El 75% del capital de Naturgy no acudirá a la opa de IFM

Tampoco lo hará con los 8,6 millones de acciones propias que tiene la compañía. Como Criteria Caixa (26%), GIP (20,6%) y Rioja (20,7%) ya han anticipado que no acudirán a la opa, si se suma el 4,1% que tiene la argelina Sonatrach y la autocartera, se puede prever que aproximadamente el 75% del capital de la empresa no acudirá a la opa, que tiene un plazo de aceptación hasta el 8 de octubre. IFM condicionó el éxito de la oferta a la obtención de al menos un 17% de las acciones.

Los consejeros que tienen acciones de la compañía son Francisco Reynés (presidente ejecutivo), Ramón Adell (coordinador), Enrique Alcántara (Criteria Caixa), Francisco Belil (independiente), Isabel Estapé (Criteria Caixa), Javier de Jaime (Rioja) y Pedro Sainz de Baranda (independiente).

El consejo de Naturgy se ha reunido en dos sesiones -ayer y hoy- y ha enviado esta tarde a la CNMV un comunicado de 25 páginas en el que explica su postura ante la opa que presentó IFM en enero pasado. El consejo ha contado con Freshfields como asesor legal y Citi como asesor financiero.

Freshfields ha prestado asesoramiento especialmente en materia de gobierno corporativo y sobre el proceso de oferta. Citi ha asesorado relación con el plan estratégico de la compañía durante los últimos meses. En el ámbito de la oferta, Citi ha realizado principalmente tareas de valoración de la compañía y de evaluación de alternativas a la opa.

En la nota se subraya que «también se deben valorar las demás observaciones de carácter cualitativo contenidas en este informe, y especialmente las relativas al posible impacto de la oferta en el gobierno corporativo de la compañía. En cualquier caso, corresponde a los accionistas decidir si aceptan o no la oferta, en función de sus particulares intereses, tolerancia al riesgo y horizonte temporal de inversión».

El consejo también destaca que, por la particularidad de esta oferta, «existen importantes aspectos no financieros que deben ser tenidos en cuenta por los accionistas en su decisión, incluidas las condiciones contenidas en la autorización del Gobierno español. En particular, es relevante recordar el posicionamiento público de los tres principales accionistas de la compañía que representan más del 67% del capital».

El consejo «advierte de los posibles impactos derivados de las decisiones regulatorias adoptadas o anunciadas tras el Consejo de Ministros del 14 de septiembre». Por otra parte, el real decreto-ley 17/2021, que contiene parte de las medidas, «está sujeto a una tramitación normativa que pudiera afectar a su alcance, algunas medidas requieren de un desarrollo posterior, y su validez podría revisarse por los tribunales».

El consejo informa que la compañía está analizando los efectos y potenciales impactos económicos, contables y de otra índole de dichas medidas, «aunque en este momento es impracticable dimensionarlos por las incertidumbres mencionadas y la dificultad de modelar todavía el impacto sobre el negocio». Todo ello podría afectar al cumplimiento efectivo del Plan Estratégico 2021-25 aprobado por unanimidad por el consejo del pasado 27 de julio que, con carácter general, está sujeto, como todo plan, a que se materialicen las hipótesis de escenario y regulatorias y sus proyecciones, así como que se ejecuten las medidas diseñadas en la forma y plazos previstos.

Y recuerda que el consejo de administración «hace constar que esta oferta no es solicitada , no ha sido negociada con la compañía y el oferente no aspira a adquirir la totalidad del capital de la compañía, sino una parte significativa del capital flotante».