Mochila austriaca, la reforma que siempre se queda colgada

Algunos expertos reivindican las bondades de un mecanismo que debería fomentar la contratación y rebajar la temporalidad, pero sus detractores apuntan que eliminaría las trabas al despido, desincentivando la búsqueda de otras soluciones alternativas, y supondría un aumento de los costes laborales. Suene su música mejor o peor, en lo que parece haber consenso sobre el instrumento es en que difícilmente se puede aplicar al actual mercado laboral español si no llega ligado a otras reformas.

Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas (EAL-CGE), cree que su implantación sería positiva, pero «no es la panacea», porque debería ir acompañada de más medidas para dinamizar el mercado laboral y apuntalar el sistema de pensiones. En todo caso, Pereira considera que el modelo ofrece varias ventajas. «Su aplicación facilitaría la movilidad laboral. Muchas veces, el mayor freno para cambiar de empleo de forma voluntaria son los derechos adquiridos que los trabajadores tienen en su puesto», explica. El sistema también «mejoría el poder adquisitivo del jubilado, en un momento en el que parece clara la tendencia a que las pensiones vayan a ser mucho más reducidas». Según el presidente de EAL-CGE, el fondo también evitaría «los desequilibrios financieros que a veces sufren las empresas en el momento en que tienen que asumir una regulación de empleo o cualquier problema relacionado con la plantilla. Con la mochila eso ya no se produciría, porque los derechos para las indemnizaciones se irían pagando mes a mes». De facto, defiende, sería el fin de la dualidad contractual «porque la disyuntiva entre contrato indefinido y temporal lógicamente está unida a la indemnización por el despido, y si la eliminamos vamos clarísimamente a un único contrato».

¿Pero cómo se puede introducir esta medida en España? Juan Pablo Maldonado, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, ve un acoplamiento complejo. Considera que «la importación de esta institución jurídica, tal y como opera en Austria, para empotrarla en nuestro sistema de relaciones laborales, con sus peculiaridades y condicionantes, sería un desastre». Maldonado subraya que «para empezar, habría que acomodar esa institución a la ordenación española del despido. Lo normal es que la formula austriaca se aplicara únicamente a los supuestos de despidos por causas objetivas; tal vez sólo a los despidos por causas económicas. Sería razonable que tanto la indemnización por despido improcedente como la indemnización por extinción del contrato por decisión del trabajador basada en incumplimiento del empresario siguiesen corriendo completamente a cargo del empresario», defiende este experto. La «mera importación sería traumática para la sociedad española», insiste, pero podría funcionar una adaptación a nuestra realidad. «Parece recomendable que, como estaba previsto en la reforma de 2010, la indemnización de despido por causas objetivas sea compartida entre el empresario y un fondo de capitalización. Exonerar al empresario de cualquier coste del despido —el despido libre— sería excesivo en el mundo laboral español. Por otro lado, en una sociedad como la española, que envejece a pasos de gigante, habría que ser muy cauteloso con facilitar despidos de trabajadores maduros. Habría que encontrar el modo de evitar prácticas discriminatorias en ese sentido», apunta.

Robeto Pereira cree que el escollo de los derechos indemnizatorios de los trabajadores en activo tendría solución. «Habría que aplicarlo con un periodo transitorio para que el sistema fuese absorbiendo los derechos ya adquiridos», explica el presidente de EAL-CGE, que pone como ejemplo los coeficientes reductores del IRPF que Hacienda ha comenzado aplicar a las ganancias patrimoniales. Maldonado encuentra otro gran handicap en cómo financiar la medida «en un horizonte nada halagüeño para las pensiones, en el que los costes de Seguridad Social ya son bastante elevados». En este sentido, Roberto Pereira no ve «nada descabellado» que la medida se acompañe de una reducción de las cotizaciones sociales, «lo que alentaría la contratación, que es la solución al desequilibrio que hay en las cuentas de la Seguridad Social». Maldonado, sin embargo, cree que el fondo «sería para los empresarios un coste laboral más que se trasladaría a los propios trabajadores y a los consumidores, a la sociedad en su conjunto».

Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IESE Business School, coincide en que esta mochila solo es un instrumento más que debe llegar acompañado de otras reformas. «Todo el entramado pensiones-trabajo difícilmente se puede arreglar por separado y con parches. Es muy difícil pensar en esta mochila sin replantearse la protección laboral en general (en la que ahora hay varios instrumentos redundantes, heredados de distintas legislaciones), y el sistema de pensiones. Díaz-Giménez propone una revisión del Estatuto de los Trabajadores, «una actualización para el mundo en el que vivimos, empezando por la ley de huelga. La mochila debería llegar unida a un cambio de los costes de despido. Hay que ponerlo más fácil para contratar. Tenemos la temporalidad y la calidad de empleo que tenemos porque el modelo no permite otra cosa. Por ejemplo, no se explica que en España haya tan poco trabajo a tiempo parcial, cuando su economía lo pide a gritos», explica. La mochila, defiende Díaz-Giménez, «racionalizaría el sistema de instrumentos de indemnización, pero teniendo en cuenta que debería ser un sustituto de los actuales, no un extra». Además concede que, «claramente se generarían derechos desiguales, pero esto ya sucede ahora porque los temporales y los indefinidos son trabajadores con derechos distintos».

El profesor del IESE, que asegura que los grandes obstáculos para la implantación del modelo «no son económicos, sino de falta de voluntad política para resolver problemas», señala la importancia que el modelo austriaco puede tener como «componente de matiz integrador de la Europa social». Si la adoptaran todos los países, facilitaría la movilidad y se podría usar para financiar pensiones mínimas de carácter europeo. En general, sería interesante que cada país aplicara las mejores prácticas de los demás en materia laboral, para que todos acabaran en el mismo sitio», concluye. Con sus pros y sus peros, la traída y llevada mochila vuelve a estar sobre la mesa en el arranque del curso.

La fascinación política por el modelo austriaco viene de lejos, pero ha superado el tortuoso camino que separa las hipótesis de los hechos. Llegó a estar presente en un borrador de la reforma laboral que el Gobierno Zapatero acometió en 2010, pero finalmente el proyecto, que apareció después en los programas electorales del PPen 2011 y 2105, se frustró. Junto al contrato único, es otro de los mantras de Ciudadanos en política de empleo. De hecho, es una de las reformas incluidas en el pacto alcanzado con los populares en agosto de 2016 para la investidura de Rajoy. Tanto PP como Cs apoyaron en marzo en la Comisión de Empleo del Congreso una iniciativa de PDdeCAT que instaba a aprobar este fondo de capitalización. La proposición contó con el apoyo del PNV, pero Unidos Podemos y el PSOE se posicionaron en contra, a pesar de que Pedro Sánchez había aceptado implantar el sistema en la negociación con el partido naranja para su frustrada investidura.