Los ayuntamientos tardan más de tres meses en pagar a los autónomos

Si se analiza la última década la cifra de bajas se eleva a 400.000. El 42% de los trabajadores por cuenta propia reconocen que han padecido morosidad tanto pública como privada y sitúan el periodo medio de pago de las facturas muy por encima de lo que marca la Ley de Morosidad (60 días).

Desde 2014 el ritmo de cierres por morosidad ha bajado sensiblemente, a unos 30.000 cada año. La mayor sangría de cierres por los impagos coincidió con los peores años de la crisis en España. Solo entre 2008 y 2013 tuvieron que echar el cerrojo 250.000 negocios.

El plan de pago a proveedores supuso en 2011 oxígeno para un colectivo que es el pulmón del empleo en España. Ese año regiones y municipios tenían ocultas en los cajones ocho millones de facturas pendientes de casi 200.000 empresas . Una deuda que alcanzó su mayor nivel en 2011, con más de 81.000 millones pendientes de pago a empresas (un 8,1% del PIB, según el Banco de España). Regiones y municipios eran los principales morosos.

Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, los proveedores cobraban de la Administración con una media de 162 días de retraso. Para atender las necesidades de las empresas, y ante las protestas de colectivos sin cobrar como las farmacias en Cataluña, el Ejecutivo puso en marcha el Plan de Pago a Proveedores, una inyección de liquidez que permitió saldar 41.800 millones en facturas pendientes , lo que benefició a 190.800 empresas. Además, puso en marcha los mecanismos de liquidez para autonomías y ayuntamientos, que movilizaron otros 130.000 millones a través de préstamos a bajo coste.

La morosidad no tiene que ver con el tamaño de la administración, ni de la población, es cuestión exclusivamente de los gestores, según refleja la estadística. Y aunque todas las administraciones han ido reduciendo sus periodos medios de pago con sus proveedores, el esfuerzo no ha sido igual en las regiones. Las autonomías son las que más esfuerzo han hecho y más han reducido los periodos de pago. Las locales, para las que más trabajan los autónomos y pequeñas empresas, siguen, por el contrario, incrementando año tras año su demora y morosidad con los autónomos.

Al acabar mayo y comparado con mayo de 2017 las administraciones locales registraban una demora en el pago de facturas pendientes de más de tres meses (95 días), frente a los 60 que fija la directiva europea sobre morosidad . Esta norma contempla las posibilidad de realizar la revisión de la factura hasta en los 30 días posteriores a su presentación y otros 30 para realizar el pago. De media los plazos medios de pago con los autónomos de las administraciones públicas han sido de 70 días en el primer semestre, tan solo un día menos en el mismo periodo de 2017.

Las administraciones autonómicas han sido las únicas que han visto reducidos en el último año sus periodos de pago, hasta 45 días, casi un 17% en el último año. La Administración Central también lo ha hecho en casi dos semanas, lo que le permite entrar en los plazos que establece la Ley de Morosidad (55 días).

La media de retraso en los pagos de la administración local son 95 días de media, pero hay municipios que registran unos datos mucho más altos. Es el caso de ayuntamientos como los de Jaén que sigue siendo el consistorio que más tarda en pagar de España, una media 589 días . Es decir, que un autónomo que realiza un trabajo para este ayuntamiento cobrará, de media, casi 20 meses después de presentar la factura. 15 meses de media esperan los proveedores en Telde, y casi un año en Parla (360 días). Los autónomos de Jerez de la Frontera esperan una media de 322 días y los de Algeciras 309 días. Aunque la administración regional de Andalucía es de las tres que antes pagan a sus proveedores, entre los 10 ayuntamientos que más tarde pagan hay siete andaluces.

También hay ayuntamientos que realizan una buena gestión de sus facturas y no solo cumplen la Ley sino que pagan en menos de tres semanas. Así, Vigo es la administración que antes paga a sus proveedores, 14 días de media, seguida del ayuntamiento de Cáceres (22 días), Badajoz, 23 días de media, Alicante 26 días de media y Avilés y Barcelona, ambas 27 días de media. El consistorio de Ciudad Real paga en 28 días de media a sus proveedores y los de Málaga, Salamanca y Torrent en 29 días.

El informe de ATA analiza también los tiempos de demora de las diputaciones provinciales (cabildos insulares en el caso de Canarias y consejos insulares en el de Islas Baleares) con los autónomos. A cierre de mayo, la diputación de Pontevedra, una vez más, destaca por su celeridad a la hora de pagar los trabajos realizados por los autónomos, una media de 17 días. La Coruña es la segunda que antes paga, 20 días de media. El mismo tiempo esperan los autónomos de Palencia. Por debajo de 30 días de media pagan las diputaciones de Vizcaya (27 días) y Ciudad Real (28 días).

En el otro lado de la moneda está Salamanca que tarda 66 días de media, el Cabildo insular de Gran Canaria (67 días de media), la diputación provincial de Valencia (77 días) y el Cabildo insular de Lanzarote con una media de 98 días. La diputación provincial que más tarda en cumplir con los autónomos es la de Cádiz que prácticamente duplica el tiempo que marca la Ley y hace esperar 114 días a sus proveedores.

Por comunidades es Cantabria la que más tarda de media en pagar, 73 días. La región de Murcia es la segunda con 66 días de media, y en tercer lugar Comunidad Valenciana (63 días de media). Destaca por pronto pago País Vasco (23), Andalucía (27 días) y Navarra (28 días). Un mes se demora Madrid.

Son autónomos sin trabajadores y pymes de hasta 50 empleados las que cumplen con la norma. Según va escalando el tamaño de empresa, va empeorando los periodos medios de pago. Así, las empresas de más de 1.000 trabajadores son las que más morosas (115 días de media).

«A veces se hace muy insoportable que la administración que es más cercana a ti sea la que más te castiga. Muchos autónomos se ven abocados a cerrar por no poder soportar los impagos de aquellos para los que realizan trabajos, adelantando recursos, materiales y esfuerzo», asegura Lorenzo Amor.

El Congreso de los Diputados debate una proposición de ley de Ciudadanos, auspiciada por asociaciones de autónomos, que establece como infracción grave exceder el plazo legal de pago en más de veinte días, y muy grave el que dicho plazo exceda en más de sesenta días.

Las primeras tienen establecido multas que oscilan entre los 2.046 euros hasta los 40.985 euros, en función del grado de gravedad, mientras que las multas para las infracciones muy graves pueden alcanzar, en su máximo, entre los 409.891 euros a 819.780 euros . La idea es que esta norma se apruebe en septiembre para que pueda entrar en vigor ya en 2019.