El alza del salario mínimo asfixia a las pymes y autónomos en pleno frenazo laboral

Sin embargo, las empresas advierten de que la medida está plagada de improcedencias. Recuerdan en este punto que el empleo lleva meses mostrando síntomas de fatiga y que el año pasado se saldó con un importante ajuste en el tejido productivo, llegando a perderse 111.000 autónomos en el conjunto del año. Siendo estos los responsables de siete de cada diez empleos asalariados en nuestro país. A lo que se suma la caída de 215.000 empleos en el primer mes de 2023.

«Las pequeñas y medianas empresas son las que más acusan el alza de los costes laborales derivada del aumento del SMI por su reducida estructura, su pequeña plantilla, su menor productividad e inferior aprovechamiento de las economías de escala», apuntan desde la patronal Cepyme.

En este punto, cabe recordar que no solo se incrementa de forma automática la nómina de los 2,5 millones de trabajadores que perciben el SMI en España -de casi 100 euros si tiene la nómina en doce pagas y de unos 80 euros si es en catorce-, sino que también crecen los costes para el empresario de cara a la Seguridad Social. Entre cotizaciones y el propio salario, la subida del 8% del SMI supone un aumento de costes de 1.547 euros más al año por cada empleado.

«Esto va a suponer un añadido para los costes laborales de muchas pymes y autónomos», señalaba el presidente de ATA, Lorenzo Amor, tras conocerse el acuerdo del Consejo de Ministros que será publicado en el BOE con efectos desde el primer día del año.

«Hay que dejar claro que el SMI no se concentra en las grandes empresas y que ninguna de ellas va a tener que cerrar porque haya subido un 8% el salario mínimo pero muchos autónomos y muchas pequeñas empresas van tener dificultades», advierte el representante de los trabajadores por cuenta propia.

Con todo, según explica Cepyme existe un claro coste en términos de empleo a costa de la mejora de las condiciones laborales para los perceptores del salario mínimo. Concretamente, la patronal señala que el aumento del SMI desde 2018, del 47%, ha provocado la destrucción de 105.800 puestos de trabajo y evitado la creación de 150.400 empleos, minando en especial a los colectivos de más difícil inserción laboral: los activos de baja cualificación, jóvenes y mujeres.

De hecho, cabe recordar que la medida se toma un mes y medio después de lo que marca la ley. Y se produce tras un espinoso proceso de negociación que ha congregado al Gobierno y los sindicatos, y en el que el gabinete capitaneado por la vicepresidenta Yolanda Díaz ha orillado a la patronal desoyendo su propuesta de subida del 4%.

Pero no solo ha desechado los argumentos de CEOE sino que Trabajo tampoco ha tenido en cuenta el informe encargado al equipo de la catedrática de Economía Sara de la Rica y en el que se advertía de los daños para el empleo -calculan que la subida de 2019 se llevó por delante casi 30.000 puestos de trabajo- y el aumento de posibilidades de perder el puesto de trabajo.