de mayo de 2021, había decidido presentar su cese para abandonar el cargo a finales de julio, con el tiempo suficiente para dejar finiquitada la decisión sobre el folleto de la opa sobre el Sabadell, pero no ha podido ser tras la decisión de BBVA de posponer la entrega del nuevo documento.

Muñoz González-Úbeda –desde hacía meses en busca activa de nuevos horizontes laborales–, habría entonces decidido comprometerse con el propio presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, y mantenerse «en una suerte de comisión de servicios para seguir pendiente de la tramitación final del folleto de la opa en cuestión» a pesar de «sus conocidas diferencias en los últimos tiempos con algún que otro consejero y directivo del organismo regulador», apuntan fuentes financieras conocedoras de la situación a ABC.

Y lo hará, añaden las mismas fuentes, pese a que ya ha dado por terminada su andadura en la CNMV para iniciar una nueva carrera profesional en AFI y ya haya sido elegido para su cargo un nuevo jefe de jurídico de profesión, como ella, abogado del Estado.

Tal y como avanzó este periódico, su sustituto será una persona de total confianza y preparada para el puesto que cuenta con el beneplácito, entre otros, de la mayoría de los consejeros. De hecho, algunas fuentes consultadas desde la Comisión apuntan que detrás del nuevo nombramiento internamente entrevén la opinión del consejero Mariano Bacigalupo, marido de la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que apuntó al segundo de a bordo de la directora de jurídico y vicesecretario del consejo desde 2022, y que ha sido el elegido finalmente: Juan Rodríguez de la Rúa Puig.

Al ascender Rodríguez de la Rúa Puig entrará en su puesto otra abogada del Estado, María Dorronsoro Alberdi, hasta ahora secretaria del consejo de administración de la empresa pública Enisa (Empresa Nacional de Innovación), de la que la dirección General del Patrimonio del Estado ostenta el 97,60% de su capital, y es dependiente de la dirección general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, integrada, a su vez, en el Ministerio de Industria y Turismo.

Desde la CNMV, la respuesta oficial a la información es que «la salida de la responsable jurídica se va a producir según estaba previsto» y que «el nombramiento de su sucesor según estipula la ley del mercado de valores se ha producido a propuesta del presidente del organismo regulador». Además, el mismo portavoz oficial apunta que «los cambios en el departamento jurídico no van a afectar al desarrollo de verificación de la opa de BBVA sobre Sabadell».

El caso es que una vez que la CNMV verifique el nuevo folleto actualizado por BBVA, con Muñoz González-Úbeda en la práctica en funciones, queda abrir el periodo de aceptación de la oferta. Y en cuanto el regulador de los mercados dé su visto bueno, el BBVA tendrá hasta cinco días para abrir el periodo de aceptación, que se extiende un mínimo de 30 días y un máximo de 70, durante los que los accionistas del Sabadell votarán si acuden o no.