Abertis esperará dos años más para saber si cobra los 2.000 millones que reclama a Fomento

El Supremo resolverá el caso cuando venza la concesión

MadridActualizado:

Abertis tendrá que esperar dos años más, hasta agosto de 2021, para saber si finalmente tiene derecho a cobrar los 2.000 millones de euros que reclama desde hace años al Ministerio de Fomento por los descensos de tráfico registrados en un tramo de la autopista AP-7 a su paso por Cataluña.

El Tribunal Supremo, instancia a la que había desembocado el contencioso, ha fallado que no se pronunciará sobre el fondo de esta reclamación hasta que no concluya el contrato de concesión de esta autopista, que vence en agosto de 2021.

Abertis, actualmente controlada por ACS y la italiana Atlantia, descartó que esta decisión del Alto Tribunal tenga "impacto alguno en sus cuentas".

El Supremo difiere así la resolución sobre el grueso de los 3.000 millones de euros que el grupo de concesiones reclama a Fomento como consecuencia de un acuerdo que alcanzó en 2006 con el entonces Gobierno para hacer mejorar y bajar peajes en el trazado de la AP-7 que gestiona a través de Acesa. Se trata de los tramos Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol y Zaragoza-Mediterráneo.

De la reclamación total de Abertis, 890 millones corresponden a la compensación por las obras de mejora y ampliación que realizó en la autopista. Este importe no está cuestionado y, según lo establecido, el grupo lo cobrará al término de la concesión en 2021.

El importe en liza es el de los 2.061 millones restantes, los que grupo asegura que tiene derecho a cobrar como compensación por el descenso del tráfico registrado en la vía en virtud de dicho acuerdo ante el que posteriores gobiernos han manifestado dudas. Abertis cuenta con una sentencia a favor de que cobre esta cantidad emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a comienzos de 2017.

El Ministerio Fomento, entonces dirigido por Íñigo de la Serna, recurrió esta sentencia al Supremo, instancia que ahora, dos años después, se pronuncia posponiendo la resolución otros dos años más.

El contencioso entre el grupo de autopistas y Fomento tiene su origen en el acuerdo que en 2006 el grupo firmó con el Ministerio entonces dirigido por Magdalena Alvarez y aprobado por Real Decreto en Consejo de Ministros.

En virtud de este pacto, la empresa se comprometió a realizar obras de ampliación y mejora en estos tramos de la AP-7 y a aplicar descuentos en sus peajes mientras que, de su lado, el Estado se avenía a asumir el riesgo de tráfico de la autopista en caso de que el número de usuarios no alcanzara ciertos niveles.

No obstante, en 2011, tras el cambio de color del Gobierno, Fomento comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo en cuanto a las compensaciones por tráfico. A partir de entonces se abrió un infructuoso intercambio de consideraciones e informes entre Abertis y el Gobierno, y el contencioso finalmente derivó en los tribunales.

El cálculo de la RPA

En la sentencia que emite ahora el Supremo, el Alto Tribunal argumenta que no debe pronunciarse sobre el fondo de la interpretación de este convenio de 2006 hasta que en agosto de 2021 finalice el contrato de concesión que Abertis tiene sobre la autopista y se proceda a practicar la liquidación definitiva del saldo de compensación.

Abertis y Fomento afrontan así dos años más para la consecución del multimillonario contencioso mientras a finales de este año 2019 la compañía y el Ministerio tendrán que gestionar la conclusión del contrato de concesión de otro tramo de la AP-7, el que discurre entre Tarragona, Valencia y Alicante.

De su lado, el Ministerio gana tiempo para saber si finalmente tendrá que afrontar esta compensación mientras actualmente trabaja en calcular la 'factura' que deberá pagar el Estado por las nueve autopistas que quebraron durante la crisis y 'rescatadas' por Fomento el pasado año.

El Ejecutivo estima este importe en 2.000 millones y asegura que, por los contratos de concesión, no podrá superar los 3.300 millones, mientras que las exconcesionarias de las vías, entre ellas Abertis, y los fondos que se quedaron con su deuda lo elevan a hasta 5.000 millones.