El colapso judicial por cláusulas suelo no se atajará hasta 2023

Hasta 2023 no entrarán en funcionamiento medidas para solucionar el colapso en unos juzgados plagados de casos de cláusulas suelo, hipotecas multidivisa... Eso en teoría, porque es el plazo que manejan en el Gobierno para empezar a ponerle remedio.

El pasado 12 de abril el Consejo de Ministros dio luz verde a varias normas en el ámbito del Ministerio de Justicia , entre ellas el proyecto de ley de eficiencia procesal. Es en esta futura ley donde se incluyen actuaciones para solventar el colapso que hay en dichos juzgados, lo cual es reconocido por el propio Ejecutivo. «El enorme volumen de asuntos que se deriva de esta materia (cláusulas abusivas) ha desembocado en un auténtico colapso de los órganos judiciales, provocando importantes disfunciones en la respuesta de la Administración de Justicia, hecho que provoca una merma de confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de sus instituciones», señalan desde el ministerio.

Ante una situación así, en Justicia han incluido dos medidas estrella en el proyecto de ley. Por un lado, se amplían las materias que, con independencia de su cuantía, se tramitan por las normas del juicio verbal . «Las pretensiones en las que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, se conocerán a través de los trámites previstos para el juicio verbal», informan desde Justicia, incidiendo en la mayor agilidad que tienen los juicios verbales.

Por otro lado estarán los llamados pleitos testigo . Estos son una vía que se articula para dar respuesta a demandas que son idénticas o casi idénticas sin necesidad de tramitar todas ellas. Así, se permitirá al juez elegir un procedimiento que se tramitará con carácter preferente, suspendiéndose el resto idénticos, y una vez se resuelva ese y sea firme podrá solicitarse extender sus efectos al resto de procedimientos. De este modo se evita la tramitación simultánea o sucesiva de procedimientos judiciales sustancialmente idénticos.

Relacionado con ello, desde el ministerio destacan que se ha generalizado un modo de litigación en masa con demandas todas iguales y que se usan para captar clientes. Aquí se refieren a despachos de abogados que están haciendo negocio con demandas masivas en casos como las cláusulas suelo.

El primer momento en el que Justicia se decidió a llevar esto al papel fue cuando el departamento aún estaba liderado por Juan Carlos Campo. Pilar Llop , la actual ministra, decidió seguir el mismo camino. Pero todavía queda un trayecto largo. «El texto del proyecto de ley acaba de iniciar su tramitación parlamentaria. Se espera que el texto pueda ser aprobado antes de finales de este año», indican fuentes del ministerio. Sin embargo, también se cubren las espaldas con los plazos, con que todo dependerá de lo que se dilate el trámite parlamentario. Fuentes parlamentarias indican que no sería extraño que llegara 2023 y todavía estuviera pendiente de aprobarse definitivamente.

La solución planteada por Justicia ha sido bien recogida por las asociaciones de consumidores, pero solo en parte. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, denuncia que el Gobierno no ha incluido ninguna medida para disuadir a los bancos de pleitear y alargar los procedimientos judiciales. «A las empresas les sale más económico litigar: de cada cien personas que van al servicio de atención al cliente del banco y no les dan la razón, un porcentaje pequeño va al Banco de España y otro porcentaje pequeño acaba en los tribunales. A los tribunales llega máximo el 10-20% de casos; el 80% restante se queda sin reclamar», indica Suárez. A su juicio, los bancos fuerzan al cliente a tener que demandar e iniciar un periplo de varios años en los juzgados, lo cual disuade a muchos.

«Esta actitud de la banca es incívica y antisistema», sostiene la presidenta de Asufin . Incluso, señala que la insistencia del sector financiero por litigar y recurrirlo todo genera perjuicios a las arcas públicas. Concretamente, entre 3.000 y 5.000 euros dice que es lo que le cuesta cada pleito a la Administración.

Esto genera, según Suárez, desesperación en los afectados, que terminan por optar por no acudir a la vía judicial. Asimismo, destaca que sus asociados no entienden cómo es posible que tras un año o año y medio ni siquiera se haya admitido a trámite su demanda. «Estos juzgados han tenido falta de medios desde el principio», lamenta.