El Gobierno pide luz verde a Bruselas para aprobar las quitas de deuda en créditos ICO

El 19 de febrero Bruselas dio el visto bueno a la modificación del marco español de apoyo a la economía en el contexto del Covid-19 , tal como recuerdan fuentes comunitarias. Dicha reforma permite otorgar a las empresas importes limitados de ayuda a través de las entidades financieras e introduce una nueva medida de apoyo a los costes fijos no cubiertos de las compañías afectadas por la pandemia. En suma, permiso para dar ayudas directas -transferencias, subvenciones- al tejido productivo.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha solicitado a Bruselas el aval para poder fijar nuevas medidas que afectan a los créditos ICO , entre las que se encuentran las quitas de deuda empresarial y la conversión del pasivo en préstamos participativos. A este respecto, fuentes comunitarias responden en estos términos: «La Comisión está en contacto con las autoridades españolas. La Comisión evaluará de forma prioritaria las posibles medidas nacionales de apoyo relacionadas con las consecuencias del brote. Por el momento no podemos prejuzgar el resultado de estos contactos».

Lo que todavía permanece como una incógnita para el caso de las quitas de deuda son las condiciones, es decir, si el Gobierno forzará a los bancos a asumir pérdidas en los préstamos con garantía pública. Un extremo que, como adelantó ABC, rechazan de plano en el sector financiero . Aunque parece que Economía ha puesto el piñón fijo para sacar adelante la medida. Y pese a que pueda costar un duro choque con los bancos que, como indican fuentes financieras, son los que han puesto los más de 116.000 millones en crédito que se han movilizado con aval del ICO.

Tanto la banca como los empresarios llevan días denunciando que medidas como las quitas de deuda suponen una discriminación ya que solo podrían beneficiarse de ello aquellas compañías que hayan solicitado préstamos con garantía pública, y no aquellas que hayan sobrevivido sin apoyo estatal. En este sentido, Javier Domínguez, abogado especialista en Derecho Administrativo del Bufete Mas y Calvet, señala que la complejidad legal de la medida estaría en Bruselas, para el caso de que alguna empresa decida recurrir estas ayudas. «Ahí sí que se podría abrir un frente legal importante para el Gobierno» , explica.

Irene Moreno-Tapia, socia de Cuatrecasas experta en competencia, indica que los supuestos perjudicados por la discriminación que denuncian los empresarios y la banca tendrían que demostrar que tienen «legitimación activa, es decir, interés directo e individualizado en esta decisión». Esta abogada destaca también que ha de demostrarse que por esta medida un competidor se ve especialmente perjudicado respecto a otros actores del mercado que sí se hayan beneficiado por una quita de deuda sobre su préstamo con garantía del ICO. «Deberá probarse que perjudica su capacidad de competir porque permita a otras empresas cubrir una serie de costes operativos que de otra manera no podrían» , añade. En otras palabras, que a una empresa se le perdone su préstamo por ser con aval ICO y a otra no por ser un crédito sin garantía estatal, lo que abriría la veda a problemas en materia de competencia.