El Banco de España y la CNMV cobrarán una tasa a las «fintech» para costear el «sandbox»

«Podrá exigirse el pago de una tasa que será fijada en la legislación vigente sobre la base del principio de recuperación de los costes» , dice el anteproyecto de ley en su artículo 24, en el cual también establece que las autoridades competentes «dispondrán de los medios humanos y materiales oportunos para atender las necesidades derivadas del cumplimiento de esta ley».

El «sandbox», más que un conjunto de normas, es una herramienta de supervisión para las autoridades. Está pensado para compañías financieras de base digital muy innovadoras, las llamadas «fintech» e «insurtech», que no estén bajo ningún marco regulatorio y por tanto en situación alegal. Ese marco les permite desarrollar su actividad de forma controlada por los supervisores, no regulada, durante un tiempo y en condiciones y volúmenes limitados, con el fin de que puedan comprobar su viabilidad y fiabilidad antes de obtener la licencia definitiva para operar con normalidad en el mercado.

Esta regulación busca impulsar la innovación financiera eliminando obstáculos, de forma que esas compañías financieras no mueran en el intento, pero garantizando al mismo tiempo «que esa transformación digital no afecta al nivel de protección a la clientela de servicios financieros, a la estabilidad financiera y a la integridad en los mercados, ni facilita de ningún modo la utilización del sistema financiero para fines ilícitos», según Economía.

«Las fintech son un acelerador de la transformación digital de la banca y, en general del sector financiero . Seguimos considerando el sandbox un espacio perfecto para que todos los participantes del sector financiero puedan llevar a cabo iniciativas conjuntas. Por otra parte, de esta manera se apoya al fomento del emprendimiento, tan necesario en nuestro país», señalan desde la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), que valora muy positivamente la iniciativa de Economía.

El anteproyecto de ley, que estará abierto a comentarios hasta el próximo 7 de septiembre, prevé que las primeras solicitudes para participar en el mismo se reciban este mismo año. Las empresas podrán solicitar acceso a a través de la secretaría general del Tesoro público, que depende de Economía, que a su vez derivará esas peticiones a las autoridades supervisoras financieras, esto es, el Banco de España, la CNMV y la Dgsfp, que serán las encargadas de evaluarlas y darles o no el visto bueno de forma motivada.

En caso de superar el filtro de los supervisores, la empresa y los supervisores diseñarán conjuntamente y acordarán un protocolo individualizado para cada proyecto bajo el cuál la «fintech» probará su modelo de negocio. Este recogerá limitaciones en cuanto al volumen y tiempo de su actividad, las fases del proyecto y los objetivos a alcanzar, los recursos con los que tendrá que contar la empresa para operar y un régimen de garantías para cubrir su eventual responsabilidad. Los supervisores, por su parte, designarán uno o varios monitores que llevarán a cabo el seguimiento de las pruebas que integran el proyecto piloto .

La participación en el «sandbox» requerirá a la empresa disponer de «garantías financieras suficientes para cubrir la responsabilidad por los daños y perjuicios en los que pudieran incurrir». En concreto, la norma señala que esas garantías podrán formalizarse a través de seguros, avales bancarios o fianzas. En todo caso, el régimen de garantías y protección de los participantes del anteproyecto estipula que los inversores deberán dejar por escrito que participan voluntaria y libremente en la prueba tras haber sido informados de los riesgos, y que «no se considerarán daños las pérdidas que deriven de la fluctuación de los mercados» conforme a lo que se establezca en el protocolo de pruebas.

Una vez terminado el periodo de pruebas, la «fintech» elaborará una memoria de autoevaluación que entregará a las autoridades y podrá solicitar el inicio normal de su actividad. En ese caso, los supervisores podrán concederle la licencia pero simplificando los requisitos de acceso y aplicando un criterio de proporcionalidad. «Son especialmente relevantes dos circunstancias: la primera, que las entidades financieras de base tecnológica se consideren activo apto para la inversión de las entidades de capital riesgo o las entidades de inversión colectiva cerradas; y la segunda, el establecimiento explícito del principio de proporcionalidad para la autorización del proyecto, una vez que éste salga del campo de pruebas», valoran desde la Asociación de Crowdlending en España (ACLE).