El Gobierno dice que el registro a Rato prueba que la lucha contra el fraude es «implacable»

Así se han pronunciado en los pasillos del Congreso tanto el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, al ser preguntados por la decisión de agentes de la Agencia Tributaria de registrar la casa en Madrid de Rato, al que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) investiga por un posible delito de blanqueo tras acogerse a una amnistía fiscal.

El titular de Justicia ha subrayado que este episodio "constata el funcionamiento del sistema de Derecho y la garantía de la ley es igual para todos". Eso sí, ha dicho no tener datos del registro domiciliario y ha evitado comentar si esta acción judicial puede suponer que el caso del exvicepresidente del Gobierno puede ser más grave de lo que se pensaba. "No creo que sea inteligente especular", se ha limitado a señalar.

Por su parte, Ayllón ha recordado que desde el inicio de la legislatura el Ejecutivo ha tratado de dotar de "mayores medios" a la Administración y de "mejores leyes" a los servidores públicos para que puedan perseguir cualquier tipo de fraude. "Este Gobierno y la Administración General del Estado es implacable en la lucha contra el fraude y también es imparcial en cuanto a las actuaciones que se tienen que desarrollar", ha remarcado.

Dicho esto, ha resaltado que, ante este tipo de situaciones, el Gobierno quiere "dar tranquilidad" a los ciudadanos porque "trabaja por el interés general independientemente de la situación personal, del color político y de los nombres y apellidos de las personas" sobre las que se está investigando.

De hecho, ha resaltado que, con el objetivo de dar "mayor tranquilidad" a los ciudadanos y "más transparencia" sobre las actuaciones, este mismo jueves registrarán la comparecencia a petición propia del director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, que se producirá el próximo martes para informar sobre la investigación abierta contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

Tras señalar que esta solicitud demuestra la "diligencia" con la que ha actuado el Gobierno, ha explicado que el director de la AEAT no podrá "incumplir la norma en cuanto a confidencialidad" pero podrá "dar explicaciones" sobre los trabajos de lucha contra el fraude que se han puesto en marcha.

Al ser preguntado cómo esta viviendo el Gobierno la situación de Rato, que durante ocho años dirigió la política económica del Gobierno de José María Aznar, Ayllón ha insistido en que el Ejecutivo es "implacable" e "imparcial" en la lucha contra el fraude y que, por lo tanto, "la cuestión no es quién, sino qué". Según ha abundado, se actúa ante "cualquier ilícito" o "indicio de incumplimiento de la norma" y eso es lo que tiene que "tranquilizar" a los ciudadanos.

En cuanto a si el registro de la casa de Rato supone que el caso es más grave de lo que se suponía, ha pedido "no interpretar las decisiones judiciales" y ha agregado que el Gobierno lo que puede hacer es dar más medios, hacer mejores leyes y ofrecer explicaciones en lo relativo a la actuación "administrativa" de la Agencia Tributaria en este caso

"Son los tres pilares de la tranquilidad de los ciudadanos y de la transparencia de la Administración. Así actuamos y así vamos a seguir haciéndolo", ha afirmado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A Rodrigo Rato no le consta que le estén investigando por blanqueo de capitales y niega haber tenido alguna sociedad Gibraltar o las Islas Vírgenes, dos territorios opacos fiscalmente.

El nombre del que fuera director gerente del FMI figura en la lista de 705 personas que se acogieron a la amnistía y están siendo investigados por el SEPLAC. En la lucha contra el blanqueo se conocen como PEP, personas expuestas políticamente. Para ellas las medidas de prevención son mayores. Por eso en esa lista figuran también, según Voz Populi, funcionarios, jueces y embajadores... además de los casos ya conocidos también relacionados con el PP como Luis Bárcenas, Francisco Granados o el jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa.