La baza del Supremo o un cambio de gobierno, las opciones de BBVA para poder fusionarse con el Sabadell

La decisión del Consejo de Ministros de hacer más duras las condiciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) imponiendo al BBVA la prohibición de hacer desaparecer la entidad catalana cayó como un jarro de agua fría en la sede del grupo vasco. El mercado esperaba que el Ejecutivo interviniera para fijar varias condiciones de diferente índole pero nadie contaba con que todo se reduciría a un solo elemento: el Sabadell tiene que seguir existiendo como entidad separada.

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Este movimiento del Gobierno, ejecutado el 24 de junio, provoca que los cálculos de la operación necesariamente tengan que cambiar. BBVA siempre ha comunicado que espera unas sinergias de 850 millones. Esos 850 millones se desglosan en 750 millones de ahorro en costes operativos (tecnología, administración y personal) y 100 millones en ahorro de costes de financiación.

Sin fusión, esa cifra queda más en el aire que nunca. El Sabadell señala que mientras no haya unión de las dos entidades, las sinergias serían de cero euros, se esfumarían por completo. El BBVA, en cambio, se limita a reseñar que la condición del Ejecutivo lo que provoca es un retraso en la consecución de parte de las sinergias.

El banco vasco mantiene ocultos los cálculos de cuántos millones de las sinergias podrían materializarse sin fusión en los primeros tres años, y cuántos tendrían que retrasarse hasta poder unir las dos entidades. Ese detalle es muy esperado por parte del mercado, a la luz de los comentarios de los analistas; BBVA reflejará todas las cifras en el folleto de la opa, que es el documento donde se debe recoger toda la información sobre la operación para que los accionistas del Sabadell tomen su decisión.

El deseo del grupo vasco, con todo, no está perdido del todo ya que BBVA cuenta con dos opciones para lograr dar al traste con el veto del Gobierno. Dos opciones muy presentes en la entidad. La primera de ellas es lograr que el Tribunal Supremo tumbe la intervención del Gobierno; la segunda, que se produzca un cambio de inquilino en La Moncloa. Con todo, son posibilidades que apuntan más bien al medio plazo.

La baza del Supremo es quizá la más rápida, pero eso no indica que se vaya a resolver pronto. El banco decidió el pasado 15 de julio llevar la intervención del Consejo de Ministros ante el Supremo. En realidad lo que llegó al Alto Tribunal ese día fue el anuncio de recurso por parte de la entidad, que sirve para poner en conocimiento de los tribunales la intención de impugnar una decisión administrativa, en este caso del propio Ejecutivo de Sánchez, pero sin aportar más razones. Tras esto, llegará la interposición del recurso como tal, que debe especificar la resolución administrativa contra la que se actúa y los argumentos, informa Javier Lillo. Tras esa interposición del recurso, lo normal es que el Supremo admita el asunto –en Contencioso siempre se pasa ese primer filtro- y dé diez días al Gobierno para que aporte la documentación relativa al asunto en cuestión.

Se especula con que la resolución del recurso podría dilatarse un año o incluso más, con lo que BBVA tendría que soportar el veto del Ejecutivo a corto plazo. Su deseo es el de tumbar esa intervención y creen tener argumentos para lograrlo.

Aunque el banco aún no ha hecho públicos los argumentos de su impugnación, BBVA lleva varios meses sosteniendo que el Gobierno en realidad no podía actuar de esta manera. El banco ha indicado en varias ocasiones que, a su juicio, el Ejecutivo no tiene capacidad legal para hacer más duras las condiciones de Competencia, es decir, que el Consejo de Ministros solo podía mantener o suavizar lo dictaminado por la CNMC.

Los razonamientos deslizados por el banco son varios. Por una parte, igual que señalan algunos analistas, creen que el espíritu de la ley de defensa de la competencia sería el de permitir al gobierno de turno suavizar condiciones de la CNMC que pudieran hacer descarrilar una operación que tuviera sentido para España, y no al contrario. Por otra, señalan al dictamen del Consejo de Estado de 2006 previo a la aprobación de esa normativa, como publicó ABC. El dictamen de la institución consultiva apuntó a que el Gobierno no puede «imponer más condiciones que las previamente fijadas por el consejo de la CNMC, de manera que solo podrá eliminar las condiciones impuestas o suavizarlas». Y destacaba que esto se «deriva de la propia lógica del anteproyecto, que parte de la idea de que el Consejo de Ministros puede autorizar lo que prohíbe la Comisión pero no puede prohibir lo que ella autoriza».

El Gobierno, por su parte, apunta a la dirección totalmente opuesta. En el acuerdo del Consejo de Ministros de la intervención en la opa, el Gobierno destacaba que la redacción de la ley les permite fijar condiciones distintas a las de Competencia. Para afirmar esto, el Gobierno se basa en informes de la Abogacía del Estado y en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 en la que se recoge que «resulta coherente que sólo el Estado pueda privar de eficacia a las decisiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que prohíban o condicionen una determinada concentración económica, a través de un órgano especialmente idóneo para valorar intereses generales de tal naturaleza, cual es el Consejo de Ministros». El Ejecutivo interpreta esto como que el Consejo de Ministros es «una última instancia de protección, garante de las razones de interés general».

La otra opción con la que cuenta BBVA es la del cambio de gobierno. En el banco son conscientes de que Pedro Sánchez no será eterno y en algún momento tendrá que haber elecciones, ya sean anticipadas u ordinarias; según el calendario, las elecciones tocarían en 2027. De cambiar el signo político del Ejecutivo, sería posible que un nuevo inquilino de La Moncloa dejara sin efecto la intervención del gabinete de Pedro Sánchez.

Sin embargo, existen dudas sobre que eso se produjera llegado el caso ya que la opa en sí, tanto en forma como en fondo, ha despertado recelos en prácticamente todo el arco político, desde el PSOE y Sumar, hasta PP y Vox. Asimismo, habría que esperar algo menos de dos años si las elecciones se celebraran en el momento que teóricamente corresponde, en 2027.