Anticorrupción pide más de 60 años de cárcel para Rato por delitos fiscales, blanqueo e insolvencia

Se trata del caso relativo a las presuntas comisiones que Rato, siendo presidente de Caja Madrid-Bankia habría cobrado entre enero de 2010 y mayo de 2012 por contratos de publicidad que la entidad suscribió con Publicis y Zenith relativos a la fusión y salida a bolsa del nuevo banco y por el que el exministro se sentará próximamente en el banquillo.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que «existen indicios racionales» del cobro «indebido» de 835.059,97 euros por esos contratos entre 2011 y 2012 a través de una sociedad interpuesta propiedad del también acusado Alberto Portuondo, a la sazón asesor en Bankia . Según expone, esa mercantil cobró comisiones a las empresas de publicidad contratadas por el banco «y una parte de las mismas» viajó a otra empresa controlada por Rodrigo Rato «amparada bajo un supuesto contrato de asesoría».

No obstante, las penas mayores no se solicitan por esas transacciones sino por los once presuntos delitos fiscales y otro de blanqueo que afloraron durante la investigación, seguida en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid , y correspondientes a los ejercicios de 2005 a 2015, ambos incluidos, con una cuota defraudada que supera los 8,5 millones de euros.

En ese lapso temporal se han identificado «incrementos patrimoniales no justificados por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda », según el escrito de acusación, que pide entre cuatro y seis años de prisión por cada uno de los delitos contra Hacienda y seis por el de blanqueo.

«Rodrigo Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de diversas sociedades. Utilizando tales entidades, habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco , entre otros lugares, en una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido hechos imponibles desde el año 2005 hasta el año 2015», destaca.

En concreto, Anticorrupción ha identificado «incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 €, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda ».

Conforme relata, en esas operativas habrían tenido un papel relevante el excuñado de Rato, Santiago Alarcó y el asesor fiscal Domingo Plazas, que se sentarán con él en el banquillo. Al primero se le atribuye el manejo de sus cuentas en el extranjero y la gestión de sus estructuras societarias y el segundo, la administración de una de esas sociedades en España y repatriando "parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus" tituladas por un trust en Gibraltar .

Anticorrupción ha llegado a estas conclusiones a partir de la documentación intervenida en distintas entradas y registros, que ha mostrado además que «Rato ha titulado también cuentas en Estados Unidos y Suiza desconocidas para el Fisco español , que ha operado a través de cuentas en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y que se ha servido, presuntamente, de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de trust y sociedades opacas».

«Todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, objeto de mecánicas de blanqueo por el acusado», describe Anticorrupción , que ha aislado hasta «ocho mecanismos» incluyendo el denominado «crédito lombardo», que le habría permitido «obtener líneas de financiación muy flexibles con la garantía de su abultada cartera de valores».

Constan asimismo las propias inversiones del exministro en una sociedad alemana para un complejo hotelero, «las millonarias ampliaciones de capital» de su mercantil británica Vivaway y su filial Kradonara «e incluso las propias declaraciones efectuadas a Hacienda bajo los modelos 750 (Declaración Tributaria Especial) y 720 (Declaraciones de bienes y derechos en el extranjero), utilizadas a los fines de limpiar el origen ilícito de los bienes, que el acusado ha tratado de reintegrar a la actividad mercantil lícita».

En este sentido, recuerda que el acusado se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal y declaró la sociedad Red Rose Finantial «omitiendo cualquier referencia a otras sociedades que él mismo tenía, declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros y pagando a la Hacienda española 11.533,35 euros».

«Lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente...utilizó en realidad la DTE como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacia años por su patrimonio exterior», dicen los fiscales.