La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente de Agbar, Ángel Simón
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente de Agbar, Ángel Simón - ABC

Agbar regresa a Barcelona como «gesto» en plena batalla con Colau

Caixabank, Sabadell, Catalana Occidente y otras compañías ratifican su decisión de mover su sede

BARCELONA - MADRIDActualizado:

Una empresa cuyos principales clientes, casi los únicos, son las administraciones necesariamente tiene que estar a buenas con ellas, y si esta empresa concentra buena parte de su negocio en Cataluña, la relación con la Generalitat es clave. Fuentes empresariales hacen esta interpretación, en clave de «gesto político», para explicar el anuncio por parte del grupo Agbar de que retorna su sede social a Barcelona, ciudad que había abandonado durante las negras jornadas de octubre 2017 siguiendo la estala de Caixabank, Banco Sabadell, Naturgy y tantos otros grupos.

Apelando a una recuperación de la «estabilidad económica» que no casa con los tiempos de zozobra política en los que sigue instalado Cataluña —Agbar se limitó a hablar de estabilidad económica en su comunicado—, el grupo propiedad de la multinacional francesa Suez -a su vez participada por Caixabank, y que reconoció unas pérdidas de unos 15 millones de euros atribuibles al «procés» y al cambio de sede-, anunciaba el pasado martes su vuelta a Barcelona. Lo hacía prácticamente coincidiendo con la conferencia del presidente Quim Torra confirmando más y más «procés».

El «gesto político» de la compañía presidida por Ángel Simón se produce en un momento no precisamente fácil para la compañía, en lo que se lee como un intento del grupo por mejorar relaciones con la administración autonómica tras unos años de agrio enfrentamiento. Sobre la mesa, dos asuntos de trascendencia, claves para el futuro del grupo. Por un lado, la recuperación por parte de la Generalitat de la titularidad de Aguas del Ter-Llobregat (ATLL), cuya privatización anuló el Tribunal Supremo después de que Abgar denunciase una concesión que se adjudicó Acciona en 2012; y por otro, la esperada sentencia, también del Supremo, que determinará la legalidad de cesión a la sociedad mixta (Agbar 70%, Criteria 15% y Área Metropolitana de Barcelona 15%) que se constituyó para suministrar agua a la capital catalana y su entorno metropolitano. Recuperar la gestión pública del agua y revertir esa cesión es una de las obsesiones de la alcaldesa Ada Colau. La guerra, pública y subterránea, entre la alcaldesa y la compañía de aguas por conservar su principal fuente de ingresos es descarnada.

Concesiones

Cómo concluye ese litigio y, a la vez, cómo se procede a recuperar la titularidad pública de ATLL, afectará de pleno a Agbar y su cuenta de resultados. El pasado junio, la Generalitat anunciaba a Acciona la anulación del contrato así como la creación de una nueva «entidad de derecho público» para prestar ese servicio a partir de enero del próximo año. Aunque la promesa es de que ATLL volverá a ser 100% pública, la posibilidad que a medio plazo dicha sociedad puede acabar concesionando parte de sus servicios no es descartable, apuntan fuentes del sector. Y Agbar estará allí, apuntan las mismas fuentes. Tras unos años en los que el litigio con la ATLL agrió la relación con la Generalitat, la histórica compañía regresa. El «gesto» se produce después de la serie de entrevistas que ha mantenido la consejera de Industria catalana, Àngels Chacón, con esta y otras compañías fugadas. Fuentes de Agbar descartaron a este diario cualquier lectura política de lo que califican como una decisión estrictamente empresarial.

Más de 4.400 empresas trasladaron su sede fuera de Cataluña desde el referendo ilegal de octubre de 2017. Fuentes empresariales señalan a ABC que actualmente no hay un clima general a favor de ese retorno.

La decisión de no volver, al menos a corto plazo, parece más firme en el caso de los grupos financieros. Esto es así por la sensibilidad de los ahorradores y la importancia de la confianza para la estabilidad del sistema. Basta recordar la fuga masiva de ahorros que motivó el referendo y que forzó la salida de Sabadell y Caixabank.

El consejero delegado del Sabadell, Jaime Guardiola, fue tajante ayer al señalar que una decisión así se toma «a largo plazo». «A futuro nadie sabe lo que pasará, pero hoy la situación es la que es», dijo a los periodistas.

«Fue una decisión puramente profesional, sin ninguna influencia política», explicó ayer el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, argumentando que con esa mudanza se buscó proteger la estabilidad del banco y la confianza de los depositantes. «En iguals circunstancias, si tuviéramos que volver a adoptar esta decisión, lo volveríamos a hacer», añadió, recordando que una empresa financiera no es lo mismo que una industria, en clara referencia a es distinción entre los bancos y Agbar.

«No es un tema que esté sobre la mesa», señalan a este periódico desde la aseguradora Catalana Occidente.