La Audiencia Nacional rechaza el recurso de López Madrid en el caso de las tarjetas opacas

En un auto conocido hoy, la sección 3º de la Sala de lo Penal ha rechazado el recurso presentado por el consejero de OHL y yerno del presidente de la compañía, Juan Miguel Villar Mir, basándose en la existencia de indicios suficientes de un delito de apropiación indebida y administración desleal.

Esta decisión se suma a la de otros trece recursos presentados por otros tantos investigados en la causa, que también han sido rechazados por el juez, entre los que se encontraban el exministro Virgilio Zapatero y el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.

Lopez Madrid, que entre 2010 y 2011 gastó con tarjetas de Caja Madrid 34.807 euros, que ya ha devuelto , alegaba en su recurso que no era consciente de ninguna «ilicitud» en su uso, y que las tarjetas «no eran opacas, puesto que la entidad financiera conocía de su existencia».

En todo momento, López Madrid ha defendido que las tarjetas eran parte de su remuneración y constituían gastos de representación, algo que el tribunal considera contradictorio; en este sentido, el auto conocido hoy señala que entre los gastos realizados «se incluyen partidas modo alguno pueden considerarse» como tales.

Asimismo, la Sala ha indicado que «el más elemental sentido común impone al titular de una tarjeta excluir su utilización para gastos personales».

El pasado 1 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó la apertura de juicio oral por el caso de las tarjetas opacas, al reconocer indicios suficientes de administración desleal por parte de los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y del ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, con el propósito de apropiarse de forma continuada e indebidamente del patrimonio de Caja Madrid y Bankia.

Anticorrupción ha solicitado s eis años de prisión para Blesa y cuatro años y medio para Rato, penas que Bankia reduce a cuatro y tres años, respectivamente.

En total son 66 los usuarios de las tarjetas a los que se acusa de un supuesto delito continuado de apropiación indebida, con penas diversas de entre uno y cuatro años de prisión , dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas