Los autónomos reclaman recargos de hasta el 20% por morosidad y rebajas del IVA

Los autónomos han logrado en los últimos años avances históricos, como la posibilidad de jubilarse a los 63 años , la mejora del paro, la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión, mayor protección por cuidado de hijos o la tarifa plana de 50 euros durante un año para comenzar una aventura empresarial. Medidas de apoyo que les han convertido en protagonistas de la recuperación del mercado de trabajo.

Al encuentro que esperan mantener este mismo mes con el jefe del Ejecutivo llevarán bajo el brazo una batería de nuevas medidas ; la principal, que no se suban ni se cree ningún impuesto más que lastre su actividad. En su agenda están escritas también rebajas del IVA desde el 21% al 10% para colectivos como peluquerías, veterinarios o gimnasios, según explica a ABC el presidente de ATA , Lorenzo Amor.

En 2012 con la subida del tipo general de IVA del 18% al 21% y del reducido del 8% al 10% varios colectivos se vieron afectados por un alza de 13 puntos en el impuesto, dado que pasaron del reducido hasta el 21%. Este alza tributaria supuso un duro mazazo para muchos pequeños negocios, como las peluquerías , abocadas muchas de ellas al cierre. ATA pedirá al presidente del Gobierno que, al igual que ha ocurrido con el cine, la imposición en este caso pase al 10%.

Esta asociación reclamará además que los nuevos autónomos cuya facturación no supere los 30.000 euros anuales estén exentos de tributar por este impuesto por el importe resultante de la diferencia entre el IVA soportado y el repercutido durante los dos primeros años de actividad.

La morosidad sigue siendo uno de los graves problemas que tienen que encarar pymes y autónomos en España, un obstáculo que puede comprometer de forma severa su economía y, en el peor de los casos, su viabilidad. Por ello la lucha contra el retraso en los pagos tendrá un papel protagonista en la agenda que el colectivo presentará al jefe del Ejecutivo. Son partidarios de que se penalice la «mala praxis» con un recargo automático del 5% si el retraso sobre la fecha de pago es de menos de 30 días, del 10% si es menor de 60 días y del 20% si supera los 60 días. Estos recargos, en caso de sanción, también serían aplicables y se sumarán a la sanción establecida en función de su gravedad.

También solicitan un buzón de lucha contra la morosidad donde denunciar el incumplimiento en los plazos de pago a proveedores . Junto a esta medida piden que la Inspección pueda sancionar a la empresa con su exclusión como beneficiaria de bonificaciones, de reducciones fiscales o de Seguridad Social así como de ayudas, subvenciones o, incluso de contratar con la Administración. Su idea es que el cumplimiento de los plazos de pago o proveedores sean verificados por la Inspección de Hacienda y castigados.

Como ya informó ABC desde 2008 cada año han cerrado de media su negocio o c esado su actividad unos 40.000 autónomos por impagos de las administraciones públicas o empresas privadas, según los datos que maneja ATA. Y si se analiza la última década la cifra de bajas se eleva a 400.000. El 42% de los trabajadores por cuenta propia reconocen que han padecido morosidad tanto pública como privada y sitúan el periodo medio de pago de las facturas muy por encima de lo que marca la Ley de Morosidad (60 días).

Como ya informó este diario, al acabar mayo y comparado con mayo de 2017 las administraciones locales, con las que de forma más frecuente trabajan los autónomos, registraban una demora en el pago de facturas pendientes de más de tres meses (95 días), frente a los 60 que fija la directiva europea sobre morosidad . Esta norma contempla la posibilidad de realizar la revisión de la factura hasta en los 30 días posteriores a su presentación y otros 30 para realizar el pago. De media los plazos medios de pago de las administraciones con los autónomos han sido de 70 días en el primer semestre, un día menos que en el mismo periodo de 2017.

Combatir los falsos autónomos es también una prioridad. Con esta estructura fraudulenta de trabajo, las empresas evitan dar de alta en la Seguridad Social a sus empleados —les obligan a darse de alta como autónomos—, y con ello esquivan el pago, como cualquier otra empresa, de las cotizaciones al régimen general, el de los asalariados. Por ello la Inspección ya levantó actas de liquidación a Deliveroo, una de las empresas de reparto a domicilio , tras el aluvión de denuncias sobre la supuesta explotación laboral de sus trabajadores y actuó de oficio sobre el resto (Glovo, UberEats...).

Entre las medidas para frenar este fraude de ley ATA propone crear un registro de autónomos económicamente dependientes (Trade) —hay que recordar que no son falsos autónomos— y que sea el propio Trade el que tenga la obligación de comunicar y registrar personalmente su condición como tal a través del sistema Red, indicando en cada caso los datos de la empresa o grupo de empresas que suponga al menos el 75% de su facturación. Afirma que esta actuación facilitaría a la Inspección más control de las empresas que utilizan esta figura. Como avanzó este periódico esta organización estima que en España hay más de 100.000 falsos autónomos , que hacen perder a la Seguridad Social en torno 500 millones cada año.

Especial interés tiene también el colectivo de los autónomos en que se apoye por el Gobierno la «segunda oportunidad» . Es decir, establecer mecanismos que permita volver a empezar si fracasan y quieren volver a iniciar una actividad. Entre las medidas que ofrecen está, por ejemplo, la inclusión de los créditos públicos en los acuerdos extrajudiciales con posibilidad de exención de pago de los intereses y recargos por impago, mientras se respeta el principal de la deuda.