Rebelión vecinal contra los okupas: «Tenemos miedo de las mafias que abren las casas. Nos amenazaron»

«Desde lo del coronavirus, esto parece que es Jauja. Y los vecinos tenemos que pagar la luz y el agua que consumen por las derramas que hace el Ayuntamiento al estar ellos enganchados al cableado municipal», dice.

José y su mujer son vecinos. Compraron su chalé hace dos años y medio con el objetivo de vivir tranquilos a las afueras de Madrid, pero a los seis meses les robaron joyas y algo de dinero que había en el interior. Culpan de la problemática que vive la urbanización a un grupo de delincuentes, también vecinos, que se encargan de averiguar qué casas están vacías y pertenecen al banco. En ese momento, las señalan, cambian la cerradura, hacen las llaves y las venden a los nuevos «propietarios». Los vecinos llaman « matones » a esta banda. «Hace tiempo que existe esta problemática aquí, pero nunca hemos dicho nada por miedo », revela Isabel, la mujer.

La vivienda contigua a la suya fue una de las usurpadas, pero, gracias a su organización, las caceroladas que montaron y la presión consiguieron echarlos. «Al final, los okupas son también víctimas de esta mafia. Lo que está mal hecho es que alguien venda una casa que no es suya», opina la perjudicada. A pesar de esto, el objetivo de sus acciones es evitar que lleguen nuevos okupas a su –hasta ahora– tranquilo barrio. Para ello, han creado una especie de patrullas vecinales que se encargan de controlar qué casas pueden ser deseo de esta mafia. Cuando los ven merodear, dan la voz de alarma.

«Desaparecen cuando ven la acción del vecindario, pero hasta entonces se encargan de proporcionarles alimentos y darles cobertura los días después de su llegada», explican los moradores, cansados de tener miedo en sus propias casas. Cuando los vecinos actúan son los propios «matones» los que se encargan de amenazarlos para que desistan de sus intenciones. «Algunas veces han sido los propios okupas los que nos han pedido ayuda para salir del pueblo y llegar a Madrid tras la presión ejercida. Otras, nos han pedido dinero para dejar las viviendas», continúan.

Eurovillas es una urbanización con más de 4.000 parcelas, en 3.000 hay viviendas, pero muchas de ellas son «casas dormitorio» o segundas residencias . Esto ha llevado a que algunos de los legítimos dueños no pudiesen pagar las hipotecas cuando llegó la crisis y los bancos se las quedasen. No hay casas de particulares okupadas. «Los últimos casos son de gente que no tiene necesidad de okupar . Si la tuvieran y quisieran buscar un trabajo no te vas a este tipo de chalés. Tardas una hora en transporte público en llegar a Madrid, aquí no hay trabajo . No queremos este tipo de okupación», afirma tajante el propietario, que tilda lo ocurrido de «barra libre» de okupación.

José habla también de las negativas consecuencias a las que se enfrentan, además de la preocupación, como la depreciación de las viviendas por la mala imagen que va adquiriendo la localidad. Pero hay algo más grave: las supuestas agresiones . A finales de julio, se enfrentó a uno de ellos, que no dudó en responderle con violencia. «Fui agredido brutalmente», sentencia. Del hospital salió con un brazo en cabestrillo y la pierna izquierda vendada, a consecuencia de los golpes recibidos en la cara, cuello, hombro izquierdo, rodillas y un pie, algo que ya ha denunciado.

Las casas okupadas son conocidas por todos en Nuevo Baztán. La Policía Local confirma este extremo. «Rompen las cajas de alarma para que dejen de emitir señal . Saben que los bancos no van a venir a comprobar qué pasa y a los dos días se meten dentro», cuenta uno de los agentes del pueblo. La última okupación que él presenció fue la de dos jóvenes que se hicieron con una casa de ocho habitaciones y cinco baños. «No suele ser gente necesitada. Muchos tienen antecedentes menores», revela, y critica también la falta de profesionales: «A veces solo hay una patrulla para toda la localidad, y de noche no hay ninguna . No podemos controlarlo todo».

Los okupas, sin embargo, niegan serlo. «Tengo contrato de alquiler desde hace ocho o nueve años. Son los vecinos los que nos señalan. El otro día le tiraron piedras a uno», dice Mari Cruz, pero se niega a mostrar ningún documento que lo acredite. La caja de su telefonillo está reventada y, en su lugar, hay un papel con números de teléfono a los que llamar para poder acceder.

La misma historia se la tiene aprendida Inés, habitante de la avenida Haya. «Vivo con mis hijos y pago un alquiler social desde hace siete años al Sareb», asegura. «Dicen que soy okupa porque fui en contra de los vecinos por hacer las caceroladas y por sus amenazas », subraya, pero ellos lo niegan.

El último episodio de tensión se vivió con un incendio de matorrales que afectó a varias viviendas y en el que once coches terminaron calcinados. Los moradores creen que lo provocaron los okupas, porque ya los habían amenazado con prender fuego.

A 20 kilómetros, en Pezuela de las Torres , los vecinos también se han rebelado. Ante el miedo, han creado grupos para identificar cualquier coche extraño que entre al pueblo. Actualmente, solo hay una casa en estas condiciones , pero aseguran que han intentado hacerse con al menos una decena más. «Los que están ahora sacaron un machete para evitar que protestásemos ante la casa en la que entraron», declaran los vecinos, que también hicieron caceroladas.

Jennifer, la okupa, afirma que entró en la vivienda porque no tiene alternativa habitacional. Se quedó en paro y, junto a su marido y su hija de ocho meses, compraron las llaves a una de estas organizaciones . «Cogí un cuchillo porque tenía miedo de que me hicieran algo, había 200 personas en la puerta», sostiene. Según ella, una semana antes los vecinos le destrozaron su coche y le cortaron la luz. «Solo quiero tener un techo para mi hija. Estoy en contacto con la mediadora del banco y con los Servicios Sociales . No tengo nada que ver con otras okupaciones», concluye.

En la Comunidad de Madrid hay, actualmente, 4.200 viviendas usurpadas, de las que 2.000 pertenecen a la Agencia de Vivienda Social; las restantes son de bancos o particulares, según el último recuento de la Consejería de Vivienda y Administración Local. Sus estudios desvelan que se observa un ligero descenso en la okupación desde finales de 2019, cuando se impulsó la mesa de trabajo. 600 de estas casas ya tienen expediente en los juzgados para poder ser recuperadas, algo que de momento se ha conseguido en 200.