Airbnb sufre un segundo varapalo judicial, que avala la retirada de 65.000 anuncios de pisos turísticos
En la casilla de salida están otros 55.000 pisos turísticos que según el Ejecutivo no cumplen la normativa
Consumo quiere acabar con la renovación automática de las suscripciones a aplicaciones
Jóvenes a las puertas de un piso turístico en Madrid
Por segunda vez este año, los tribunales han avalado la estrategia del Ministerio de Consumo en la guerra que mantiene con Airbnb a cuenta de los pisos turísticos, con la publicación esta semana de una sentencia que rechaza el recurso presentado por la plataforma ... contra la obligación de retirar 34.728 anuncios de su web. En línea con lo que ya dictaminó en mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a considerar que la exigencia del departamento que dirige Pablo Bustinduy contra la plataforma -una medida cautelar- está justificada. En ese primer auto, el TSJM avaló la retirada de 5.800 anuncios, que se suman a los 34.728 a los que se refiere la sentencia dada a conocer hoy.
Y todavía faltan 24.000 anuncios por los que Airbnb todavía no ha presentado recurso y seguramente no lo hará, dado el resultado hasta ahora. A decir verdad, en julio la plataforma ya retiró el total de anuncios señalados por Consumo, que suman 65.000.
Concretamente, el ministerio detectó tres ilegalidades: no incluir el número de licencia o registro, que es obligatorio en varias normativas autonómicas y supone la infracción más común en la publicidad analizada; incluir números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades; y no indicar en los anuncios la naturaleza jurídica de los arrendadores (profesionales o particulares), una cuestión fundamental, por cierto, para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.
Para el departamento que dirige Bustinduy -de la parte de Sumar del Gobierno- se trata de una victoria simbólica de calado, pues la publicidad 'online' y los pisos turísticos son dos frentes de batalla en los que su partido pretende destacarse, dentro del gobierno de coalición. Además, Bustinduy cuenta con la libertad de acción que le da el marco competencial aprobado por el Gobierno en 2022, que otorgó a Consumo la capacidad de vigilar el cumplimiento de las leyes de protección de los consumidores, una atribución que hasta ese momento solo tenían las comunidades autónomas.
En apenas unos meses se han abierto investigaciones sobre plataformas de alquiler de vivienda (Alquiler Seguro, por ejemplo) y aplicaciones de música (Spotify), además de una muy polémica denuncia sobre posibles irregularidades en la venta de las entradas de la gira española que celebrará el músico Bad Bunny en 2026.
Y el frente de los pisos turísticos, la ofensiva no termina hoy, pues en la casilla de salida están otros 54.728 anuncios que según el Gobierno no disponen de número de registro. Estos últimos son las primeras víctimas de la última disposición legal aprobada por el Consejo de Ministros en este frente, un Registro Único de Arrendamientos que -merced a una directiva europea, en realidad-, desde el pasado uno de julio obliga a todos los alquileres de corta duración a inscribirse en una base de datos a nivel nacional.