El Gobierno pule el veto a los desahucios ante el previsible aluvión de demandas

La idea inicial del vicepresidente de asuntos sociales, Pablo Iglesias , era sacar adelante esta semana el decreto. Así lo transmitió el pasado 26 de noviembre, cuando anunció que el Ejecutivo prohibiría los desahucios «en un plazo de dos semanas» . El anuncio, según fuentes gubernamentales, sorprendió al resto de ministerios implicados en la medida - Transportes, Economía y Justicia - conscientes todos ellos de los recovecos técnicos que implica llevar a cabo una iniciativa de este calado.

Pese a las cautelas impuestas desde el lado socialista, la semana pasada, el departamento dirigido por Iglesias volvió a adelantarse al resto filtrando que ya se había cerrado un acuerdo en el seno del Gobierno para prohibir los desahucios hasta el próximo 9 de mayo. En principio, solo se vetarán los lanzamientos de familias vulnerables y serán las regiones las que ofrecerán una alternativa habitacional.

Desde el ala socialista del Gobierno, sin embargo, puntualizan que «el acuerdo está cercano» , no que se haya cerrado ya. Además, aluden a la complejidad técnica que requiere blindar el nuevo decreto para que este no sea declarado inconstitucional. Según afirmó el miércoles el número tres del Partido Socialista, José Luis Ábalos , la medida saldrá adelante antes de final de año.

Los primeros en advertir la complejidad de la medida fueron los letrados del Congreso de los Diputados, que si bien no entraron en el fondo de la cuestión rechazaron aprobar el veto a través de una enmienda a los Presupuestos , como pretendía en principio Unidas Podemos. En su opinión, que no es vinculante, la medida no es propia de la la ley presupuestaria. La formación morada rebajó sus exigencias y aceptó que la prohibición se tramitase a través de un decreto-ley.

Ahora esta fórmula despierta nuevas dudas. Desde el despacho Le Morne Brabant Abogados explican que, con esta medida, «se ven enfrentados los derechos a la vivienda y a la propiedad privada, ambos fundamentales», por lo que «habrá que ir analizando caso a caso cada situación en la que se encuentren estas familias con la aportación de la documentación obligatoria y pertinente que pueden presentar tanto inquilino como propietario dentro del procedimiento judicial , para que así no pueda haber vulneración de derechos».

El sector inmobiliario ya ha advertido de que si el decreto se aprueba tal y como está planteado en estos momentos, iniciarán una auténtica guerra judicial contra el Gobierno . «El no permitir que los ciudadanos puedan acceder a recuperar su propiedad en caso de impago, es un grave atentado contra derechos constitucionales fundamentales como son la protección de la propiedad privada o la tutela judicial efectiva , de miles de familias que tienen sus ahorros y pensiones depositados en el alquiler de vivienda», advierte la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa), quien considera que «la inseguridad jurídica que introducen este tipo de medidas va a conseguir un fuerte deterioro en el valor de las viviendas», lo que supone un «ataque directo a los 3.000 millones de ahorros en ladrillo que cerca de 20 millones de españoles han generado».

Fuentes del sector añaden que la medida «es un atentado contra la propiedad privada» que además de espantar la inversión extranjera alienta la «okupación» ilegal de viviendas. Además, consideran que en el caso del alquiler serán los inquilinos vulnerables «los más perjudicados» por la iniciativa, «ya que los propietarios van a solicitar muchos más requisitos para alquilar sus viviendas, sabiendo que si sus inquilinos están en una situación vulnerable pueden dejar de pagar las rentas en cualquier momento».

Pero no solo hay presiones por parte de las inmobiliarias. «No puede ser que los bancos, fondos buitre, grandes propietarios y las energéticas de este país continúen dictando al supuesto gobierno progresista las leyes que han de aprobarse y las que no. Nos quedamos perplejas con la noticia de que desde el Gobierno no solo aplazan el #DecretoStopDesahucios , sino que encima le ponen trabas», aseguró ayer la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), muy cercana a Unidas Podemos.

En las últimas horas se reproducen los contactos entre distintas organizaciones del sector inmobiliario y el Gobierno. «No van a quedar tan descontentas con el resultado final del decreto» , aseguran desde el Ejecutivo. Las fuentes antes citadas, sin embargo, dan por hecho que si bien el decreto puede pulirse, las líneas rojas del acuerdo van a seguir en pie.