El empleo público se dispara al récord de 3,4 millones con Sánchez

Hoy la Administración paga las nóminas de casi 3,4 millones de trabajadores , una cifra récord, que coincide con la mayor convocatoria de oferta de empleo público de la historia: 30.000 plazas con sus 30.000 nuevos sueldos, que el Estado tendrá que afrontar en un escenario con el déficit y la deuda pública en máximos por la explosión de gasto generado por el Gobierno durante la pandemia.

La EPA refleja que desde que los socialistas están en La Moncloa se han generado 279.600 puestos de trabajo en la Administración , el 70% por las comunidades autónomas. De la cantidad total, 140.000 trabajos se crearon durante la pandemia, lo que tiene su lógica teniendo en cuenta que se trata, sobre todo, de sanitarios y profesores para afrontar el nuevo escenario surgido con el Covid. Pero las necesidades generadas por coronavirus no explican por sí solas la explosión de ocupados públicos, teniendo en cuenta que el número de cargos de confianza ha crecido casi un 30% desde que Pedro Sánchez es presidente en 2018 y de más del 50% si la cifra se compara con los 500 asesores que el Ejecutivo tenía en el año 2012, en plena evolución de la crisis financiera y de los ajustes a los que obligó Bruselas a nuestro país.

Es política habitual de los gobiernos socialistas engordar las plantillas y especialmente el número de asesores de los que se rodea. Solo hay que mirar hacia los años en los que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente. En 2010, con la economía en recesión y a las puertas de recortes sin precedentes impuestos desde Europa, su Gobierno contaba con 648 asesores, casi doscientos más de los que había en el Ejecutivo de José María Aznar en 2002, cuando comenzaron a registrarse estas cifras.

A diferencia del empleo público que se convoca, estos puestos de confianza no están ocupados por funcionarios, son cargos de libre designación, es decir, a dedo. Sin embargo, sus remuneraciones las pagamos todos los españoles con nuestros impuestos y no son precisamente sueldos bajos, dado que la mayor parte de ellos se mueven en niveles 30 de la Administración, que son los mejor pagados.

El aumento de efectivos en nómina del Estado coincide con la aprobación de la mayor oferta de empleo público de la historia con 30.445 plazas nuevas para 2021, un 8,5% más que las convocadas el año anterior. La propuesta incluye 23.491 plazas para la Administración General del Estado, de los que 9.509 serán para promoción interna y 13.982 plazas de ingreso libre; a estas habrá que añadirle las 1.920 de las Fuerzas Armadas y otras 5.034 que ya han sido convocadas para los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil .

El BOE publicó ayer cuáles serán las nuevas plazas que saldrán a concurso y que aún no se habían ofertado. Así, se ofrecerán plazas para abogados del Estado (25), arquitectos de la Hacienda Pública (52), astrónomos (4), diplomáticos (37), farmacéuticos (59), bibliotecarios (56), ingenieros de montes (18), geógrafos (13), estadísticos , médicos (81), veterinarios (64), traductores (26), científicos (270) o i nspectores de Hacienda (120), entre otros. De estos se reservan 9.731 plazas para funcionarios y otras 1.924 para personal laboral .

A pesar de ser la mayor oferta de la historia, el secretario general de CC.OO., Unai Sordo , la tildó de «insuficiente», ya que denunció que desde 2011 se han destruido 40.000 puestos de trabajo en la Administración General del Estado. «Aunque así dicho pueda parecer mucho, es una oferta insuficiente», añadió.

La estabilidad del empleo en este caso está asegurada, lo que no ocurre entre todo el personal que está en nómina del Estado. Aunque Pedro Sánchez y su ministra de Trabajo, Yolanda Día z, abanderaron una cruzada contra la precariedad en el empleo y se comprometieron a «corregir las disfunciones del mercado laboral que nos hacen profundamente desiguales», la Administración sufre hoy tasas récord de temporalidad en el empleo, según refleja la estadística del INE .

La Administración exhibe niveles de temporalidad muy superiores al sector privado: su tasa del 30,4% contrasta con el 22% del sector privado y está casi cuatro veces por encima del objetivo marcado en 2018. Curiosamente, la meta para el año pasado era bajar al 8% el porcentaje de temporales en el sector público, un objetivo que contemplaba el acuerdo firmado entre el Gobierno de Mariano Rajoy y los sindicatos en 2017. Entonces la tasa de temporalidad era del 22%, pero lo único que ha hecho ha sido aumentar. Es paña cuenta ya por primera vez en la serie histórica con más de un millón de empleados públicos temporales , 1.033.700 personas que suponen 140.900 más que un año antes. Y, además, el 19% tiene contratos de menos de seis meses y el 27% no llegan al año.

Para lograr bajar la temporalidad al comprometido 8% el Ejecutivo logró salvar la semana pasada un decreto que permitirá a los interinos realizar oposiciones no eliminatorias y eximir así de estas pruebas al personal temporal con más de diez años de experiencia que no haya obtenido plaza en ese período. El ‘ icetazo ’ salió adelante por los pelos, tras acudir ERC en auxilio del Gobierno, y su objetivo es regularizar a 300.000 interinos, cifra de afectados que los sindicatos elevan a entre 800.000 y 900.000 trabajadores.