El Gobierno aparca el examen al gasto público prometido a la UE

Lo cierto es que este visto bueno, que depende fundamentalmente del Ministerio de Hacienda, ya va con retraso frente a los plazos comprometidos con la Comisión Europea . Todo ello en un momento en el que el Ejecutivo está negociando con Bruselas el plan de proyectos y reformas que quiere remitir antes de que acabe el mes para conseguir los fondos europeos del Plan de Recuperación.

Pese a que la Unión Europea ha suspendido las reglas fiscales en 2020 y 2021, y ahora debate si hace extensivo este movimiento a 2022, este retraso penaliza la credibilidad fiscal de España a medio plazo, cuando la negociación con Europa esta legislatura se antoja clave. Las recomendaciones específicas de la Comisión en el Semestre Europeo son la guía para aprobar las reformas que permitirán a España conseguir los fondos europeos, de 27.000 millones este año. Y, precisamente, esta evaluación del gasto surgió de dichas recomendaciones de Bruselas , por lo que el retraso no ayuda. Todo ello cuando cada ficha, punto y línea del plan de reformas se está debatiendo arduamente con los funcionarios de la Comisión Europea, señalan fuentes de La Moncloa.

Hasta que el Ejecutivo no autorice y concrete la evaluación, quedan en suspenso la preparación, definición e inicio de la misma, pese a que la Airef lo había incluido en su memoria. La Autoridad Fiscal lleva desde 2018 evaluando ámbitos como los 14.000 millones de euros que se reservan a subvenciones, los más de 6.000 millones de euros en políticas activas de empleo -donde está colaborando con el Ministerio de Trabajo y la OCDE en las nuevas medidas-, el gasto farmacéutico o la efectividad de los 51.000 millones de euros en beneficios fiscales. En todos ellos detectó ineficiencias

Curiosamente, comunidades autónomas e incluso otros ministerios son más activos al reclamar evaluaciones del gasto público por parte de la Autoridad Fiscal. La institución además tiene pendiente evaluar la implantación del Ingreso Mínimo Vital , ya que su norma de aprobación estipula que debe examinarlo año a año. El gasto sanitario es otra de las rúbricas que el organismo ha abierto la puerta a seguir revisando a futuro, así como las políticas medioambientales o de gestión y tratamiento de los residuos.

La Airef necesita de la autorización del Gobierno ya que no tiene autonomía e independencia para evaluar políticas públicas: por ley debe esperar a que le haga el encargo una administración. La propia Airef propuso cambiar sus estatutos y elevar su dotación para poder hacer análisis por cuenta propia, pero nada ha cambiado. De esta forma, mientras el Ejecutivo no dé luz verde, el plan de continuar evaluando el gasto público se mantiene interrumpido y la propuesta de la Autoridad Fiscal seguirá esperando pese a las directrices de la Comisión Europea .