Bruselas incluye a España en el aprobado general a los planes de ajuste fiscal a la espera de las medidas concretas para 2025
El Gobierno esquiva la amenaza de caer dentro del procedimiento de déficit excesivo tras sacar adelante el paquete fiscal para el año que viene
España es uno de los cinco países que ha decidido prolongar durante siete años su fase de ajuste fiscal

El Gobierno ha salvado el primer examen de la Comisión Europea a sus planes de ajuste fiscal, aunque lo ha hecho solo de manera parcial. Con el presumible proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025 embarrancado en las arenas de su frágil respaldo ... parlamentario, los funcionarios de Bruselas solo han podido evaluar el plan de ajuste fiscal estructural a siete años remitido a mediados del pasado mes de octubre, a la espera de que el plan presupuestario en el que el Ejecutivo debe volcar las medidas concretas a aplicar para el próximo año se remita a la Comisión. Algo que desde el área económica ya se ha dicho que no sucederá hasta que se presente el proyecto presupuestario.
La Comisión Europea ha concluido que el plan de ajuste fiscal estructural español -mucho menos concreto y detallado de lo que se previó en un principio en el propio reglamento europeo- cumple con los requerimientos establecidos y perfila «una senda fiscal creíble» para asegurar que la deuda entra en un camino de sostenibilidad y «se mantiene en niveles prudentes» a futuro. No se trata de un gran logro. Los funcionarios de Bruselas han llegado a la misma conclusión respecto a 20 de los 21 planes de ajuste fiscal estructural que han tenido la oportunidad de evaluar en esta tanda. Sólo en el caso de Países Bajos han requerido al país para que ajuste su senda de gasto neto máximo a los parámetros establecidos por la Comisión.
España es junto a Francia, Italia, Finlandia y Rumanía, todos ellos con problemas para poner sus cuentas en orden, uno de los cinco países europeos que han hecho uso de la posibilidad de ampliar a de cuatro a siete años el periodo disponible para culminar su plan de ajuste fiscal, a cambio de abordar reformas que faciliten ese ajuste.
Tampoco el plan español se ha ajustado al punto a los parámetros de evolución del gasto, especialmente en el caso de los gastos por envejecimiento de la población, que los funcionarios de la Comisión le remitieron en junio como referencia para elaborar el plan, como puso de manifiesto el análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), pero las cifras que el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa parecen haber convencido en principio a las autoridades europeas a la espera de que su evolución real desmienta o ratifique su finura.
El informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre el plan advirtió que los compromisos de ingresos y gastos incluidos en el mismo no garantizaban el cumplimiento de los objetivos planteados, pero la Comisión Europea ya avanzó allá por el mes de octubre que el análisis de las medidas lo haría año y año y que, por tanto, la parte más relevante del análisis no es la del marco general sino la de los planes presupuestarios que se vayan aprobando cada año y cuyas medidas sí advierte que fiscalizará de manera minuciosa.
Esa advertencia de Bruselas ha sido la que ha sembrado más inquietud en el Gobierno durante el proceso de negociación del paquete fiscal para 2025, hasta el punto de que ha sido utilizada, en principio en privado y finalmente de manera pública, como mecanismo de presión para conseguir el apoyo de los grupos parlamentarios a las subidas fiscales planteadas, sin cuya aportación en forma de nuevos ingresos el análisis de Bruselas respecto a la posición fiscal de España de cara a 2025 podría resultar un problema, según avisaron en privado fuentes del Ministerio de Hacienda a los grupos parlamentarios durante aquella negociación.
Sin expediente por déficit excesivo
Otro flanco abierto era la posibilidad de que España cayera dentro del procedimiento de déficit excesivo, después de que la Comisión Europea hubiera decidido no abrírselo en primavera pese a haber cerrado el ejercicio de 2023 con un déficit superior al 3% del PIB por la expectativa de que fuera capaz de poner sus cuentas en orden antes del inicio de 2025.
La fuerte desviación de la evolución del gasto primario neto de medidas de ingresos, que es la métrica que se utiliza para medir el cumplimiento o no de los objetivos de consolidación fiscal, respecto a lo previsto por la Comisión Europea para este año, en el que Bruselas estimaba un crecimiento del 3,8% y el plan del Gobierno un 5,3%, y la desviación de las cuentas de las comunidades autónomas habrían sembrado la incertidumbre respecto a que el Reino de España pudiera cerrar 2024 con un déficit inferior al 3% del PIB como se había comprometido. Los funcionarios de Bruselas han entendido que si bien la situación presupuestaria de España no ha mejorado desde primavera, tampoco ha empeorado y que, por tanto, no merece la pena abrir un expediente por déficit excesivo al país.
El Ministerio de Economía ha recibido con alborozo la noticia de que la Comisión Europea haya validado el plan fiscal estructural de España. «La Comisión ha vuelto a situar a España en el grupo de buenos alumnos (en este caso junto a otros 20 países de la UE) respaldando la hoja de ruta e inversiones y reformas que sustenta nuestro modelo de crecimiento equilibrado«, ha dicho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en un comunicado.
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