De la silla de ruedas al 'quad': así cazan los detectives el fraude en las bajas laborales

Este es sólo un caso de los muchos que destapan los detectives privados cuando las empresas o las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social contratan sus servicios porque existen sospechas claras de engaño por parte del trabajador que está de baja laboral y cobrando una prestación pública. La espiral de ausencias al trabajo y las millonarias pérdidas que supone para el Estado y las empresas han hecho del seguimiento para destapar fraude el negocio estrella para el entorno de los 5.000 detectives que existen en España, por encima de investigar infidelidades, comprobaciones de paternidad o fraudes al seguro. Recurrir a estos profesionales es más habitual de lo que se cree, su trabajo está amparado por la legislación, aunque con límites muy claros, como respetar la intimidad y la dignidad de la persona que se pone bajo lupa.

Pero... ¿Cómo actúan los detectives? ABC ha tenido acceso a informes de las mutuas correspondientes a los años 2022 y 2023 sobre la operativa de estos profesionales, con casos reales en los que se describe su modo de proceder. Todo empieza cuando reciben el encargo y se ponen en marcha con un claro objetivo: comprobar si el empleado en cuestión está realmente incapacitado para trabajar. Su misión es conseguir pruebas gráficas que corroboren que se está cometiendo alguna ilegalidad, para lo que podrán realizar grabaciones, siempre que el afectado esté en lugares públicos o cuando son los propios detectives los que participan en las conversaciones. A la hora de presentar las pruebas, solo podrán reunir las que tienen relación directa con el caso.

La operativa en un caso real es la siguiente: La mutua ha puesto el foco en un paciente que lleva de baja 669 días por una fractura en la tibia y el peroné que ha reclamado que se le reconozca una incapacidad permanente absoluta. El detective realiza un seguimiento de tres días, en los que comprueba que el investigado sigue una rutina muy parecida. Sale de su casa con bolsas de basura y se dirige al contenedor para depositarla, acompañado de un perro de grandes dimensiones que realiza «enérgicos tirones de la correa», según la documentación a la que ha accedido este diario. ¿Conclusión que los detectives trasladan a la mutua? El investigado carga peso con esas bolsas de basura, tira con fuerza de la correa de su mascota de tamaño grande, se agacha, camina y permanece de pie, «con soltura y normalidad, sin que se denote dificultad, limitación, dolor o molestia alguna». La petición del enfermo para recalificar su incapacidad fue desestimada y dado de alta.

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Los detectives participan activamente en las investigaciones con frecuencia. Así ocurrió en el caso de una peluquera con una baja de cuatro meses por una bursitis en la rodilla. En el momento del alta argumentó que no había experimentado mejoría alguna durante este tiempo y solicitó una prórroga de la baja. Su caso levantó sospecha y la mutua le puso seguimiento. El detective contactó con la autónoma y concertó una cita para cortarse el pelo, en la que comprobó que quedaba poco rastro de la bursitis. Las tareas de investigación, vigilancia y seguimiento son claves para que la mutua pueda certificar, de forma indudable, si se trata de una baja laboral provocada por causas legítimas o si, por el contrario, se ha cometido una incapacidad temporal fingida para, en este supuesto, actuar en consecuencia.

Aunque los casos son diversos las casuísticas de la misión que se encarga a un detective se repiten: demostrar que, pese a la baja, el enfermo continúa trabajando, comprobar que el paciente realiza actividades que no van acordes con su situación de incapacidad, reforzar el informe de alta ante impugnaciones del paciente, sospecha de mejoría en casos de incapacidad permanente revisable, lograr pruebas para remitir propuesta de alta médica al servicio público de salud en contingencia común y, finalmente, recalificación del grado de invalidez.

Para contratar un detective la Administración convoca un concurso público. Los informes de las mutuas reflejan que entre 2022 y 2023 la Seguridad Social adjudicó 366 contratos y que pagó a los investigadores por sus servicios casi seis millones. El coste unitario del servicio fue de 781,6 por proceso en el primer ejercicio y de 742,8 en el segundo y las actuaciones de investigación se elevaron a 3.420 en el primer año y 3.528 en el segundo. Pero la inversión inicial se recuperó con creces. Los pagos realizados a los detectives fueron muy inferiores a los ingresos que logró recuperar la Administración. En dos ejercicios el Estado ahorró más de 91 millones.

La sombra de los abusos se cierne sobre el alud de ausencias al trabajo. Más de ocho millones de bajas por enfermedad el pasado año y un coste de 14.000 millones han convertido la partida dedicada a pagar bajas laborales en el segundo gasto más elevado de la Seguridad Social tras las pensiones y, por lo tanto, en la segunda gran amenaza financiera para el sistema. El coste se ha disparado más de un 81% en el último lustro, casi el triple que el desembolso en pensiones, lo que ha encendido todas las alarmas en la Administración, que, sin embargo, sigue rechazando la ayuda de las mutuas para dar altas en los procesos traumatológicos, los más largos y el 80% de los casos de baja, pese a que son especialistas. Las previsiones son que este año el absentismo, teniendo en cuenta el gasto en bajas más el coste directo para las empresas, supere los 28.800 millones, un 98% más que en 2018.

El departamento que dirige Elma Saiz ha elaborado un acuerdo marco con instrucciones a las autonomías para recortar los gastos que aleja la participación de las mutuas en los procesos de alta en esos procesos traumatológicos; relega su participación a realizar pruebas, que, además, precisarán de autorización del médico de los servicios públicos de salud y del paciente.

Fracasados los intentos de controlar los abonos, y cerrada la puerta a un papel más activo de las mutuas en esos procesos traumatológicos la nueva vía que ha abierto ahora la Seguridad Social para extremar el control de las bajas es pedir datos complementarios de los trabajadores de baja a las empresa, tal y como avanzó este diario. Ante el fracaso de la iniciativa Saiz ha pedido apoyo a la CEOE que intermedie para que las empresas aporten en los partes de baja información sobre el puesto del empleado y las funciones que realiza para «comprender mejor las limitaciones derivadas de su patología y establecer una relación más precisa entre su estado de salud y sus funciones».

El roto que hace la IT en las arcas públicas es mayúsculo, pero el impacto que tiene en las cuentas de las empresas no es menor, teniendo en cuenta que en los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral, el abono del subsidio entre los días 4 a 15 de baja en el trabajo corre a cargo del empresario. A partir del decimosexto día de baja la responsabilidad del abono recae en la Seguridad Social o mutua en su caso, aunque el pago lo siga realizando el empresario. Es decir, el empresario abona como si fuera una nómina y luego la Seguridad Social o la mutua le paga al empresario. Así, el trabajador recibe este ingreso como si fuera una nómina, descontando del importe del subsidio la retención por IRPF y las cotizaciones.

Estos son algunos de los casos rastreados por los detectives que acabaron con el alta del trabajador o la negativa a recalificar su incapacidad:

Más de cinco meses estuvo de baja un trabajador de carpintería metálica por una lumbalgia, desde el 9 de agosto de 2021 hasta el 26 de enero de 2022. En marzo el trabajador tuvo una recaída y fue dado de baja de nuevo en abril, y la ausencia al trabajo se prolongó hasta septiembre. Meses después, en diciembre volvería a recaer de su lumbalgia y la Seguridad Social le mantuvo de baja hasta mediados de julio.

Su caso levantó las sospechas de la mutua, no tenía citas ni revisiones pendientes, y fue puesto en vigilancia tres días. Durante el seguimiento se vio al investigado conducir, entrar y salir del domicilio laboral, hacer tareas de la actividad con «soltura y normalidad, sin denotar dolor, como cargar y descargar objetos con las manos y, sobre el hombro, subir y bajar escaleras, caminar y levantar los brazos», además de atender al detective para un presupuesto.

Autónomo, en incapacidad temporal durante 193 días por una ciática. La mutua duda de una baja tan larga para esa patología y pone a los detectives a realizar un seguimiento durante dos días. Los investigadores localizan al trabajador en un mercado ambulante realizando las tareas de montaje de la parada, sacando prendas de ropa y los palos para colocarla dentro de la furgoneta. Como prueba, los detectives sacan fotografías del autónomo cargando grandes cantidades de ropa y «agachándose continuamente» para descargar la furgoneta. No observan ninguna limitación funcional.

Las pesquisas de los detectives tuvieron el peor final para el autónomo, al que se le suspendió el cobro de la prestación pública. Decidió reclamar esta decisión sin ningún éxito y fue dado de alta por los servicios médicos.

Once meses en incapacidad temporal. Es el caso de un abogado, que tiene un accidente no laboral después de una caída accidental desde una silla, que le provocó «mucho dolor e imposibilidad de hacer vida normal». La mutua consideró que las lesiones que tenía el enfermo no eran tan limitantes como decía el afectado y pensó que podría estar realizando sus tareas laborales habituales en el despacho de su propiedad.

Cuando los detectives comenzaron sus averiguaciones comprobaron que el investigado andaba y se movía sin ninguna limitación y que, efectivamente, trabajaba en el despacho, en el que atendía y asesoraba a los propios detectives, además de desplazarse en moto para visitar a diferentes clientes. El resultado de las observaciones de los detectives fue que el trabajador autónomo fue dado de alta.

Un dolor articular en el hombro provocó una baja de cinco meses para un gerente de una explotación ganadera, periodo de tiempo en el que no experimentó mejoría alguna. Por ello, levantó sospechas y fue citado a una consulta médica, donde no convenció y la mutua decidió entonces ponerle un seguimiento por los detectives durante dos días.

En el transcurso de las pesquisas, los profesionales comprobaron que el enfermo acudió a una tienda de suministros, donde compró comida para los animales, condujo hasta la explotación ganadera y descargó el coche con todos los productos comprados, además de distribuir la comida y el agua entre los animales. La investigación dio como resultado que este profesional agrícola realizó la actividad cotidiana con total normalidad, a pesar de estar en situación de incapacidad temporal.