Plan nacional energético: la corriente que viene

Al margen de la polémica suscitada desde todos los sectores, por el dudoso ahorro de las medidas, y también por el criticado coste de pegar pegatinas para cambiar la velocidad en las señales de tráfico —cuya factura no bajaría de los 350.000 euros—, amén del sospechoso afán de recaudación de multas por exceso de velocidad —que generaría unos ingresos de 21 millones extra para el Estado—, cabe preguntarse cuál es el verdadero trasfondo de estas medidas que no han dejado inmune a nadie. ¿Es sólo una cuestión de ahorro por exceso de déficit o España tiene serios problemas de abastecimiento energético? Se abre de nuevo un debate que nunca ha dejado de estar encima de la mesa: la necesidad de una sólida reforma del sistema energético español.

Según declaraba el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, las medidas anunciadas se enmarcan dentro de un plan mayor de ahorro energético y, «no hay riesgo de suministro de petróleo y gas en nuestro país, pero nos hemos visto obligados a tomar algunas medidas para ahorrar energía y aligerar la factura energética por la crisis en el norte de África».

Sin embargo, en un acto de campaña en Andalucía, José Blanco, ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, dejó caer entre líneas un posible desabastecimiento de combustibles en España. Tal y como declaró ante un grupo de militares, «dentro de unos días veréis cómo dicen que la consecuencia de que no haya abastecimiento de petróleo es de Zapatero». ¿No hay abastecimiento de petróleo?

Tampoco se ponen de acuerdo en el Gobierno sobre cuál es el verdadero ahorro de limitar la velocidad a 110 km/h. Si Alfredo Perez Rubalcaba indicaba que la medida permitiría recortar hasta un 15% en gasolina y un 11% en gasóleo, días después José Blanco rebajó este porcentaje hasta el 5% y el 12%, en función del tipo de vehículo. El Ministro de Industria prefiere agarrarse al ahorro de un 5% en las importaciones de petróleo , lo que suponen 2.300 millones de euros. Demasiadas contradiciones. «Más incertidumbre», señalan algunas fuentes del sector energético consultadas.

Según Fernando Fernández, profesor del IE Business School, «la actuación del Gobierno es difícil de entender. No busca dar estabilidad y seguridad a la recuperación económica. Tampoco parece buscar votos porque algunas de estas medidas son impopulares, aunque quizás espere compensarlas con su giro intervencionista-ecologista. Una interpretación bondadosa sería pensar que el Gobierno tiene miedo a que le estalle otra crisis y le vuelva a pillar desprevenido y ha preferido ponerse la venda antes que la herida. Por lo menos esta vez nadie dudará de que ha respondido a tiempo, incluso antes de que haya crisis.

Una interpretación maliciosa —prosigue Fernández— subrayaría el desconcierto y la falta de criterio del ejecutivo; las prisas de los ministros por marcarse un tanto y por adelantarse a sus colegas de cara a la posible sucesión en el partido y, quién sabe, si en el gobierno. En cualquier caso, lo que no hay es una política energética seria y con fundamento».

No cabe duda de que los conflictos en el norte de África y los últimos acontecimientos del mundo árabe vienen a agravar aún más los modestos signos de recuperación incluso de los países más avanzados . Los temores a que las revueltas se extiendan por los principales países exportadores de hidrocarburos y gas natural y se produzca un alza en los precios del petróleo están ahí. Durante las últimas semanas el precio del petróleo se ha disparado y ha llegado a rozar los 120 dólares, nivel que no se alcanzaba desde agosto de 2008, cuando llegó a los 147 dólares. La especulación ya ha empezado a hacer de las suyas.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián ha querido, sin embargo, limitar el impacto a los precios al asegurar que en 2010, cada subida de 10 euros del barril de Brent supuso un incremento de 6.000 millones de euros de gasto energético en nuestro país. Y es que España dispone de escasas reservas de petróleo, puesto que su producción nacional en 2009 fue de 0,107 Mtep, lo que supone el 0,17% del consumo doméstico de crudo y productos petrolíferos.

El peligro de escasez en el abastecimiento se debe a que la reforma energética no se ha llevado a cabo en los tiempos necesarios , lo que ha expuesto a nuestro país a una excesiva dependencia del exterior. Una dependencia que hoy es la misma que hace 30 años, y que según los expertos es superior al 84%, muy por encima de la media europea, según las conclusiones del Informe 2010 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad.

Los principales actores del sector y numerosos analistas ya auguraban este declive y desde hace tiempo venían alertando al Gobierno de la urgencia de una reforma energética. Lo poco que se ha debatido ha estado condicionado fundamentalmente por posiciones ideológicas. Muchos temas han quedado en el tintero a pesar de que ha habido intentos de lo contrario . En julio de 2010 Miguel Sebastián y el portavoz de economía del PP, Cristóbal Montoro, se fotografiaron juntos haciendo alarde de la reunión mantenida para tratar el pacto energético. Sin embargo, las negociaciones se atascaron porque el Gobierno se resistía a mantener el precio de la tarifa de último recurso (TUR) y los peajes o tarifas de acceso, que retribuyen los costes regulados del sistema eléctrico, como las primas a las renovables, el transporte o la distribución, y que pagan todos los consumidores de electricidad. Ante este rechazo el portavoz económico del PP concluyó con un «apaga y vámonos». Finalmente, el 1 de enero de 2011, un total de 20 millones de usuarios españoles empezaron a pagar un 9,8% más en el recibo de la luz y un 3,93% más en gas, en lo que supuso la mayor subida en 27 años.

El déficit de tarifa, el cierre o no de las centrales nucleares, el coste de las energías renovables... son problemas urgentes que reflejan la ausencia de una estrategia energética nacional. En opinión de Fernando Fernández —profesor del IE Business School—, «hay que cambiarlo todo porque el problema energético ni es nuevo ni aguanta más demagogia». Asegura que debe haber cambios en el sistema de primas a las renovables que es fiscalmente insostenible ; en el carbón, que es la prolongación de una larga agonía; en los mecanismos de determinación de precios dándole autonomía a una Comisión Nacional de Energía competente e independiente; acabar con el déficit de tarifa, que es una ficción que pretende evitar que el consumidor asuma el coste real de la energía; y subir los impuestos al consumo de hidrocarburos que es la única política de eficiencia energética digna de tal nombre. Obviamente, esta nueva política —puntualiza— exige aumentar significativamente la contribución de la energía nuclear al mix energético, lo que tiene riesgos. Pero más riesgos tiene el paro y el déficit público. Suena muy fuerte, pero está todo escrito hace años y al ejecutivo le bastaría con desempolvar los propios informes de sus técnicos que estarán guardados en algún viejo armario del Ministerio».

Ante la dificultad por lograr un verdadero Pacto de Estado Energético, no son pocas las propuestas que desde diversos ámbitos se dan a conocer para construir los cimientos de una solución que se presenta para nuestro país necesaria a todas luces.

Esta misma semana Ignacio Galán, presidente de Enerclub y de Iberdrola, aseguraba que «todas las tecnologías de generación son necesarias, desde el convencimiento de que nuestro país, muy dependiente energéticamente, no puede permitirse el lujo de prescindir de ninguna de ellas, especialmente de las tecnologías limpias —hidráulica, nuclear y eólica—, que le permiten cumplir sus objetivos medioambientales y ganar en autosuficiencia».

Desde la Fundación Faes declaran la necesidad de definir una estrategia energética clara porque del grado de acierto con el que se acomenta la toma de decisiones estratégicas y las cuantiosas inversiones en el sector en las próximas décadas, dependerá que la energía sea para nuestro país una palanca de crecimiento y competitividad o una pesada factura que siga pagando toda la sociedad. «La política energética debe estar integrada con la política económica y ser plenamente coherente con ella», matizan.

En este intento, desde Faes se han elaborado 35 propuestas para una estrategia nacional. Consideran que constituye una prioridad la seguridad de abastecimiento energético y la continuidad del suministro en todas las situaciones, lo que supone un objetivo irrenunciable y prioritario. Apuestan por asegurar el funcionamiento competittivo de los mercados eléctricos y de hidrocarburos liberalizados mediante el fomento de una mayor competencia efectiva y el reforzamiento de los mecanismos de vigilancia ante comportamientos oligopolístas. También ven la necesidad de poner una fecha límite improrrogable a las ayudas al carbón nacional y, a la vez, concentrar las actuaciones sobre la minería del carbón en los planes de reconversión profesional de los mineros.

En relación a las energías renovables apuntan que hay que reformular políticas de fomento de estas energías y de otras tecnologías bajo el actual Régimen Especial sobre los principios de sostenibilidad, eficiencia económica y competitividad nacional.

En Faes también señalan que mientras persista la acumulación de déficit de tarifa, debe haber una suspensión temporal en la instalación de nuevas plantas de producción eléctrica que requieran de apoyos fuera del mercado. Añaden que hay que eliminar de las tarifas y de los peajes del sector de la electricidad todas las subvenciones a fin de que contengan sólo costes regulados vinculados a las actividades de generación, transporte y distribución de electricidad no liberalizadas.

En lo que respecta a energía nuclear, anuncian que hay que revocar el cierre de la central de Garoña. Se manifiestan a favor de asegurar el alargamiento de la vida de las centrales nucleares hasta los sesenta años mientras cumplan con las estrictas condiciones de seguiridad del Consejo de Seguridad Nuclear. También proponen iniciar un plan de selección de emplazamientos para nuevas centrales nucleares.

En un intento de reducir la dependencia energética, en Faes apuntan que hay que fomentar el desarrollo tecnológico y priorizar programas de I+D en áreas como el ahorro de energía, soluciones domóticas, desarrollo de redes eléctricas inteligentes...

Asimismo, la Fundación Alternativas ha realizado para el Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, el informe «España ante el reto de la seguridad energética», elaborado por la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, Soledad Segoviano. En este documento se especifica que se debe dar prioridad a la seguridad en el suministro con el fin de garantizar a corto y largo plazo un abastecimiento energético seguro, estable y de calidad.

La consecución óptima conlleva la planificación y desarrollo de una política de gobierno construida sobre la base de cinco grandes ejes estratégicos: desarrollo de infraestructuras para el transporte de energía, mejora de las interconexiones eléctricas y gasistas, impulso del autoabastecimiento, mediante energías renovables y sin descartar la aportación de la energía nuclear, la diversificación en los aprovisionamientos, y el incremento en la capacidad de los almacenamientos subterráneos de gas.

En esta línea, hacen especial hincapié en que las energías renovables y la energía nuclear se conviertan en las dos vías de autoabastecimiento energético para España. Es más, conforme con la propuesta del Gobierno de prolongar la vida útil de las centrales nucleares, Soledad Segoviano reconoce que se debería apostar por construir centrales nucleares de nueva planta . Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en España hay ocho plantas nucleares en funcionamiento: Santa María de Garoña (Burgos), que entró en funcionamiento en 1971, y el resto que empezaron a funcionar en la década de los 80: Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara). Con ellas, España se sitúa en el duodécimo país del mundo por número de centrales nucleares. El ranking lo encabezan Estados Unidos, con 104 plantas, seguido de Francia y Japón, con 58 y 55 respectivamente.

También apuntan el reto al que se enfrenta España en cuanto a la precaria situación de los almacenamientos subterráneos de gas en el país, «donde el sistema energético, a día de hoy, y en caso de grave interrupción en el suministro ante una situación geopolítica excepcional, no dispone de la capacidad operativa adecuada para garantizar los 21 días de demanda , de modo que debería recurrirse a la seguridad internacional. Este aspecto sí que se halla cubierto en el caso del petróleo para un plazo de 90 días, por encima de la veintena de días estipulados a nivel legal».