Yolanda Díaz ofrece hasta 6.000 euros de ayuda directa a las empresas de menos de cinco trabajadores por la reducción de jornada

En este sentido, el Gobierno ha lanzado un ultimátum a CEOE y Cepyme para que el próximo 11 de noviembre en una última reunión comuniquen si aceptan o no la propuesta conjunta del plan de reducción de jornada, al que se suman las bonificaciones para la contratación de nuevos trabajadores y ampliación de jornadas a tiempo parcial por causa de la implantación de la reducción de jornada, en este caso para empresas de hasta diez trabajadores, además del plan de acompañamiento para estos pequeños negocios vía SEPE.

No en vano, pese a esta última cesión, parece complejo que las organizaciones dirigidas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva acepten la propuesta conjunto, toda vez que desde las organizaciones empresariales insisten en mantener distribución y fijación de la jornada de trabajo en el perímetro de la negociación colectiva. En caso de que las patronales trasladen un «no» a esta última propuesta, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, deslizó que se procederá a una negociación bilateral con los sindicatos UGT y CC.OO. en la que cambiaría la geometría de la propuesta. Es decir, advierte el Gobierno de que si CEOE y Cepyme no firman el acuerdo se podrían retirar las ayudas para las empresas.

En todo caso, el número dos de Yolanda Díaz señaló que esta mesa tiene los días contados toda vez que se procedería a articular el texto normativo que resultará en una reforma del Estatuto de los Trabajadores para recoger als 37,5 horas por ley y proceder a la aprobación de un anteproyecto que iniciaría su trámite parlamentario en los últimos compases de 2024. En tal caso, la medida no estaría aprobada al menos hasta la primavera de 2025.

Con este movimiento el Ministerio de Trabajo parece reconocer el golpe en términos de costes que puede suponer la reducción de jornada para las empresas más pequeñas. Tanto las ayudas directas de hasta 6.000 euros como las bonificaciones a la contratación parecen en cualquier caso insuficientes para compensar el coste que supondrá para el tejido productivo la implantación de las 37,5 horas, que sería como mínimo de cerca de 12.000 millones de euros por el recorte de horas sin merma salarial. Un hecho que no hace vislumbrar un cambio de postura por parte de las patronales, que mantienen la postura de realizar una observación sectorial en los convenios colectivos de cada empresa, actividad, provincia o región.

Tal y como señalaban recientemente las fuentes empresariales consultadas por ABC, que este movimiento de ayudas directas a los negocios más pequeños tiene que ver con una preocupación manifiesta desde el Ministerio de Trabajo, conscientes de que en estas empresa de menos de cinco trabajadores ya se está destruyendo empleo. Así, fuentes de CEOE señalan tras la última reunión de este martes que la patronal sigue defendiendo el marco del último Acuerdo Nacional de Convenios (AENC) que trató en un uno de sus puntos la distribución de la jornada laboral y «que se respeten los convenios colectivos».

No en vano esta postura empresarial que los sindicatos tildan de obstruccionista es compartida en buena medida por los juristas, que advierten de que la legislación de la reducción de jornada carece de sentido que se lleve a cabo de forma genérica, para todos los sectores y sin atender a las particularidades de cada uno de ellos. «La distribución de la jornada laboral y su establecimiento siempre ha estado en el ámbito de la negociación colectiva porque atiende a las singularidades de cada sector», explica a ABC el miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), Juan Manuel Ortiz.

En este sentido, el Gobierno viene tratando de ablandar la postura incipientemente negativa de la patronal, que ha reclamado desde un primer momento que el abordaje de la tiempo de trabajo se circunscriba al ámbito de la negociación colectiva, donde empresarios y sindicatos tienen abiertas más de 4.000 mesas de negociación en las que se determinan las condiciones de trabajo a nivel empresa, sectores, provincias, regiones, teniendo en cuentas las diversas particularidades que determinan el ámbito de funcionamiento de las diferentes actividades.

No obstante, pese a esta postura que implica un rechazo de base el Ministerio de Trabajo ha ido poniendo sobre la mesa sucesivas concesiones para tratar de atraer a CEOE y Cepyme al acuerdo tripartito con los sindicatos, que además dotara a la futuro proyecto de ley de una mejor expectativa en también pedregoso trámite parlamentario que se prevé una vez que el Consejo de Ministros de luz verde a la medida.

Primero se planteó la duda razonable de los plazos, toda vez que el acuerdo de Gobierno que ha dado pie a la negociación para la reducción del tiempo de trabajo preveía una primera rebaja a 38,5 horas en 2024 y hasta 37,5 horas en 2025. Desde la patronal demandaron una flexibilidad temporal para dar al menos tiempo al vencimiento de los convenios colectivos de modo que no se propiciase un embudo de negociaciones múltiples para ajustar este precepto. Un punto que el Ministerio de Trabajo consideró en cierto sentido llegando a dar de plazo el próximo año entero para trasladar este aspecto a los acuerdos entre empresas y trabajadores.

En segunda instancia desde CEOE y Cepyme advirtieron del diverso impacto que tendría esta medida en los diferentes sectores de actividad, ya que las especificidades de funcionamiento dificultan a niveles extremos la adaptación en algunos casos, mientras que en otras áreas esta jornada de 37,5 horas ya está implantada por convenio. Según apuntan, en este momento la jornada media pactada por convenio para los 12 millones de asalariados bajo este paraguas se sitúa en torno a las 38,2 horas semanales.

Aquí, el departamento de Yolanda Díaz planteó una flexibilización de la distribución irregular de la jornada de trabajo, manteniéndose el máximo permitido sobre los topes establecidos con la actual jornada de trabajo y no sobre la nueva de 37,5 horas. Sin embargo, el alcance de esta concesión es nulo ya que en la propuesta se mantiene el máximo de 180 horas anuales a distribuir de forma irregular. Un aspecto ya recogido en el Estatuto de los Trabajadores del que se benefician los sectores con marcados picos de actividad en los cuales se permite a la empresas concentrar horarios y que los trabajadores realicen jornadas por encima de las ocho horas diarias.