El FMI advierte del riesgo de que los impuestos extraordinarios a las energéticas retraigan la inversión en renovables
El gravamen impulsado por el Gobierno incurre en varios de los potenciales errores de diseño que señala el organismo en su documento
Pedro Sánchez y María Jesús Montero
«Hay que tener mucho cuidado con los impuestos temporales a los beneficios extraordinarios«. El creciente activismo fiscal de los gobiernos de todo el mundo -incluido el español- para financiar con los ingresos extraordinarios que supuestamente están obteniendo las empresas energéticas por la ... escalada de los precios del gas y la luz las políticas para paliar los efectos de la inflación sobre ciudadanos y tejido productivo ha aconsejado al Fondo Monetario Internacional (FMI) a difundir una serie de recomendaciones para evitar que la solución sea peor que el problema.
La guía del FMI no deja en buen lugar el gravamen temporal energético impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que incumple varias de las normas básicas de funcionamiento definidas por el organismo. El documento se inclina por gravar esos beneficios con figuras permanentes ya existentes en el ordenamiento tributario, más que con nuevos gravámenes temporales, que, asegura, «tienden a aumentar el riesgo de los inversores, pueden ser más distorsionadores y no aportan ingresos por encima de los de un impuesto permanente sobre las rentas».
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PSOE y Unidas Podemos, por su parte, han preferido esquivar la opción de implantar un gravamen adicional a energéticas y entidades financieras a través del Impuesto sobre Sociedades y han optado por una enrevesada prestación patrimonial no tributaria para tratar de evitar futuros litigios por una eventual doble imposición.
El FMI insta también a los países a evitar gravar la generación de electricidad renovable, una excepción que no prevé la proposición de ley impulsada en España, lo que consideran contraproducente y «puede inhibir futuras inversiones en el sector».
Otra recomendación que impacta en la línea de flotación del gravamen ideado por el Gobierno español es la de aplicarla «de forma clara sobre los beneficios excesivos», otro elemento que en España se ha tratado de esquivar para ahorrarse la compleja tarea de definir esos beneficios extraordinarios. La norma que ya ha iniciado su camino parlamentario en España prevé gravar la cifra neta de negocios de las empresas energéticas, justo lo que desaconseja el FMI «ya que esto puede ser inflacionario y es más probable que reduzca la inversión».