La Audiencia Nacional desestima los recursos de nueve usuarios de las tarjetas «black»

Entre los argumentos esgrimidos por la Audiencia Nacional destaca el hecho de que tanto las dietas como los gastos de representación deben estar «vinculados a actividades de la empresa , y en ningún caso pueden responder a gastos personales».

La Audiencia Nacional ha rechazado también los recursos de Jorge Gómez Moreno, José María de la Riva, José Buenaventura Zabala, Cándido Cerón, Rodolfo Benito , Rubén Tomás Cruz Orive y Juan José Azcona.

La sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional considera « perseguible » el exceso de uso de las tarjetas , puesto que la titularidad y los cargos recaían en Caja Madrid y no en los propios investigados.

Asimismo, estima que la concesión de dichas tarjetas a los consejeros no estaría contenida ni en la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) ni en la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, entre otras cosas.

Otro de los argumentos expuestos señala que ninguno de los recurrentes es capaz de explicar «cuál es la finalidad que albergaba la caja entregando las tarjetas», ya que las respectivas declaraciones «no han superado la oscuridad».

En todos los casos se indica que a la sala no le corresponde establecer si se cometió delito con el uso de las tarjetas, algo que aclarará el juicio oral, pero sí existen «hechos con apariencia delictiva», que son los que aconsejan que se continúe con el procedimiento y se rechacen los recursos.

También señala que los consejeros tenían la obligación de velar por los intereses de la caja, ya que pertenecer a un consejo de administración «es un asunto serio y no se trata de rellenarlo con personas dispuestas a ser plegables o instrumentos en manos de los ejecutivos».

El pasado 1 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó la apertura de juicio oral por el caso de las tarjetas opacas, al reconocer indicios suficientes de administración desleal por parte de l os expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y del ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj , con el propósito de apropiarse de forma continuada e indebidamente del patrimonio de Caja Madrid y Bankia.

Anticorrupción solicita seis años de prisión para Blesa y cuatro años y medio para Rato , unas penas que Bankia reduce a cuatro y tres años, respectivamente.

En total son 66 los usuarios de las tarjetas a los que se acusa de un supuesto delito continuado de apropiación indebida , con penas diversas de entre uno y cuatro años de prisión, dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas.