Rato y otros exdirectivos de Bankia recurren el fin de la instrucción de las «tarjetas black»

Además, Rato explica en su escrito que tal inciso es necesario para «ejercitar adecuadamente su derecho de defensa». A estas peticiones se ha sumado la considerada «mano derecha» de Rato y exsecretario de Estado de Comercio entre 1996 y 1998 José Manuel Fernández Norniella, quien también restituyó todas las cantidades gastadas.

Por su parte, el exsecretario de Estado de Hacienda entre 2001 y 2004 Estanislao Rodríguez Ponga, considera que la instrucción no puede darse por concluida al «faltar diligencias esenciales» tales como las facturas y extractos originales de Caja Madrid, y los balances de sumas y saldos de la entidad desde 2003 a 2010.

Por este motivo, pide al juez Andreu que continúe las investigaciones para resolver si la información sobre las tarjetas fue «obtenida ilícitamente por auditoría interna de Bankia» al no ser esta entidad la propietaria de dicha información sino Caja Madrid. También solicita una aclaración al considerar que su tarjeta, y el resto de las emitidas a los consejeros no ejecutivos, no supusieron un perjuicio ni para Bankia ni para su matriz, BFA.

Matías Amat Roca, miembro del consejo de administración, pide el archivo de todos los delitos de los que se le acusa ya que considera que «no ha desarrollado funciones como directivo de la entidad y no ha intervenido en ninguna de las decisiones» de entrega o expedición de las tarjetas «black». Del mismo modo, José Ricardo Martínez Castro, Carlos Vela García, Juan Astorqui Portera y Ricardo Morado Iglesias , también exdirectivos de la caja, han solicitado al juzgado de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional el sobreseimiento del caso, al considerar que «no tuvieron ninguna responsabilidad» sino que se limitaron a utilizar las tarjetas.

El pasado miércoles, el juez Andreu propuso juzgar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y a su sucesor Rodrigo Rato junto con otros 64 directivos que utilizaron las polémicas tarjetas opacas, una vez concluida la fase de instrucción. La investigación comenzó el 1 de octubre de 2014, cuando la Fiscalía Anticorrupción vio indicios de delito en el uso de tarjetas de crédito por parte de antiguos miembros de la cúpula de Caja Madrid y Bankia que las utilizaron para gastar 15,25 millones de euros en 13 años.