CEOE se escuda en los convenios colectivos y carga contra el ultimátum de Yolanda Díaz sobre la reducción de jornada

Desde la patronal están haciendo especial hincapié desde los momentos posteriores a la última reunión mantenida este lunes en girar el foco de las medidas compensatorias hacia la vigencia de los convenios colectivos. Tal y como apuntan las fuentes empresariales consultadas por ABC este punto centra ahora las exigencias de la patronal, que siguen rechazando de forma rotunda el marco conceptual de la reforma legal para introducir forzosamente las 37,5 horas. Una medida que tal y como advertía Gramendi durante un acto sobre prevención de riesgos laborales provocarían la ruptura automática de 4.500 convenios colectivos, que deberían de reabrirse con independencia de su vigencia para acoplarlos a la nueva jornada máxima de 37,5 horas semanales.

Cabe recordar que esta ha sido una de las principales advertencias de las organizaciones empresariales desde el inicio de la negociación que dio comienzo hace ahora diez meses, advirtiendo de que no respetar la vigencia de los convenios y abrirlos en canal provocaría un embudo en la meses de negociación colectiva. Precisamente, sobre este aspecto pivotó el hecho de que CEOE y Cepyme reclamarán desde un primer momento que la introducción de la reducción de jornada se realizara con un extenso periodo transitorio, precisamente para dar cabida a que se fueran acoplando los convenios a medida que estos fueran venciendo.

«En vez de que sigan dando vueltas y mareando la perdiz, ¿se van a respetar los convenios o no se van a respetar los convenios? Esa es la palabra. Yo no puedo firmar en nombre de 4.500 convenios el que mañana se rompan y la parte empresarial se acoge a lo que diga en este caso el Ministerio. Lo siento mucho. Cuando el Ministerio se equivoca, cuando pensamos que se equivoca, cuando pensamos que hace un daño muy grande a la economía española, tenemos que decir que no lo compartimos«, explica Garamendi sobre el punto de la negociación a falta de dos semanas para que tanto las organizaciones empresariales trasladen de forma definitiva si aceptan o no las condiciones previstas en la oferta de Trabajo.

«En España hay prácticamente 4.500 mesas de negociación colectiva abiertas, donde trabajadores y empresas negociamos. Es sorprendente que no se quiera respetar la vigencia de los convenios, intervencionismo en estado puro que te dice que tienes que aceptar lo que digan porque si no, no estás cuidando a los pequeños negocios. ¿Pero qué me está contando?», critica el presidente de la CEOE.

La segunda parte de la feroz crítica que ha lanzando la patronal tras la reunión del ultimátum es el hecho de que ni esta última compensación consistente en una ayuda directa de 6.000 euros ni las anteriores asociadas al denominado 'Plan Pyme 3750' se han puesto negro sobre blanco en un borrador, y tampoco se han acompañado de una memoria económica. Fuentes cercanas a la negociación confirman este extremo, habiendo quedado a la espera de que el Ministerio de Trabajo traslade en un documento la propuesta conjunta de reducción de jornada que será objeto de decisión por parte de los órganos de dirección tanto de las patronales como de las organizaciones sindicales UGT y CC.OO.

«La propuesta de ayer no la trasladaron. Ni la anterior, ni la anterior, es decir, todavía en esta casa no hay ni un papel, pero no ha habido nunca, en los meses que podemos llevar, no ha habido ni un papel de los anuncios que el Ministerio ha dicho que está haciendo y que va y que sube y que baja y que vuelve y tal. Ni un papel, ni un número», asegura Garamendi

En su opinión, con la reducción de la jornada laboral, el Gobierno «está animando a las pequeñas empresas a que se tiren por un barranco». «Te dicen: te voy a dar unas subvenciones, que no sé cuáles son, todavía no nos han dicho el plazo de tiempo, todavía no sabemos absolutamente nada de eso, pero te dicen, te voy a dar un paracaídas. Y no, te da un paraguas para que te mate directamente, que es lo que va a pasar», afirma.

Garamendi señala que la propuesta de Trabajo de las ayudas directas se ha cifrado en un coste de 375 millones de euros para medio millón de empresas y «no le salen las cuentas», pues ello supondría unos 700 ú 800 euros por empresa. También ha criticado que se haya dicho desde Trabajo que estas ayudas pueden destinarse a digitalización cuando ya uno de cada tres euros de los fondos europeos están yendo a proyectos digitales. «¿Qué tiene que ver esto con lo que se nos está planteando?», señala.