Consumo podrá interponer multas de hasta un millón de euros a las empresas en caso de fraude

Con la reforma de la Ley General de de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), el Ministerio de Consumo tendrá competencia sancionadora en casos de fraudes masivos que afecten a varios países, a la unidad de mercado o cuando el infractor no esté localizado en España, como las estafas que se dan en el comercio electrónico. Las nuevas sanciones máximas que podrá imponer el Estado serán de hasta un millón de euros u ocho veces el beneficio ilícito obtenido si la infracción ha sido cometida en España, y hasta el 4% del volumen de facturación de las empresas cuando se cometan infracciones en varios estados miembros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, Garzón señaló la importancia «crucial» del nuevo régimen sancionador, que, según él, corregirá la «asimetría de poder entre grandes operadores y las personas consumidoras». El titular de Consumo añadió que espera que el nuevo régimen sancionador actúe como desincentivo a la hora de cometer fraudes y abusos, pero deseó que «no haga falta utilizar esta herramienta». La nueva normativa habría permitido actuar al Ejecutivo con mayor celeridad ante casos como el 'dieselgate' o las cláusulas suelo, que afectaron a millones de españoles, según aclaró el titular de Consumo.

No obstante, las comunidades autónomas mantendrán las competencias sancionadoras que asumieron con la promulgación de la primera versión de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en 1984. Es decir, una autoridad de consumo autonómica podrá seguir multando y tomando medidas ante un fraude que afecte a consumidores de distintas regiones. Por su parte, el Ministerio podrá iniciar expedientes sancionadores y aplicar multas proporcionales a la gravedad de los hechos , el número de consumidores afectados y el beneficio ilícito obtenido por una compañía determinada.

Desde Facua explican que el Gobierno, a instancias de Consumo, da así cumplimiento a una reivindicación que la asociación lleva planteando desde 2015 y que comunicó a Garzón al inicio de la legislatura.

Esta reforma también permitirá perseguir la práctica desleal de reventa de entradas a espectáculos mediante «bots» y en el caso de que impida que los consumidores accedan al mercado con normalidad. Además, se recoge por primera vez la prohibición de la publicidad encubierta en redes sociales, hasta ahora no regulada expresamente, y la publicación de reseñas y valoraciones falsas o pagadas por el fabricante en los productos a la venta en internet. En este sentido, el empresario tendrá que garantizar que las valoraciones publicadas proceden de consumidores o usuarios que realmente han adquirido el bien o utilizado el servicio.

En la misma línea, la reforma incluye controles a los buscadores online cuando otorguen puntuaciones y valoraciones superiores a bienes o servicios con respecto a los de sus competidores y no informen a los consumidores de que su posicionamiento responde a publicidad pagada. Con la modificación, los motores de búsqueda tendrán que incluir una descripción de los parámetros utilizados para establecer la clasificación de los resultados. En el caso de que un precio haya sido personalizado para el consumidor , sobre la base de una toma de decisiones automatizada, se deberá informar de este hecho.