La CEOE ve una «clara vocación electoralista» en el Gobierno

La organización empresarial que dirige Antonio Garamendi mostró su malestar porque «se puede romper de forma unilateral el diálogo social» y avisó de que «no tiene sentido volver a orillar el diálogo tripartito poco después de anunciar la convocatoria de elecciones».

Con los cambios en la reforma laboral ya llueve sobre mojado para las empresas. El pasado diciembre la CEOE ya mostró su «sorpresa, indignación y preocupación» ante el anuncio realizado por el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, sobre la existencia de un preacuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, al margen de los empresarios, para acometer cambios laborales que anulaban los aspectos nucleares de la reforma de 2012, que contó con el beneplácito de la patronal. Entonces fue desmentido por la propia ministra de Trabajo, Magdalena Valerio , aunque el tiempo ha venido a confirmar que aquel pacto finalmente prosperará.

Para la patronal tanto el Ejecutivo como el conjunto de partidos políticos tienen que ser conscientes de que « el uso abusivo del real decreto-ley constituye una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de leyes». Considera que el recurso a este instrumento cuando ya se ha anunciado la disolución de las Cortes supone «la relegación del poder legislativo a un papel pasivo y empobrece la calidad democrática».

«CEOE y Cepyme creen que cambios legislativos tan relevantes deben aprobarse mediante un proyecto de ley y no con un decreto. Esta última opción excluye la posibilidad de diálogo y de consenso deseable en cualquier proceso democrático», dijo la patronal. Recordó que la Constitución limita el uso del real decreto a los supuestos de que concurra «una extraordinaria y urgente necesidad» y avisó de que el Gobierno debe tener en cuenta que el artículo 86 de la Carta Magna excluye una serie de materias de la regulación por real decreto, especialmente «los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos».

Los autónomas también están a la espera de los movimientos del Ejecutivo. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, señaló que «el Gobierno secuestrará el diálogo social y la negociación colectiva» si aprueba por decreto la contrarreforma laboral. Añadió que los autónomos que generan puestos serán los más perjudicados, dado que los cambios que aprobará Sánchez frenarán la flexibilidad que introdujo la reforma laboral.

Amor ha asegurado que cuando se gobierna en clave electoral, como ocurrió con la subida del salario mínimo, es « pan para hoy y hambre para mañana» y afirmado que la efectividad de las reformas laborales dependen de si son o no pactadas con «los que pagan las nóminas».

¿Quieren volver a la etapa de las sirenas?, se preguntó el presidente de la mayor asociación de autónomos. Hacía referencia al registro obligatorio de horarios que pretende imponer el Gobierno por decreto. Se trataría de implantar la obligación de las empresas a registrar los horarios de sus trabajadores «para evitar abusos y facilitar la resolución de discrepancias».

El PSOE quiere acabar con el protagonismo del convenio de empresa, recuperar el subsidio a los 52 años y fijar cláusulas de jubilación obligatoria en los convenios. Su idea pasa también por limitar los «descuelgues» para casos de «verdadera necesidad» y eliminar el actual límite de un año para la ultraactividad.