Las autonomías avisan a Montoro de que no pueden financiar la sanidad o la educación

El informe, que se conoce después de que el Ministerio de Hacienda haya anunciado que pospone la revisión del sistema, incluye la petición de varias autonomías de que se reforme cuanto antes, pues consideran que el nuevo modelo debería aplicarse este mismo año.

La mayor parte de las autonomías concluye que el sistema no garantiza el principio de suficiencia y apenas permite financiar los gastos en Sanidad y Educación. De hecho, algunas autonomías vinculan esta «infrafinanciación» con el incremento de la deuda y de los gastos financieros.

También se quejan del reparto de los ingresos entre el Estado y las comunidades, pues consideran que salen perdiendo, de modo que piden un aumento de su espacio fiscal, un incremento de la cesta de impuestos autonómicos o un aumento de las transferencias de recursos a las autonomías.

Una de las autonomías que pide más espacio fiscal es Cataluña, que reclama acceso a todas las bases tributarias en las mismas condiciones y con el mismo alcance que el Gobierno central.

De acuerdo con sus datos, el gasto en Sanidad y Educación ha vuelto desde 2009 a niveles de 2002 y el actual modelo ha incrementado la disparidad entre las autonomías, puesto que ha beneficiado a las que ya estaban por encima de la media en su primer año de aplicación.

Asimismo, Cataluña -como otras comunidades, entre ellas Andalucía o Baleares- critica que el Ejecutivo no haya guardado la «lealtad institucional» al no medir el impacto que decisiones estatales han tenido en las autonomías al aumentar sus gastos o disminuir sus ingresos.

Otras autonomías, como Madrid, Extremadura, Asturias, Castilla y León o Castilla-La Mancha, ponen el acento en la aportación que, a su juicio, deben hacer País Vasco y Navarra al sistema de financiación para paliar la actual desigualdad.

La Comunidad Valenciana sostiene que es la más perjudicada por el sistema, y argumenta que, pese a haber padecido la mayor caída del PIB, recibe menos fondos que otras comunidades, por lo que ha tenido que hacer ajustes adicionales.

El Gobierno de Alberto Fabra considera «vital» corregir esta «discriminación» que pone en peligro la "viabilidad financiera" de la Comunidad, que destina 10.000 millones de euros a Educación, Sanidad y Servicios Sociales y sólo recibe 8.200 millones del sistema, según h an indicado fuentes del Ejecutivo valenciano .

Andalucía también incide en la insuficiencia del modelo y plantea que no se garantiza la equidad, pues el reparto de fondos adicionales alejó aún más de la media a algunas comunidades autónomas que ya disponían de una mejor financiación por habitante y perjudicó a otras que estaban por debajo de la media.

También critica las "profundas desigualdades de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal" que, según aduce, favorecen a las comunidades con mayor PIB por habitante.

Otra de las regiones más críticas con el modelo es Madrid, que quiere que se reforme cuanto antes y que plantea en su estudio que es la única que cuenta en 2014 con una financiación inferior a la de 2009.

Castilla-La Mancha, además de subrayar que el actual modelo no sirve para financiar el gasto en servicios sociales, plantea que hay autonomías, como es su caso, que tienen un "déficit histórico" de financiación por resolver.

Por su parte, Baleares sostiene que el sistema de financiación presenta "notables limitaciones al cumplimiento del principio de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal".

Castilla y León recalca que los recursos del sistema no han cubierto, siquiera, los gastos en Sanidad, Educación y Servicios Sociales y además las comunidades de régimen común no pueden corregir esa insuficiencia con su capacidad fiscal.

Ésta es una de las comunidades que se queja de que no existe una adecuada ponderación en "la población ajustada" de los factores de extensión territorial, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población y que deberían tener más importancia.

Sin embargo, otras autonomías subrayan que el cálculo debe hacerse en función de la población real.

Con algunas excepciones, la mayor parte de las autonomías reconocen que el actual sistema ha contribuido al principio de equidad y de la nivelación horizontal en la financiación.

El informe se ha conocido la misma semana en que Andalucía, Canarias y Asturias han pedido una Conferencia de Presidentes para analizar la revisión del sistema, propuesta que no ha tenido buena acogida en la mayor parte de las comunidades del PP.