El Supremo se opone a que se indulte a Alfredo Sáenz

Según fuentes del Alto Tribunal, los cinco magistrados de la Sala de lo Penal que condenaron al ejecutivo bancario el pasado mes de marzo han considerado que no se aprecian «razones de justicia o equidad» para que se le conceda el indulto.

La posición del Supremo coincide con la expresada por los empresarios catalanes que fueron denunciados falsamente en 1994 por Sáenz y otras dos personas como medida de presión para que pagaran las deudas de sus empresas con Banesto, pero es contraria a la que expresó la Fiscalía, que era favorable a la concesión de un indulto parcial.

Los empresarios catalanes consideraron que «la concesión de un indulto para las benignas penas impuestas» al número dos del Santander sólo podría entenderse como «el tributo del poder oficial al poder real de las finanzas».

Tampoco veían que existieran «razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública» para otorgar la medida de gracia, como las dilaciones indebidas que argumentaba Sáenz en relación al proceso penal o el impacto del ejecutivo en la «estabilidad» del sistema financiero español.

Cuando reciba el informe del Supremo, que no es vinculante, el Ministerio de Justicia deberá decidir si concede o no la medida de gracia a Sáenz, que sería sobre todo útil en relación a la pena de inhabilitación que se le impuso para ejercer cualquier actividad bancaria.

De hecho, el número dos del Santander no llegará a ingresar en prisión para cumplir la pena de cárcel, ya que es inferior a dos años y el ejecutivo carece de antecedentes penales. Para evitar el cumplimiento de la sentencia del Supremo, que considera además injusta, Sáenz recurrió el pasado mes de marzo al Tribunal Constitucional bajo los argumentos de que se habían v ulnerado sus derechos fundamentales.

El pasado mes de marzo, el Supremo condenó a Sáenz al considerar probado que dio instrucciones para que en 1994 Banesto presentara, a sabiendas de su falsedad, una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, con el objetivo de que pagaran 639 millones de pesetas que debían sus empresas.