Los directivos de Caja Madrid defenderán que las tarjetas «black» eran parte de su salario

Los doce antiguos empleados de la entidad que no formaron parte ni del consejo de administración ni de la comisión de control –«empleados por cuenta ajena de Caja Madrid», según los denominó el juez durante la investigación– argumentarán que sus tarjetas fueron aprobadas por los cauces formales de la entidad y que eran transparentes a Hacienda, explicaron a ABC fuentes de las defensas.

Según esta versión, las Visas de estos doce acusados fueron acordadas como salario por «quien tenía facultades» para ello según las normas: el presidente de la entidad, quien asignaba las cuantías, y la comisión ejecutiva. El presidente fue quien fijó que una parte de la retribución de los directivos se pagara a través de una tarjeta, alegarán las defensas.

Esta explicación choca con la posición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que este sistema retributivo «carecía de todo amparo legal, estatutario o contractual» y solicita para los doce directivos no consejeros hasta dos años de prisión y una multa de 63.000 euros.

A lo largo de la instrucción, el fiscal diferenció entre estos usuarios y los 54 consejeros implicados; pero a última hora, a las puertas de la apertura de juicio oral, acusó a todos por apropiación indebida, un delito que castiga a aquellos que se quedan con un dinero que no les corresponde porque se les entrega en depósito.

El instructor del caso, Fernando Andreu , compartió en un momento dado la tesis de las defensas: archivó de forma provisional la causa contra ellos el 5 de mayo de 2015 al considerar probado que las tarjetas de estos directivos eran parte de su paquete retributivo. Sostuvo su decisión, sobre todo, en dos razones: ellos disponían de otra Visa, de empresa, que solo empleaban para gastos de representación (los derivados de sus funciones en la caja), y las tarjetas investigadas contaban con una clave o un número pin para sacar dinero en efectivo.

Los directivos, empleados de la caja con contrato de alta dirección y no consejeros, también alegarán la existencia de esa otra tarjeta de empresa y que las Visas estaban en el circuito ordinario: fueron dadas de alta en el sistema informático de la entidad. Su transparencia, defenderán, estaría probado por su contabilización en una cuenta específica que, desde 2001, solo registraba tales gastos. Las defensas también cargarán contra el informe de auditoría interna de Bankia que levantó el escándalo, al que acusan de partir de premisas «falsas».

El juez, cuando les levantó la imputación, pretendía que los doce directivos fueran a juicio como partícipes a título lucrativo: es decir, por haberse beneficiado de un dinero sin conocer su origen delictivo. Aun así, el magistrado les procesó al cerrar la investigación obligado por la Sala de lo Penal, que reabrió la causa contra los doce (Rafael Spottorno, Carmen Contreras, Matías Mata, Enrique de la Torre, Juan Astorqui, Ricardo Morado, Ramón Ferraz, Mariano Pérez Claver, Carlos Martínez, Carlos Vela, Luis Gabarda y Ramón Martínez), quienes gastaron en total 3,4 millones de euros.

Aunque la Fiscalía Anticorrupción acusa a todos los usuarios de las Visas por apropiación indebida, la acusación popular del sindicato Confederación Intersindical de Créditos (CIC) , a quien representa el abogado Andrés Herzog , también atribuye un delito de administración desleal a los consejeros, al entender que se apropiaron de un dinero aprovechando una posición de poder y perjudicaron a la caja. El tribunal que juzgará a los 66 usuarios, que gastaron 15,5 millones entre 2003 y 2012, tendrá la última palabra sobre todos.