La Airef estima que las ayudas por la DANA retrasarán el objetivo de reducir el déficit por debajo del 3% a 2026
La Autoridad Fiscal estima que cerrará 2024 en el 3,3%, aunque esas tres décimas de desviación son atribuibles a las ayudas a los afectados
La desviación no afectaría a los compromisos de España con Bruselas al tratarse de un evento excepcional
Ni en 2024 ni probablemente en 2025. El objetivo de reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB se hará esperar hasta el año 2026 salvo que las administraciones públicas españolas adopten a lo largo del año que acaba de empezar medidas ... que les permitan reducir sus desequilibrios más de lo previsto a la luz de sus planes actuales. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que es el organismo encargado de fiscalizar las cuentas públicas y velar por su gestión responsable, ha avanzado este jueves su previsión de cierre de las cuentas públicas de 2024 para el que prevé un déficit público del 3,3%.
La cifra se sitúa tres décimas del 3% previsto por el Gobierno, si bien esta desviación se explica íntegramente por el impacto fiscal de las medidas de ayuda dispuestas por la distintas administraciones para los afectados por la DANA del pasado mes de octubre y por tanto no cuestionará el cumplimiento del compromiso adquirido con la Comisión Europea.
La Autoridad Fiscal estima que las ayudas anunciadas por el Gobierno, la Generalitat Valenciana y las administraciones locales a los afectados por la DANA tendrán un coste agregado equivalente a unas seis décimas de PIB, que se repartirá casi a partes iguales entre 2024 y 2025. Bajo esta premisa, y siguiendo la senda diseñada por el propio Gobierno, la factura de estas ayudas impediría que el déficit bajara del 3% también en 2025 para cuando el Gobierno estimaba un desequilibrio inicial del 2,7% que se iría hasta el 3% con el efecto de las ayudas.
Eso, es en el mejor de los casos, ya que la previsión de base de la Airef situaba ya antes de estimar el impacto de las medidas de la DANA el déficit de las administraciones públicas por encima del 3% en 2025.
La factura de la DANA
El ejercicio realizado por los técnicos de la Autoridad Fiscal para evaluar el impacto fiscal de la DANA eleva a 18.364 millones de euros el montante total de las medidas anunciadas por las diferentes administraciones. La parte más importante corresponde al Estado, que ha puesto encima de la mesa 16.645 millones de euros entre avales, ayudas directas, medidas de alivio fiscal y rebajas de cotizaciones sociales a los afectados por los ERTE. Las medidas planteadas por la Comunidad Valenciana ascenderían a 1.379 millones, en tanto que las planteadas por las corporaciones locales sumarían 340 millones de euros.
Tanto en el caso de las ayudas dispuestas por la administración autonómica como por la local todo ese esfuerzo tiene impacto directo sobre sus cuentas, no así en el caso del Estado para el que por unas razones u otras el impacto previsto en sus cuentas es mucho menor, de 7.842 millones, es decir, que menos de la mitad de los fondos que ha puesto encima de la mesa tendrán impacto sobre su déficit.
¿Por qué? Por diversas razones. La Autoridad Fiscal explica por ejemplo que la línea de avales de 5.000 millones de euros, que infla de manera significativa el esfuerzo económico realizado por el Estado, solo tendría en principio un impacto negativo sobre el déficit del Estado de unos 300 millones de euros, en los que se estima el coste financiero de esta operación. Aunque esa factura podría ser mayor en la medida en que se avale a particulares o empresas que posteriormente no puedan hacer frente a los préstamos bancarios recibidos.
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Otro ejemplo son los 600 millones de euros en aplazamientos del segundo pago del Impuesto sobre la Renta o de los pagos programados de pymes y autónomos, que constituyen una medida de alivio transitorio pero sin efecto real sobre la recaudación del Estado ya que el pago se aplaza, no se perdona.
La Airef también ha ajustado el coste previsto de otras medidas que no han tenido el despliegue que se esperaba. Es el caso de la factura asociada a la aplicación de ERTE por fuerza mayor, cuyo coste asociado se estimó en cerca de 1.500 millones de euros, pero que según las estimaciones de la Autoridad Fiscal supondrá finalmente una cuantía bastante más reducida, de 291 millones de euros -menos de una quinta parte de lo previsto- porque se han acogido 32.000 trabajadores, una cifra muy inferior a los 350.000 beneficiarios. Ocurre lo mismo con la compensación de las exoneraciones al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) comprometida por el Estado, a la que se atribuyó un impacto de 603 millones de euros y según Airef se quedará en 93 millones de euros.
La Autoridad Fiscal, como ya había anticipado, también ha revisado al alza las previsiones de crecimiento de la economía española tanto para 2024 como para 2025. La previsión para el año pasado pasa del 2,9% al 3,1% y la de 2025 del 2,3% al 2,5%.
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