Los acuerdos fiscales de países de la UE con multinacionales dejarán de ser secretos

Simbólicamente, el acuerdo alcanzado ayer entre los ministros de Economía y Finanzas tuvo lugar también en Luxemburgo. Los Veintiocho aprobaron la propuesta lanzada por la Comisión el pasado mes de marzo que prevé un intercambio automático y obligatorio de información, para que los demás países sepan qué tipo de acuerdo tienen esas empresas y puedan reclamarles que pagen por la actividad que llevan a cabo en su territorio.

El ministro de Finanzas de Luxemburgo y presidente de turno del Consejo de ministros, Pierre Gramegna , considera que lo aprobado va incluso más allá de las aspiraciones de la Comisión y prevé que todos los acuerdos fiscales («tax ruling» en inglés) que los gobiernos han aceptado entre 2012 y 2017 tendrán que ser comunicados para conocimiento de los demás Estados miembro. También deben informar sobre aquellos que desde 2014 hayan dejado de ser válidos.

Antes de fin de año se espera que se perfilen los últimos detalles de la tramitación del acuerdo al que han llegado los países y que debe ser ratificado por el Parlamento . Deberá entrar en vigor en enero de 2017.

El escándalo «lux-leaks» desveló este tipo de prácticas en Luxemburgo, pero también sacó a la luz el hecho de que el Gran Ducado no era el único país europeo que había llegado a acuerdos con multinacionales. Estas se benefician de un tratamientos fiscal favorable en un país en el que no tienen una actividad comercial muy grande y utilizan este pretexto para dejar de pagar impuestos en los demás países donde llevan a cabo el grueso de sus operaciones.

La Comisión ha mostrado su satisfacción por este acuerdo y el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici , ha señalado que se trata de una «señal» que muestra que los Estados miembros están «preparados alcanzar el objetivo común de una imposición justa y efectiva».

Juncker ha defendido siempre que el hecho de que llegase a estos acuerdos, que son legales según las leyes nacionales, tenía como objetivo «diversificar la economía luxemburguesa después de la crisis de la siderurgia». Pero gracias a esas prácticas, multinaciones como Ikea o Starbuks pagaban una cantidad fija de impuestos en Luxemburgo y transferían allí a través de ingeniería fical todos sus beneficios en los demás países europeos, en los que ahora no pagan impuestos. Este acuerdo es el primer paso para establecer un sistema en el que las empresas coticen allí donde obtienen beneficios.