Economía aprobó nuevas ayudas públicas a empresas sin la luz verde de Bruselas

Ese fondo millonario está diseñado para reestructurar la deuda que han contraído las compañías con garantía pública. Es decir, solo podrán beneficiarse las empresas que hayan acudido a las líneas de aval ICO. Problemas de discriminación aparte, como denuncian en la banca sin ir más lejos, las medidas que el decreto permite son alargar el plazo de vencimiento de dichos préstamos -hasta febrero el máximo eran ocho años-, convertir ese crédito en préstamos participativos o quitas de deuda encubiertas . Encubiertas porque la norma se refiere a ellas como «transferencias a las empresas y autónomos (...) con la finalidad exclusiva de reducir el principal pendiente de las operaciones financieras».

Hace un mes, como avanzó ABC , el Gobierno pidió autorización a Bruselas para dar estas ayudas sobre la deuda con aval del ICO. Un proceso estrictamente necesario ya que se tratan de ayudas de Estado y deben recibir el visto bueno de la Comisión Europea . La sorpresa llega al comprobar que el Ejecutivo español ha aprobado y publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto de las nuevas ayudas, entre las que estas se incluyen, sin haber recibido luz verde de las instituciones comunitarias.

Se trata de una anomalía legal ya que, según las fuentes consultadas, habría de esperarse primero a recibir ese «OK», como ocurrió en noviembre cuando se ampliaron los plazos de carencia y vencimientos de los créditos ICO. En el caso actual, se ha actuado de manera bien distinta.

El 25 de febrero este periódico publicó que la Vicepresidencia de Asuntos Económicos había solicitado ya la luz verde de Bruselas. Ahí las medidas todavía estaban debatiéndose en los convulsos consejos de ministros entre las ramas de PSOE y Unidas Podemos . Fuentes comunitarias se pronunciaban en los siguientes términos: «El 19 de febrero de 2021, la Comisión aprobó la modificación del régimen marco español de apoyo a la economía en el contexto del brote de coronavirus. Las modificaciones aprobadas sólo se referían a: una modificación que permite otorgar cantidades limitadas de ayuda a través de intermediarios financieros y una nueva medida para apoyar costes fijos no cubiertos de empresas afectadas por la pandemia» . Y las mismas fuentes añadían: «Con respecto a las ayudas a empresas que han solicitado créditos ICO , la Comisión está en contacto con las autoridades españolas. La Comisión evaluará de forma prioritaria las posibles medidas nacionales de apoyo relacionadas con las consecuencias del brote. Por el momento no podemos prejuzgar el resultado de estos contactos».

Ahora, en Bruselas destacan que no ha habido cambios respecto a la autorización de este tipo de medidas. Es decir, que no se ha avalado por parte de la Comisión Europea , de momento, ningún tipo de reestructuración nueva sobre los préstamos con garantía estatal en nuestro país.

Esto tiene una consecuencia clara: el fondo de 3.000 millones de euros que sacó adelante el Gobierno de Pedro Sánchez quedará congelado hasta que Bruselas lo apruebe. El Ejecutivo no incumple ninguna normativa europea al sacar adelante el decreto de las nuevas ayudas públicas; sí lo haría en caso de que se decidiera empezar a aplicar las citadas medidas -quitas de deuda por ejemplo- sobre el crédito ICO. Son ayudas de Estado y el Ejecutivo se enfrentaría a una batalla legal imposible de ganar ante la Comisión Europea. En suma , ninguna empresa ni autónomo podrá beneficiarse de la citada 'línea para la reestructuración de deuda financiera Covid'. Todo ello tomando en cuenta que Europa decida dar su visto bueno finalmente.

Asimismo, más allá del escollo de Bruselas, el Gobierno todavía tiene que articular un código de buenas prácticas con la banca para poder gestionar este fondo, ya que serán las entidades financieras las que se encarguen de las reestructuraciones. Eso sí, siempre bajo los criterios y directrices que se aprueben en Consejo de Ministros. Hasta que este código no vea la luz, tampoco podrán ponerse en marcha esos 3.000 millones, cuyo desembolso está más enfocado a las quitas de deuda ya que alargar el plazo de los préstamos ICO, así como convertirlos en créditos participativos, no tiene, de momento, efecto monetario.

Las quitas de deuda, en todo caso, han sido uno de los principales problemas en la negociación entre el Gobierno y la banca para sacar adelante las nuevas ayudas. El sector, igual que los empresarios, entendía esencial dar ya ayudas directas para evitar que los problemas de liquidez derivaran en insolvencias. Pero la posibilidad de que el Ejecutivo obligara a las entidades financieras a aceptar quitas bajo los criterios del Gobierno erosionó bastante la relación entre ambas partes, como avanzó ABC.

Finalmente la banca ganó ese pulso y todo hace indicar que las quitas serán una solución de último recurso , cuya decisión de ejecutar estará en manos del sector financiero, siempre en caso de que Bruselas termine por autorizarlo y una vez se apruebe el citado código de buenas prácticas, lo cual indican las fuentes consultadas que estaría previsto para las próximas semanas.

En relación a todo ello, el aluvión de peticiones por parte de empresas y autónomos para acogerse a medidas de esta índole puede ser importante. Se han aprobado más de un millón de operaciones ICO (993.316 de ellas corresponden a pymes y autónomos). El importe de financiación movilizado hasta la fecha es de 125.551 millones de euros , con un importe avalado de 92.298 millones. Aunque es cierto, también, que el ritmo de concesión se ha ralentizado mucho desde hace varios meses.