El Gobierno aclara a los agentes de la propiedad que no hará expropiaciones

Este martes, el consejo general de los colegios oficiales de agentes de la propiedad (APIS) había lanzado un comunicado en el que aseguraba que la norma «sí abre la puerta a afectar viviendas de titularidad privada y eso sólo puede hacerse a través de procesos expropiatorios».

El Gobierno, sin embargo, ha vuelto a desmentir este supuesto a los agentes de la propiedad, que han tenido que emitir un comunicado rectifanco su postura. «El Ministerio ha querido tranquilizar y trasladar que la intencionalidad del precepto no pretende una ocupación inconsentida de propiedades privadas por parte de la Administración del Estado, y abrir procesos expropiatorios con ese objetivo»

En definitiva, la aclaración efectuada por el Director General de Vivienda y Suelo de Ministerio, cierra la puerta a las expropiaciones que la confusa redacción del apartado 3 del artículo 4 de la mencionada orden parecía dejar entrever.

El párrafo que ha despertado toda esta polémica es el siguiente:

«Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes».

El propio ministro de Transportes, José Luis Ábalos , había asegurado que no se habilitan las expropiaciones , sino que el Estado pagará el alquiler de un inquilino vulnerable a determinados propietarios. Además de la organización de agentes de la propiedad, otros partidos políticos como el PP o Vox han denunciado que con esta norma se está atentando contra la propiedad privada.