Los propietarios alertan: vetar los desahucios avala a los okupas

«Los propietarios que forman parte de Asval son favorables a buscar soluciones para los inquilinos con dificultades temporales para pagar las rentas de sus alquileres por efecto de la crisis generada por la pandemia. Sin embargo, se manifiestan totalmente en contra de ofrecer estas mismas soluciones a los okupas ilegales », expresó la asociación ayer en un comunicado. Además, temen que esta ley provoque un «llamamiento» a la «okupación» al no haber repercusiones si el inquilino decide no pagar el alquiler.

También explican que si se dan casos de conflicto en las viviendas okupadas, el Estado tendría que responder ante la Justicia penal como responsable, «ya que los propietarios se verán privados de su derecho de propiedad y no podrán garantizar la seguridad de su vivienda» .

La medida, que lleva negociándose desde que el pasado 26 de noviembre el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, anunciara que se llevaría a cabo, podría llegar al próximo Consejo de Ministros. La directora general de Asval , Beatriz Torrijos, explica a este diario que el decreto generará «desprotección» a los particulares. «Los propietarios no están teniendo respaldo y se encuentran con una sobrerregulación que no les ayuda y que a la larga va a ser perjudicial para el mercado», comenta.

En principio, el decreto establece que se vetará el desahucio de familias vulnerables y serán las regiones las que ofrecerán una alternativa habitacional en un plazo de tres meses. Una medida que según la directora general de Asval «se sabe que no va a ser efectiva porque las comunidades autónomas no tienen viviendas sociales suficientes». Según los datos de Eurostat, el número de viviendas sociales en España solo representa el 2,5% del total , frente al 30% de Países Bajos, el 24% de Austria y el 17% de Francia.

La ley, según Torrijos, será a medio y largo plazo «perjudicial» para los colectivos que el propio Gobierno quiere proteger, es decir, a los de menos recursos. «Al haber menor seguridad jurídica y más desprotección al propietario, habrá menos oferta. Entonces, muchos propietarios velarán por no poner la vivienda en oferta o por buscar inquilinos lo más solventes posibles. Cuando pase esta situación, los jóvenes y las personas con menos recursos serán los más afectados», afirma.