Jueces, abogados y economistas avalan la reforma laboral, pero piden ir más allá

Los firmantes de documento «Por un nuevo marco legislativo laboral» abogan por un gran pacto político para acometer nuevos cambios. «La necesidad de una regulación legal -afirma- no se plantea como otra reforma laboral más, vinculada a determinada opción política y ligada a su suerte en cada cambio de legislatura o en cada cambio de color político del gobierno ». Explican que en ese pacto legal los interlocutores sociales «han de asumir el papel protagonista, prioritario para la eficacia de la ordenación legal».

Respecto a los contratos temporales señalan que la ley debe asegurar fórmulas causales en atención a las necesidades coyunturales de las empresas, y de los contratos formativos, eliminando los fórmulas de carácter temporal, «acausal, precarias, inciertas y de coste no precisamente inferior al que resultaría del devenir tradicional que espera a un contrato indefinido ». Refleja el documento que «ni la estacionalidad ni la especialización productiva española justifican el alto número de contratos temporales, de muy escasa duración en un elevado porcentaje, ni el uso abusivo de encadenamiento de contratos».

El trabajo ha sido coordinado por María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional y entre los que lo rubrican hay magistrados (Jordi Agustí Juliá, Ricardo Bodas, Fernando Salinas, Fernando Valdés o Rosa María Virolés); abogados laboralistas (Carlos de la Torre García, de Baker & Mckenzie, Román Gil, de Sagardoy Abogados y Fernando Moreno, consejero de Arinsa); responsables laborales de empresas como El Corte Inglés, Iberia, Correos, Seat o Bankia. También han participado técnicos de la CEOE, UGT y CC.OO.

Los expertos destacan la «incoherencia» que provoca la contratación temporal en el sector público, a la vez que avisan de la falta de eficacia que han tenido los incentivos a la contratación estable . «Los estímulos a la estabilidad contractual son inadecuados, están mal repartidos y funcionan mal». Duro es su mensaje sobre la contratas y subcontratas, incluidas las que realizan las multinacionales. Afirman que la regulación de este tipo de trabajo «ha de basarse en razones de especialización productiva, evitando su utilización como mecanismo de 'dumping' social».

Sostienen que una herramienta útil para acabar con el uso excesivo de la contratación temporal es la negociación colectiva mediante la fijación de un número o proporción de contratos temporales y la concreción de las causas legales. Y, en este sentido, se considera prioritaria la recuperación de la autonomía de la negociación colectiva, con la finalidad de que mantenga altos índices de cobertura de las condiciones de trabajo, con potenciación de los acuerdos marco.

Su conclusión es que el alto grado de «temporalidad y rotación irregulares» tiene «consecuencias perjudiciales » para la calidad del trabajo, la formación y los derechos de los trabajadores, así como para la mejora de la productividad y competitividad de la economía y de las empresas.

Los autores del informe también realizan recomendaciones respecto al despido. Aseguran que siempre debe estar bajo el control judicial y piden que la ley clarifique los supuestos de nulidad, más allá de los lesivos de derechos fundamentales de los trabajadores. No cuestionan las medidas incluidas en la reforma laboral , como la supresión de la autorización administrativa previa para las extinciones colectivas, sí exigen un papel más activo de la Administración en las extinciones colectivas asesorando a las partes o tratando de evitar nulidades formales en los despidos.

Es mayoritaria la defensa de la «mochila austriaca » como fórmula de indemnizaciones por despido. Una fórmula que aplica Austria, un país con un 5,9% de paro, y que el Gobierno ha pactado con Ciudadanos. La principal ventaja de esta fórmula es que introduce mayor movilidad y flexibilidad en el mercado laboral y exime a las empresas de tener que hacer de golpe fuertes desembolsos por despido.

Los expertos también se manifiestan en contra de la «enmienda Telefónica», que obliga a las empresas con beneficios que realicen un despido colectivo de mayores de 50 años a realizar aportaciones al Tesoro. Entienden que «debe revisarse por producir, en algún caso, efectos contrarios a los deseados».

Y también alzan la voz para reclamar ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar en un momento en el que el Ejecutivo ha pedido un gran pacto para que la jornada termine a las seis. Dicen que las medidas de flexibilidad interna deben permitir la adaptación de las condiciones de trabajo a la realidad de las empresas (flexibilidad y competitividad), pero también a las necesidades de conciliación de los trabajadores.